jueves. 28.03.2024

La que fuera ministra de Economía de Néstor Kirchner entre 2005 y 2007, Felisa Miceli, ha sido condenada a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargo público, en el caso que se conoció como la bolsa de Miceli. Era el 5 de junio de 2007, cuando un equipo de la Brigada de Explosivos, que hacía una inspección de rutina, encontró en el baño de su despacho oficial una bolsa con 100.000 pesos (32.500 dólares al cambio de ese momento) y otros 31.670 dólares. Los pesos estaban con un precinto del Banco Central, pero procedían de una entidad que está siendo investigada por lavado de dinero. Las explicaciones confusas y contradictorias dadas por la entonces ministra, desató un escándalo que terminó en su dimisión, poco más de un mes después.

En el juicio, Miceli dijo que el dinero era un préstamo de su hermano –fallecido- y de una amiga, destinado a la compra de una casa. En todo momento mantuvo que se trató de un tema privado y que no hubo ningún perjuicio para el Estado. “Para mí eso es fundamental, porque como ministra, una toma decisiones todos los días, que afectan la vida de millones de personas y no hay ningún reproche en este sentido”, señaló.

Se defendió afirmando que nunca llevó una vida fastuosa, que siempre vivió de su trabajo, que vivía en la misma casa desde 1999 y que estaba pagando un coche a plazos. “Esta causa nunca tendría que haber existido”, señaló, al tiempo que anunciaba que apelaría la sentencia. De manera un tanto enigmática también afirmó que no había llegado al Palacio de Hacienda con una estructura política propia, como tuvieron otros ministros, “y lo estoy pagando”. La frase, que no tuvo mayor desarrollo, podría ser una alusión al vicepresidente Amado Boudou, que antes fue ministro de Economía y que está siendo también investigado por presunta corrupción. .

Los jueces del caso Miceli, sin embargo, consideraron que hubo un encubrimiento agravado de una maniobra financiera ilícita, y sustracción y ocultamiento de documento público, por la desaparición del acta policial del hallazgo. La condición de funcionaria de Miceli y el “origen espurio” del dinero fueron un agravante a la hora de la condena. Un detalle interesante, aportado por las secretarias de la ex ministra, es que en el despacho de la funcionaria había una caja fuerte para guardar dinero y documentos. Lo que hace aún más inexplicable que escondiera una suma tan alta en un armario del baño.

Es la primera funcionaria de los 9 años de toda la época kirchnerista en ser condenada. El caso lo dio a conocer en el diario Perfil, mediante un informe del periodista más atacado y odiado por el oficialismo, Jorge Lanata, con el apoyo de Luciana Geuna en la investigación. Tras su dimisión, Felisa Miceli pasó a trabajar en la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.

El senador Ernesto Sanz (UCR, Unión Cívica Radical), se preguntó: “¿habrá condena alguna vez para otros ex funcionarios, o solo a los que les sueltan la mano”? Irónicamente, añadió que “el kirchnerismo tiene su María Julia”, en referencia a la única funcionaria del menemismo, María Julia Alsogaray, que fue condenada por corrupción tras la salida del poder de Carlos Menem. “Los ´90 y los K cada vez se parecen más”, concluyó Sanz.

El diputado del peronismo disidente, Eduardo Amadeo, dijo por su parte: “espero que este sea el inicio de un camino que le llegue a los Ricardo Jaime (ex secretario de Transporte, investigado por presuntos hechos de corrupción) y a otros funcionarios que deberían ser juzgados cuanto antes”.

Lo curioso es que este puede considerarse un caso menor de corrupción, que no resiste comparación con el de otros funcionarios investigados por la justicia. En primer lugar, el propio vicepresidente, Amado Boudou, que tiene una causa abierta por su presunta relación con una imprenta que fabricaba papel moneda y otros documentos. El caso ha provocado hasta ahora la renuncia del fiscal general del Estado, el juez y el fiscal de la causa. Las últimas novedades de la causa son la oportuna desaparición de expedientes vitales en el proceso.

Pero la nómina de funcionarios investigados es muy amplia, empezando por la propia presidente y su difunto esposo, que fueron acusados de enriquecimiento ilícito por el inusitado aumento de su patrimonio, un 572 % en los seis años posteriores a su arribo a la Casa Rosada. El juez Norberto Oyarbide, al que milagrosamente le caen todas las causas complicadas para el oficialismo, decidió en tiempo récord que no había razones para atender la denuncia.

Prácticamente todo el gabinete argentino ha experimentado aumentos patrimoniales que, en el mejor de los casos, podrían calificarse de envidiables, de acuerdo a sus declaraciones juradas. Algunos ejemplos: el ministro de Salud, Juan Manzur, multiplicó por 24 su patrimonio en los últimos 8 años; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, registró un aumento del 49 % entre el 2010 y el 2011; el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, aumentó en un 102 % sus bienes en el último año; Julio de Vido, ministro de Planificación , tuvo un crecimiento en los últimos nueve años del 341 %; en el mismo período, el jefe de la AFIP –la Hacienda argentina-, Ricardo Echegaray, multiplicó su patrimonio 21 veces.

Un reciente informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, indicaba que entre la recuperación de la democracia, en 1983, y 2007 –último dato disponible-, se abrieron 750 causas por presuntos hechos de corrupción en la administración pública, pero solo 7 terminaron en sentencias, con 10 condenados. Y las estimaciones de pérdidas para el Estado por causa de la corrupción, fue de 13.000 millones de dólares en ese mismo período.

El gobierno de Carlos Menem (1989-1999) fue especialmente corrupto, con el agravante de la ostentación. Una Corte Suprema adicta y modelada personalmente por el presidente, aseguraba la impunidad. Es muy famosa la anécdota de los jueces de la servilleta: en un bar de Buenos Aires, el ministro Carlos Corach habría utilizado una servilleta para escribir para un colega de gabinete los nombres de los jueces que respondían fielmente al gobierno.

Pero la corrupción es un mal endémico de Argentina, corroe a instituciones como la policía, la administración pública y la justicia. El ciudadano común está acostumbrado a la coima, nombre que recibe en Argentina el soborno, el cohecho o la mordida, para acelerar trámites o evitar pagar una multa. Y, como en todo el mundo, la obra pública sirve, tanto para el enriquecimiento de muchos funcionarios, como para la financiación de la política.

Condenan a la ex ministra argentina por corrupción