@jgonzalezok | El fútbol argentino se dispone a cerrar el próximo fin de semana su campeonato clausura –el otro es el apertura-, con el resultado deportivo ya definido. El equipo de la ciudad de Rosario Newell´s Old Boys –pronúnciese Ñuls, si el lector quiere hablar como un local-, y con el centenario Independiente, de Avellaneda, camino al descenso por primera vez en su historia. Pero más allá del resultado y del nivel de juego cada vez más mediocre, el campeonato volvió a conocer hechos de violencia con muertos y enfrentamientos armados que no hacen más que alejar a los aficionados comunes de las canchas.
Cerca de 300 personas han muerto ya en Argentina como consecuencia de la violencia crónica en el fútbol, desde que se empezó a llevar un registro, en 1922. Las hinchadas violentas de los diferentes clubes, las llamados barras bravas o simplemente barras, son los más violentos del continente. La 12 –por el jugador número 12, barra oficial de Boca- o Los Borrachos del Tablón –de Ríver Plate-, son las más conocidas, pero todo club tiene sus grupos violentos. El último muerto fue el pasado 10 de junio: el hincha de Lanús Javier Gerez, falleció como consecuencia de una bala de goma disparada por la policía durante el encuentro con Estudiantes de La Plata.
Los incidentes –tanto dentro como fuera de los estadios- son parte de la crónica habitual en los medios argentinos. Los barras –como son conocidos los individuos que integran estos grupos- se han convertido en una mafia que crece gracias al apoyo o la complicidad de los propios dirigentes de los clubes, la policía y hasta encumbrados dirigentes políticos y sindicales. En juego hay mucho dinero: controlan la reventa de entradas –que reciben de los clubes-, los estacionamientos en días de partido, la venta de recuerdos, drogas y comida en la cancha y la organización de los viajes cuando el equipo juega fuera.
Hacen negocio también organizando comidas con la asistencia más o menos obligada de alguno de los jugadores. Si el plantel está jugando mal, mermando la asistencia a los estadios y, por tanto, afectando su negocio, pueden llegar a la agresión física, como pueden atestiguar varios importantes jugadores de la primera división.
En algunos casos hasta reciben dinero de los jugadores –a los que extorsionan- e incluso un porcentaje de los pases cuando son vendidos a otros equipos. Se cuenta que en River estalló un conflicto interno en la barra, por la disputa en torno a una comisión por el traspaso de Gonzalo Higuaín al Real Madrid, en 2007.
El negocio se está diversificando: cobran por exhibir enormes carteles con anuncios comerciales, como recientemente pudo verse en el campo de Boca Juniors. O consignas de tipo político, como empezaron a hacer en 2009, cuando desplegaron un enorme cartel con la consigna “Clarín miente”, que desde hace años es uno de los caballos de batalla del gobierno. También hicieron campaña a favor de Fútbol para Todos –programa del gobierno que ofrece gratis todos los partidos, en televisión abierta- y sacaron un enorme cartel con la cara de Kirchner en un clásico Boca-River. Cuando se les requiere, cobran por llevar gente a los actos políticos, garantizan la seguridad en los mítines, pegan carteles y pintan paredes.
Un fenómeno relativamente nuevo es el del enfrentamiento interno entre distintas facciones. El caso más extremo es el del Deportivo Merlo, club que está en la B Nacional y que tiene dos barras enfrentadas, cada una comandada por un hermano, Dante y Carlos Salazar. Cada uno responde a una fracción diferente del kirchnerismo. Tras un enfrentamiento entre los dos grupos, Dante quiso matar a su hermano, disparando una ráfaga desde una moto, pero los disparos alcanzaron a su propia madre. El agresor declaró a 24CON: “no importa que sean mis hermanos, mi familia es Merlo y la gente de la barra. Mato y muero por ellos”. El padre de los Salazar, ya fallecido, también fue jefe de la barra brava del Deportivo Merlo en la década del 90.
Las relaciones del mundo del fútbol con la política –y de los barras con numerosos dirigentes- son abrumadoras. Aníbal Fernández, diputado y ex jefe de gabinete, es presidente de Quilmes, aunque hay un grupo de barras del mismo club que responde al actual jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Mauricio Macri, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue presidente de Boca Juniors entre 1996 y 2007. Fue, de hecho, su trampolín hacia la política y mantiene una influencia importante en el club. Banfield, un club del sur del conurbano bonaerense, es terreno de disputa entre el vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, el intendente (alcalde) de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y el vicepresidente, Amado Boudou.
En Nueva Chicago, a través de barras propias, actúan Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, y Pitu Salvatierra, un dirigente piquetero. Los tres responden al oficialismo. Y Sergio Massa, intendente (alcalde) de Tigre –en el Gran Buenos Aires- tiene barra propia en el club Tigre. El ex presidente Kirchner, fanático de Racing, evitó la quiebra del equipo en 2008, alentando la toma del equipo por un grupo de amigos que pagó las deudas.
En un acto en la plaza de Mayo, en marzo pasado, Guillermo Moreno, apareció rodeado por algunos dirigentes de la barra de Ríver y de Nuevo Chicago, que actuaban como guardaespaldas. Según el periodista Gustavo Gravia, el mayor especialista del tema en Argentina, fueron contratados para trabajar en el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), organismo bajo la órbita de Moreno, a pesar de sus antecedentes penales. Este es un caso que se repite, la contratación en organismos oficiales de los barras, bien como guardaespaldas o como empleados ñoquis, que solo aparecen para cobrar a fin de mes.
Dirigentes sindicales también tienen relación con los clubes y los barras. Uno de los casos más notorios es el del histórico dirigente de los gastronómicos Luis Barrionuevo, con Chacarita Juniors, o de Hugo Moyano, máximo dirigente de la CGT opositora, con Independiente.
El antropólogo Eugenio Paradiso, autor de una tesis doctoral en la universidad canadiense de Dalhaouise, sobre corrupción y violencia en el fútbol argentino, sostiene que “ser barrabrava es un trabajo a tiempo completo, basado en el uso de la violencia”. Diversos estudios coinciden en citar al periodista Amílcar Romero que señala 1958 y el asesinato de Alberto Linker, un hincha de Ríver, como el antecedente más claro de lo que hoy son las barras bravas. Pero sería en la dictadura (1976-1983) cuando ya se constituyen los grupos violentos como se conocen en la actualidad. Durante el campeonato mundial de fútbol de 1978, que se celebró en Argentina, muchos barras fueron usados para patrullar los estadios.
Según el historiador Luis Alberto Romero, los barrabravas copiaron la conducta de los escuadrones de la muerte de la dictadura. Y no está muy lejos su actuación en casos delictivos como el asesinato de Mariano Ferreyra, un joven trotskista –del Partido Obrero- baleado por orden del dirigente ferroviario José Pedraza.
Un experto europeo que fue consultado hace tiempo por la Subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, llegó a la conclusión de que el caso argentino no tiene solución, porque en este país pasa algo inédito: los violentos tienen relación con los dirigentes y los políticos. Y con la complicidad de la policía, que puede hacer la vista gorda –y compartir las ganancias- cuando entran con armas a los estadios o venden droga.
Para terminar con la violencia en el fútbol argentino se necesitaría acabar con todas las complicidades. Y con una decidida actuación del gobierno. Difícil, teniendo en cuenta el uso que desde muchos despachos oficiales se hace del fútbol y de los barras. Hace casi un año se presentó un programa detector de datos biométricos, para impedir la entrada de los hinchas violentos. Pero, aparte de que falló al ser presentado por la presidente, no está implantado. La última decisión fue prohibir las hinchadas visitantes en los partidos, pero sin atacar el problema de fondo.
La propia presidente, Cristina Fernández, hizo poco para acabar con esta cultura cuando en un discurso afirmó: “yo no quiero hablar de barrabravas porque soy hija de un hincha”. Pero lo más sugestivo vino después, cuando relató alguna visita juvenil a los estadios: “me maravillaban esos tipos parados en los paraavalanchas”, refiriéndose a los energúmenos que llevan la violencia a las canchas.
En 2010, el gobierno impulsó Hinchadas Unidas Argentinas para asistir al Mundial de Sudáfrica. Al frente de esta agrupación estuvo Marcelo Mallo, dirigente de Compromiso K (por Kirchner).Viajaron 280 hinchas –algunos fueron devueltos por la policía local por antecedentes penales- que contaron con el apoyo financiero oficial: 2,7 millones de pesos según denunció en su momento la ONG Maldita Violencia en el Fútbol. A cambio, exhibieron banderas kirchneristas durante los partidos.
En enero de este año, Mónica Nizzardo, que había fundado una ONG llamada Salvemos al Fútbol, tiró la toalla agotada por el desánimo. En su carta de despedida acusó al gobierno de minimizar la violencia en el fútbol y denunció un acuerdo tácito entre el gobierno y Julio Grondona, el eterno presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), para alejar a su ONG de la lucha contra los grupos violentos.
“Argentina es Harvard para las barras del mundo”, dijo una vez Rafael Di Zeo, el histórico dirigente de La 12, de Boca Juniors. La agencia estatal Télam contaba en febrero de 2007 que hinchas violentos del Real Madrid habían pagado cinco mil euros por un curso de la barra de Boca, con enseñanzas sobre cómo entrar en los estadios sin pagar, sistemas de recaudación, o cómo crear los cánticos que amenizan los partidos. El Frente Atlético –del Atlético de Madrid- también estuvo en Buenos Aires aprendiendo de La Guardia Imperial, la barra de Racing.
La historia de Di Zeo es paradigmática. Estuvo cuatro años preso por asesinato. Pero a su boda, en 2005, asistió Maradona y el fiscal federal Carlos Stornelli, que fue también ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y que terminaría trabajando para el club como jefe de seguridad. Di Zeo se casó con la que fue secretaria privada de Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su relación con la política la hizo expresa en 2011, cuando dijo al diario deportivo Olé que participaba de la agrupación La Kirchner, que dirigía Rudy Ulloa, un ex chofer de Kirchner que hoy es multimillonario.
Un buen resumen del estado de la cuestión lo dio el abogado Juan Manuel Lugones, coordinador del movimiento Fútbol en Paz en Argentina, cuando dijo recientemente al diario La Nación, a propósito del primer muerto en 2013: “una vez más, la muerte viene de la mano de la lucha por el botín que reparten los dirigentes y los políticos”
