Los actos de agresividad contra los inmigrantes se multiplican. La policía de la ciudad de Buenos Aires persigue y aporrea a los africanos que residen legal e ilegalmente en el país
El gobierno de Mauricio Macri estudia un programa que prevé ratificar en la Corte un decreto de expulsión automática de inmigrantes ilegales que cometen delitos, la instauración de una policía migratoria, una App en celulares de policías para detección de extranjeros sin radicación, un esquema más rígido de controles en las fronteras y un sistema de visados electrónicos con el fin de localizar a personas en situación irregular.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, asegura que la política migratoria impulsada por el Gobierno busca "evitar que ingresen delincuentes a la Argentina". Sin embargo las argumentaciones con las que el oficialismo defiende su postura respecto del tema migración, sólo apuntan a una facción del colectivo migratorio, excluyendo a grandes grupos foráneos de poder económico que delinquen con la anuencia del Estado.
En los últimos tres años Argentina deportó a 1.200 extranjeros que tenían condenas o que fueron detenidos por cometer delitos. El Gobierno estima que hay 1.000 inmigrantes más que tienen causas judiciales, están condenados y en condiciones de ser expulsados hoy si los juzgados aceleran los trámites. Según datos oficiales, la cantidad de radicaciones de extranjeros creció sustancialmente en Argentina. Unos 580.000 extranjeros regularizaron su situación en los últimos tres años. Y las cifras oficiales del primer semestre del 2018 muestran que esa ola de radicaciones de inmigrantes no se detiene: ya hay 101.604 inmigrantes radicados o con papeles en trámite.
No es casual que en este inicio de año electoral el discurso oficial pretenda endulzar los oídos de quienes sostienen que la inmigración está relacionada a la delincuencia. La bolsonarización de la política argentina abrió las puertas a los representantes de esa derecha que insiste en la instauración de una política migratoria de “mano dura”, adornando su discurso con expresiones de odio que logran calar en buena parte de la sociedad. “¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo a inmigrantes pobres?, preguntó el senador Miguel Ángel Pichetto, nieto de italianos que llegaron al país huyendo del desastre de la guerra.
Quienes hoy pregonan sus intenciones de “aplicar toda la dureza de la ley” contra los inmigrantes, son nietos e hijos de inmigrantes
Los actos de agresividad contra los inmigrantes se multiplican. La policía de la ciudad de Buenos Aires persigue y aporrea a los africanos que residen legal e ilegalmente en el país. La actitud de defensa de un inmigrante puede considerarse delito: “resistencia a la autoridad”. Y el criterio para determinar la comisión de éste delito, dependerá del policía que actúe. El siguiente paso es la deportación. Las propuestas para expulsar a determinadas nacionalidades se fundamentan en suposiciones y lugares comunes ya naturalizados. “No hay trabajo por culpa de los inmigrantes”, “Los inmigrantes se atienden gratis en nuestros hospitales”, etc, etc… Un triste listado de trilladas patrañas que el argentino más incauto y prejuicioso repetirá hasta el hartazgo. La historia de las migraciones a la Argentina siempre estuvo acompañada por una sombra. Esa oscuridad es el odio al extranjero, lo cual no deja de ser una paradoja en un país construido a partir del mestizaje y las sucesivas corrientes migratorias.
Hay dos clases de inmigrantes, pero el gobierno y los nuevos impulsores del odio racial, sólo apuntan a una. Los trabajadores que provienen de países limítrofes o africanos, y los empresarios y terratenientes de países imperialistas. Los primeros son quienes sufren la explotación laboral, el racismo, la xenofobia y la discriminación por parte de distintas instituciones del Estado. Los segundos son los que gozan de la protección de estas mismas instituciones, fuerzas y gobiernos, apropiándose de territorios y explotando trabajo en condiciones de esclavitud con total impunidad, y son premiados con exenciones impositivas.
Quienes hoy pregonan sus intenciones de “aplicar toda la dureza de la ley” contra los inmigrantes, son nietos e hijos de inmigrantes. Una paradoja más de la Argentina gobernada por el hijo de un italiano con un extenso prontuario delictivo.
