Con 24 horas de diferencia, Argentina tuvo dos índices de inflación para el 2012: 25,6%, si atendemos a lo que estimaron una serie de consultoras privadas, dato que difunde un grupo de diputados opositores del Congreso; 10,8%, según la cifra oficial, publicada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). La diferencia es abismal y, lamentablemente para los argentinos, la realidad está mucho más cerca de la primera que de la segunda. Cualquiera que vaya al mercado y lea los periódicos lo sabe, pero además está la incontestable realidad de los convenios colectivos. El año pasado la media de los aumentos negociados fue del 25%. Si la estadística oficial fuera la verdadera, los trabajadores argentinos le estarían ganando más de 15 puntos a la inflación, un ejemplo único y que colocaría al país como el paraíso que, por desgracia, no es.
Hace ahora seis años que el gobierno decidió intervenir el INDEC. Cambió a los principales responsables de medir la inflación, modificó los métodos de cálculo y convirtió el organismo en una dependencia política a las órdenes de Guillermo Moreno, el poderoso secretario de Comercio. Para tratar de imponer su realidad, se sancionó con multas millonarias a varias consultoras privadas, que siempre habían hecho sus cálculos –y que no variaban sustancialmente con las oficiales hasta la intervención de Moreno en el INDEC-, y hasta se castigó a dos organizaciones de consumidores.
Las estadísticas argentinas ya no son fiables para los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará a finales de enero el caso. El pasado mes de septiembre, Christine Lagarde, la directora gerente de la entidad, advirtió que el gobierno de Buenos Aires podría recibir una “tarjeta roja” y una sanción por la (mala) calidad de sus datos.
La revista británica The Economist anunció hace casi un año que dejaría de usar los datos oficiales del gobierno argentino, para “no ser parte de un engaño a los votantes y una estafa a los inversores”. Los sindicatos oficialistas, aliados del gobierno, tampoco creen en las estadísticas y anunciaron que en las nuevas negociaciones salariales partirán de un piso del 25%.
No solo está en cuestión el índice inflacionario. También datos tan importantes como el Producto Bruto Interno o las estadísticas sobre pobreza y miseria. Valga como ejemplo la estimación del mismo INDEC de que, con 6 pesos al día, aproximadamente un euro, una persona podía hacer frente a las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. Este dato insostenible sirve al gobierno para afirmar que en Argentina prácticamente no hay indigentes y para rebajar sensiblemente la cifra de pobres.
Argentina sigue formando parte del club de países con mayor inflación del mundo, que también integran, entre otros, Congo, Bielorrusia, Etiopía y Sudán. El comportamiento inflacionario de Argentina contrasta con lo que pasa en los restantes países de la región, donde todos bajaron sus índices en el 2012. Argentina, además, sobrepasó ya a Venezuela, que acabó el año con un 20,1%. Y está a una distancia sideral de países como Chile (1,1%), México (3,56%); Brasil (5,8%), Uruguay (8,6%), Colombia (2%), Perú (3%), Bolivia (4,5%) o Ecuador (4,2%).
Para este 2013 las perspectivas son de una inflación igual o superior. Se trata de un año electoral, vital para el gobierno, ya que se renuevan parcialmente las dos cámaras del parlamento. Por tanto aumentará el gasto público, que seguirá sostenido en gran parte por la emisión monetaria. El economista Luciano Cohan, de la consultora Elysis, señaló al diario La Nación que en el 2012 se superaron todos los récords de emisión y que el gobierno hizo “un uso generoso de las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central”. Una reforma que, entre otras cosas, le permite al gobierno tener mayor acceso a las reservas para financiar sus políticas. El gobierno ha venido ignorando el problema del aumento del costo de vida, con el argumento de que su política no tiene metas de inflación, sino de crecimiento.
Pero, hace menos de una semana, la presidente, Cristina Fernández, mencionó en un discurso cinco veces la palabra inflación. Aunque básicamente lo hizo para reprochar que distintos intendentes (alcaldes), especialmente opositores, apliquen tarifazos en algunos servicios, como el anunciado en el metro de Buenos Aires: “cada uno puede seguir la política que mejor le parezca, pero después que no hablen de inflación, porque la inflación no se compone únicamente con la leche, el pan y la carne. Es más, hay servicios que son imprescindibles”.
El crecimiento, básicamente, está siendo sostenido por el consumo. Con una inflación del 25%, tasas de interés en los bancos del 17% y la imposibilidad de comprar dólares, el argentino es empujado a gastar: nada más recibir su sueldo, el trabajador empieza a perder dinero. Al mismo tiempo, el valor del dólar paralelo aumentó un 70% desde que se dictaron las primeras medidas restringiendo el acceso a la divisa norteamericana –el famoso cepo al dólar-, el 29 de octubre de 2011. En ese mismo período, la cotización oficial solo aumentó un 15%.
La cotización del dólar paralelo es tan relevante que acaba de lanzarse una aplicación para iPhone que permite tener la misma en tiempo real. En realidad, la aplicación es para las tres principales cotizaciones del dólar, la oficial del Banco Nación, el blue o paralelo y el dólar tarjeta. Hay una página web que ofrece el mismo servicio, añadiendo dónde están los llamados arbolitos –cambistas callejeros, ilegales-, en las calles del microcentro porteño, Florida, Lavalle y Corrientes. Una nota del diario El Cronista recuerda algunas de las cotizaciones: el oficial, 4.95 $; el mayorista, 4,94%; el celeste, utilizado en las operaciones inmobiliarias, 6,10 $; el dólar tarjeta, 5,84%; y el arbolito, 7,45 $.
