@jgonzalezok | Horas después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los artículos más importantes del paquete para reformar a la Justicia –los que se refieren a la elección por voto popular del Consejo de la Magistratura-, la presidente, Cristina Fernández enganchó sucesivamente dos discursos –el miércoles en Córdoba, el jueves en Rosario- en los que se despachó en muy duros términos contra la Corte Suprema. Por momentos desencajada, llegó a afirmar que no le extrañaría que en algún momento “nos dicten una cautelar y no nos dejen elegir legisladores o presidente”. Intentando usar la ironía, dijo que en el 2015 –cuando se acaba su mandato- quería ser jueza “para poder tener una lapicera, un papel, una cautelar y firmar, y qué importa lo que vota la gente”.
Aprovechando el Día de la Bandera, la mandataria aconsejó a quienes piensan en las próximas elecciones que se lo replanteen: “encontrá algún gil (tonto) para que sea presidente, te junte la guita (dinero), te pague los sueldos, te haga los edificios (…) si sos juez no pagás impuestos a las ganancias, no tenés declaraciones juradas (de bienes), nadie te conoce, las ventajas son innumerables”. Cristina Fernández no da la batalla por perdida y aseguró que más temprano que tarde se impondrán los cambios en la Justicia, “porque es su compromiso democratizar los tres poderes del Estado”. Antes había dicho que “aquellos que no quieren dejar votar al pueblo, sepan que solo podrán hacerlo por un tiempo”.
Aunque aseguró que no quería hacer campaña política, dado que era un día de fiesta nacional -se conmemoraba la creación de la bandera por uno de los próceres más queridos de la Argentina, Manuel Belgrano-, hizo un canto al progreso edilicio de la ciudad de Rosario y lo atribuyó al éxito del modelo kirchnerista. Haciendo un ejercicio especulativo, aseguró que el citado héroe de la Independencia, que murió en 1820, hoy sería kirchnerista.
Para seguir golpeándole a la Justicia, la presidente acudió en su discurso en Rosario al tema de la inseguridad, que estuvo totalmente ausente de la agenda del gobierno hasta hace muy poco. Era solo una sensación: “¿a quién le importa la sensación de inseguridad?”, se llegó a preguntar Sergio Berni, segundo en el ministerio del Interior. Pues bien. Cristina Fernández afirmó que no hay una buena seguridad sin una buena Justicia: “qué creen, que soy estúpida, que no me doy cuenta”. Sorprendentemente volvió a utilizar el mismo recurso discursivo de hace unos días, cuando reprochó a algunos dirigentes de su propio partido que no la defiendan públicamente de las acusaciones de corrupción: “pese a que a mí no me defienden algunos dirigentes, y cuando dicen las cosas que dicen de mí o de mi compañero miran para otro lado, yo no me hago más la estúpida, no crean que soy estúpida”. Sin nombrarlo, se refería a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, rival político interno, que estaba presente en dicho acto y que tuvo que mantener el tipo con cara de póker. Cuando todos aplaudían la alusión, el se mantuvo muy serio, sin darse por aludido y sin verse obligado a aplaudir ya que todo el mundo sabe que tiene un brazo amputado.
El fracaso para la reforma de la Justicia, que frenó la Corte Suprema, ha vuelto a disparar las operaciones para reformar la Constitución, que incluya la reelección indefinida. Los números para la reforma no le dan ahora mismo al gobierno y las elecciones parciales de octubre seguramente le darán un parlamento menos favorable. Pero la idea parece ser redoblar la apuesta, instalar la idea de que se está luchando contra poderosas corporaciones y alentar incluso el fantasma del golpe. Diana Conti, una diputada que es una de las primeras espadas del kirchnerismo, ya advirtió que en “en otro país, por un fallo de la Corte Suprema se sacó a un presidente”. No elaboró la idea, pero quizá se refería a Honduras o Paraguay, aunque en los dos casos fueron los parlamentos los que actuaron.
El senador kirchnerista Marcelo Fuentes habló de un conflicto de poderes, “entre los poderes que son de la democracia y los fácticos que quieren ponerse por sobre la Constitución Nacional”. También se pronunció a favor de reformar la Constitución la jueza María Laura Garrigós, titular de la agrupación Justicia Legítima, que apoya al gobierno: “con esta Corte, habría que reformar la Constitución”, afirmó. El diputado Carlos Kunkel, acusó a los magistrados de adherir a “todas las rupturas del orden constitucional”, y adjudicó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de tener aspiraciones presidenciales. La presidente de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también opinó a favor de la reforma constitucional para quitar las prebendas que, a su juicio, tienen los integrantes de la judicatura “y facilitar la constitución de un proyecto nacional y popular como el que encabeza Cristina”.
Un proyecto que necesitaría una nueva institucionalidad, algo en lo que coinciden todos los gobiernos populistas de la región. Y que está basado en otorgar todo el poder a quien gane las elecciones, sin controles o contrapoderes, como es concebido el poder judicial en las democracias republicanas. En Venezuela, lo expresó con total claridad la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luisa Estella Morales, que en 2009, en un acto por el 10º Aniversario de la Constitución de aquél país habló de la “odiosa separación de poderes”.
Perdida esta primera batalla por la reforma judicial, la Corte Suprema puede darle todavía nuevos disgustos al gobierno, ya que estudia otros aspectos del paquete de reformas de la Justicia que también pueden ser anticonstitucionales, como la limitación de las medidas cautelares a favor del Estado. Y, sobre todo, debe dictaminar todavía sobre varios artículos de la Ley de Medios, que es el origen de todo el conflicto.
A esta altura se recuerda que la reforma constitucional puede encontrar un atajo mediante una consulta popular. Según la Constitución hay dos vías posibles: la iniciativa popular para presentar una ley al Congreso, para lo que se necesitan las firmas del 1,5 % del padrón electoral, distribuidas en al menos 6 provincias. O la consulta popular, en este caso convocada por el Congreso o el gobierno. Si se trata de consultar a la sociedad sobre alguna ley, se denomina referéndum; si se trata de una cuestión de Estado excepcional, plebiscito.
