Con acusaciones cruzadas y sin una explicación clara, Argentina vive desde este pasado jueves por la mañana una ola de saqueos a supermercados en distintos puntos del país, con al menos dos muertos en Rosario, un policía en coma en la provincia de Buenos Aires, unos 500 detenidos y cientos de personas lanzadas al pillaje. Tras los primeros ataques, en la ciudad sureña de Bariloche, se reprodujeron hechos similares en ciudades tan distantes como Resistencia, capital de la provincia del Chaco, Rosario, la tercera ciudad del país, en la provincia de Santa Fe y Campana y Zárate, provincia de Buenos Aires.
Este viernes ya hubo saqueos en el conurbano bonaerense, fundamentalmente en San Fernando, y en Flores, uno de los barrios de la capital. En este último caso, los locales afectados fueron tiendas de ropa al por mayor, muchas de ellas propiedad de ciudadanos coreanos. En el camino, también recibieron lo suyo pequeños supermercados chinos.
El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó de la detención de 378 personas. Se suspendieron los días libres de todos los efectivos de la policía y la totalidad de los fiscales estará de guardia durante el fin de semana. También informó que se habían hecho convocatorias para saqueos a través de las redes sociales y que en algunos casos se cambió de objetivos, de grandes a pequeños supermercados, para eludir a las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Cristina Fernández –que no suspendió su viaje a Calafate, para pasar las fiestas-, ve una mano negra en los sucesos y acusó a los sindicatos rebeldes de ser los responsables de estos hechos. El jefe de Gabinete, Juan Manual Abal Medina, dijo que estos hechos intentan “frenar la paz social, el gran momento que vive la Argentina”. Y señaló a los gremios de camioneros, gastronómicos y ATE (trabajadores del Estado), que estarían “intentando generar caos, zozobra”. Para afianzar sus acusaciones, Abal Medina mencionó a Héctor El Paraguayo González, del gremio de Camioneros, como uno de los que dirigió los saqueos en Campana, provincia de Buenos Aires.
El programa 6, 7, 8, del canal oficial, uno de los principales aparatos de propaganda del gobierno, mantuvo una hora un cartel en pantalla que decía, Moyano, Barrionuevo y Micheli detrás de los robos organizados, mientras cuatro de sus habituales tertulianos alimentaban esta hipótesis.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, afirmó que “hay un sector de la Argentina que quiere teñir de sangre las fiestas”, apuntando sus dardos en el mismo sentido. Para evitar comparaciones con los gravísimos sucesos de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando De la Rúa en medio de una conmoción social, dijo que “esta Argentina no es la misma” de entonces.
Ciertamente Argentina salió del infierno en el que se hundió con aquella crisis, pero estos sucesos ponen de relieve, también, la existencia de amplios sectores de miseria y marginalidad. El Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina, indicaba hace un año que el índice de pobreza era del 21,9 % de la población, y el de indigencia el 5,4 %. También estimó que hay 560.000 hogares, es decir, unos dos millones de personas, que con frecuencia pasan hambre. Pero el dato más preocupante es el que indica que la pobreza estructural está más enraizada que en la década del ´90.
El dirigente de la CGT disidente y líder de los camioneros, Hugo Moyano, rechazó las acusaciones del gobierno y desafió: “si tienen pruebas y agallas, que nos detengan”, añadiendo que denunciarán ante la Justicia a los miembros del gobierno que lanzaron las versiones contra el sindicalismo opositor. “Acusan y descalifican permanentemente a los trabajadores. Además, los medios de comunicación oficialistas alertan y meten miedo a la sociedad y después acusan a los hombres que representan a los trabajadores”. También afirmó que “el gobierno no tiene respuestas para nada, entonces intenta victimizarse”. Para Moyanbo, las condiciones para que esto ocurra las creó el oficialismo.
Pablo Micheli, de la CTA disidente, que también fue acusado por el gobierno, apoyó lo dicho por Moyano y añadió por su parte: “nosotros no le vamos a saquear supermercados, le vamos a parar el país, como ya hicimos”, en referencia al paro del pasado 20 de noviembre. Y también lanzó sus dardos contra el secretario de Seguridad: “no jugamos como juega el carapintada Berni (secretario de Seguridad) a las escondidas”.
Con estos sucesos, Argentina cierra un año convulso. Consumido en la guerra con Clarín, el gobierno vivió la ruptura con quien había sido un aliado fundamental en los cinco años anteriores, el dirigente sindical Hugo Moyano. Vivió las primeras protestas en forma de cacerolazos. Comenzó el ajuste fino en la economía. Fue también el año de la estatización de YPF, de la consolidación del cepo al dólar, del escándalo que salpica por sospechas de corrupción al vicepresidente, Amado Boudou y de la ofensiva de los fondos buitre. También del grave accidente ferroviario en la estación porteña de Once, que puso al desnudo la gravísima situación de toda la infraestructura de transporte. Y el año se cierra con serios enfrentamientos con la Justicia, que han planteado una crisis institucional.
