viernes. 29.03.2024
Cristina Fernández
Cristina Fernández | Foto: Casa Rosada

@jgonzalezok | La Corte Suprema de Justicia dictaminó que el principal punto de la reforma judicial propuesta por el gobierno, que era la elección popular de todos los miembros del Consejo de la Magistratura -el órgano que propone el nombramiento y cese de los jueces-, no se ajusta a la Constitución. Para el máximo tribunal argentino, la ley desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder.

Es una severa derrota para el gobierno de Cristina Fernández, que se había empeñado personalmente en sacar adelante la reforma, que era una respuesta a las trabas judiciales para implementar la Ley de Medios. Después de la madre de todas las batallas, como fue la guerra contra el grupo Clarín –con resultado aún incierto, porque el caso lo estudia también la Corte Suprema-, el gobierno había lanzado la reforma judicial, con el fin de disciplinar al único poder que aún no controla.

Con el fallo de la Corte se cae también la convocatoria para la elección este mismo año de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, que según la ley que ahora ha sido declarada anticonstitucional, deberían ir en listas partidarias. El objetivo del gobierno era que se aprovechase las elecciones de octubre, cuando se renuevan parcialmente las dos cámaras del Parlamento, para elegir nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Pero la Corte se encargó de impedir la politización de la Justicia, recordando que la Constitución establece que los representantes de jueces, abogados, académicos y científicos deben ser elegidos por sus pares.

El proyecto no solo contemplaba la elección en listas partidarias de los integrantes del Consejo de la Magistratura. También ampliaba el número de sus miembros y cambiaba el criterio para remover a los jueces: en vez de la mayoría cualificada, como hasta ahora, bastaría una mayoría simple, lo que le daba un enorme poder al gobierno de turno para deshacerse de jueces incómodos o con criterio propio.

Seis de los siete miembros de la Corte votaron a favor de la inconstitucionalidad de la ley. El único voto disidente fue el del juez Eugenio Zaffaroni, que nunca escondió su cercanía con el gobierno y su amistad personal con el vicepresidente, Amado Boudou.

Después de que las dos cámaras del parlamento aprobaran la polémica ley, hubo una catarata de pedidos de inconstitucionalidad. Hasta la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriel Knaul, había criticado la reforma, poniendo en duda que los ciudadanos pudieran tener garantías de jueces imparciales.

En su fallo, los jueces de la Corte hicieron una consideración general en el sentido de que la Constitución busca equilibrar el poder para limitarlo. Señalaron que no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, “puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”.

Y defendieron la legitimidad de su actuación, señalando que el control de constitucionalidad es lo que permitió que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitirían reabrir los juicios contra los crímenes de la dictadura (1976-1983).

Las reacciones oficiales no han podido ocultar la frustración. “Tienen miedo del voto popular”, afirmó el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que consideró el fallo de la Corte como una afrenta al pueblo argentino. La diputada Diana Conti afirmó que podrían acudir a tribunales internacionales, una situación insólita ya que, en general, quienes acuden a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hacen frente a abusos de los gobiernos. Pero el ministro de Justicia, Julio Alak, desechó esta posibilidad, anunciando que se alentará la celebración de debates en todo el país sobre la democratización de la Justicia.

Teniendo en cuenta la catarata de mensajes que Cristina Fernández publicó en Twitter horas antes de conocerse el fallo, en los que atacaba con nombres y apellidos a varios jueces, no hay que descartar que la ofensiva contra la Justicia continúe de alguna manera. Las Madres de la Plaza de Mayo –línea Bonafini- podrían reanudar la campaña en la que prometieron sacar a la luz supuestos trapos sucios de los integrantes del máximo tribunal. En cualquier caso, hay que esperar que el gobierno suba la apuesta siguiendo la lógica de lo que alguna vez dijo Néstor Kirchner, “el conflicto genera poder”.

La oposición fue unánime en celebrar el fallo. El socialista Hermes Binner, ex candidato presidencial, escribió en su cuenta de Twitter: “de la mejor Corte Suprema de la historia argentina no podíamos esperar menos: la República sigue viva”. El diputado de centro-izquierda Gerardo Milman (GEN-FAP), consideró que el fallo no hizo más que poner las cosas en su lugar: “la presidente cree que una mayoría circunstancial en el Congreso la puede convertir en reina, sin comprender que los argentinos decidimos vivir en una república y no en una monarquía”.

Cabe recordar que una de las primeras decisiones del gobierno de Néstor Kirchner, cuando asumió en 2003, fue renovar la desprestigiada Corte Suprema que había diseñado a su medida el ex presidente Carlos Menem en la década del 90. Mediante presiones y amenazas de juicio político se pudo renovar la Corte, que todo el arco político reconoce como uno de los grandes logros de Kirchner. Pero en los últimos tiempos el enfrentamiento con esta misma Corte ha ido en aumento.

La presidente, Cristina Fernández, sus ministros y todos los habituales portavoces del oficialismo, han endurecido sus declaraciones contra una Justicia ante cada fallo adverso para los intereses del gobierno. Instalando la idea de que hay una verdadera corporación judicial que se opone a los intereses del pueblo. La independencia de criterio de la Corte Suprema empezó a molestar al gobierno en 2009 cuando dictaminó que había que reponer en su puesto al procurador general de Santa Cruz, echado por Kirchner cuando era gobernador de dicha provincia. Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de la presidencia, hablando de este caso, ya lo dijo hace años: “¿Dónde está mi decepción con esta Corte? Que nosotros la pusimos para otra cosa”.

Esta derrota política de Cristina Fernández coincide con un acelerado descenso de aceptación en las encuestas. Según Management & Fit, entre marzo y abril de este año la imagen positiva de la presidente cayó de 34 a 26 %, y la negativa subió de 39 a 43 %. Y esto justo antes de que comenzasen a conocerse las denuncias por supuesta corrupción del dinero K –como se conoce el esquema de lavado de dinero y corrupción en el entorno presidencial-, que viene destapando el programa Periodismo para Todos, del canal 13 (Grupo Clarín). Según una columna en el diario Cronista Comercial, firmada por el periodista Diego Dillenberger, y que cita a un consultor oficialista, la imagen de la mandataria viene cayendo a razón de dos puntos por programa. 

Se cayó la reforma judicial en Argentina