@jgonzalezok / Desde agosto de 2009, las transmisiones televisivas de fútbol en Argentina son en abierto y gratis. El gobierno de Cristina Fernández decidió quitarle el negocio a la empresa Torneos y Competencias (TyC), socia en este campo del Grupo Clarín, inaugurando lo que se llamó Fútbol para Todos. “No es posible que solo el que paga pueda mirar un partido, que le secuestren los goles (…) como antes secuestraron y desaparecieron 30.000 argentinos”, dijo la presidente en una poco feliz comparación. Desde entonces, las retransmisiones se llenaron de propaganda política oficialista e incluso de mensajes contra los partidos de oposición.
En los últimos días, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pretendió lavar un poco la cara del Fútbol para Todos y profesionalizarlo. Convocó para ello a Marcelo Tinelli, uno de los hombres más importantes de la televisión local, además de vicepresidente del club San Lorenzo de Almagro, el equipo del papa Francisco.
Además de aportar un nuevo envoltorio a las transmisiones, Tinelli pretendía también renovar el elenco periodístico, de declarada y activa militancia kirchnerista. Pero ahí se topó con La Cámpora, la organización juvenil que fundó Máximo Kirchner, que cada vez tiene más su poder y que logró parar la operación, cuando ya se habían anunciado los contratos de los nuevos periodistas y se había convocado una conferencia de prensa para lanzar esta nueva fase.
El pasado jueves, en la tradicional ronda semanal de las Madres de la Plaza de Mayo, su presidente, Hebe de Bonafini, aportó lo suyo. “Fútbol para Todos no está para hacer plata, está para hacer política”, dijo, recordando un discurso del fallecido presidente Néstor Kirchner.
Los sectores más radicales del gobierno no aceptaron ni la participación de la empresa TyC, por sus vínculos con Clarín, ni la salida de Alejandro Apo y Javier Vicente, los dos periodistas más abiertamente militantes, que incluyen consignas políticas en sus intervenciones. “Glorioso fútbol para todos, democracia o monopolios, esa es la cuestión”, decía por ejemplo Javier Vicente, conocido como “el relator militante”, en una de las transmisiones. La exigencia de Máximo Kirchner no solo era por la continuidad de Vicente, sino también porque relatara los partidos de Racing de Avellaneda, del cual es hincha el hijo de la mandataria.
Apo, por su parte, escribió en la página oficial de Fútbol para Todos que el proyecto es una bandera nacional y popular, que se trata de una batalla cultural y que Néstor Kirchner y Cristina Fernández “lograron entender que había que recuperar el patrimonio cultural de los argentinos”, entendiendo que el fútbol forma parte de ese patrimonio.
Según Mariano Obarrio, periodista de La Nación, cuando estaba a punto de cerrarse el acuerdo para la nueva temporada, la presidente habría llamado a Julio Grondona, presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), para pedir que se eliminase a Tinelli del proyecto. Y habría pronunciado la siguiente frase: “Se creyó que tenía más poder que yo”. La fuente citada por el prestigioso periodista sería una de las personas que participó directamente en las negociaciones.
Fútbol para Todos se ha convertido en estos años en una pieza fundamental de la propaganda del gobierno. Antes y después de los partidos y en el intermedio, se ha hecho proselitismo político a un precio económico muy alto, ya que no se cumplió con la promesa de que estaría abierto a la publicidad privada, para hacerlo rentable. En el 2013, el Estado le entregó a la AFA 1.500 millones de pesos por los derechos televisivos (unos 188 millones de dólares al cambio oficial).
Las retransmisiones se ofrecen a través del canal 7, el canal oficial, pero también lo transmiten otros canales oficialistas, con lo que el mensaje político se multiplica. El Fútbol para Todos es una pata importante del gasto gubernamental para sostener el aparato de difusión del gobierno, pero no es el único. Se calcula que, en total, esta año gastará 4.800 millones de pesos (600 millones de dólares), incluyendo la publicidad oficial, que va a parar fundamentalmente a apoyar a los medios oficialistas. Esta cifra surge de lo aprobado en el Presupuesto Nacional, pero todos estos años hubo reasignaciones presupuestarias que aumentaron en la práctica las partidas de forma significativa, un 23 % el pasado año.
El análisis político del episodio del Fútbol para Todos lleva a constatar que la presidente, Cristina Fernández, ha decidido apoyarse aún más en La Cámpora, el sector más radical del kirchnerismo. Y es una derrota para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que fue el gestor de la frustrada participación de Tinelli, y que en las pocas semanas que lleva en el cargo –desde el pasado 20 de noviembre- ha entrado en serias contradicciones con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y ahora con los muchachos de La Cámpora. Según el diario Infobae, Capitanich habría presentado su renuncia por el fracaso del proyecto, pero la presidente le habría pedido que continúe, al menos por un tiempo. El ex gobernador del Chaco, que había llegado para renovar la imagen del gobierno, se opaca y pierde, además, sus posibilidades de ser el elegido por el dedo de la presidente para la candidatura del 2015.
La Cámpora, la organización dirigida desde las sombras por Máximo Kirchner, hijo de la mandataria, empezó controlando la empresa Aerolíneas Argentinas, que desde su estatización en 2088 le cuesta al Estado casi dos millones de dólares diarios en subsidios.
Además, su presencia es determinante en, al menos, dos ministerios, el de Exteriores y el de Justicia. En Relaciones Exteriores su influencia es decisiva desde 2011, cuando llegó Cecilia Nahón, hoy embajadora en Washington. Estos días hay denuncias por el despido de un grupo de funcionarios que dicen haber sido acosados y haber sufrido persecución política. Declararon, por ejemplo, que en el fondo de sus computadores les habían instalado un fondo de pantalla que decía Kancillería (sic, con K de Kirchner) nacional y popular.
Su desembarco en la Justicia se extiende más allá del ministerio, recientemente lograron colocar a dos de sus hombres en el estratégico Consejo de la Magistratura, encargado del nombramiento y remoción de jueces.
