Ya son conocidos los resultados de la jornada electoral del 23 de julio que impidieron la victoria proclamada a los cuatro vientos del tándem Partido Popular y Vox. Sin la mayoría absoluta que ambicionaban, y sin que ni siquiera sus dos únicos aliados en el congreso, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, puedan añadir su voto para lograr la mayoría de 176 diputados, la operación de revocar todo el legado político del gobierno de coalición ha fracasado.
Aunque hoy todos los voceros de los medios de comunicación no se hacen cargo, la derrota de las expectativas seguras de Feijóo suponen un evidente rechazo a su propuesta política de “derogación del sanchismo”, es decir, de introducir un cambio fundamental en las líneas generales del gobierno que se ha llevado a cabo durante estos terribles tres años y medio. Implica además la caída de la ultraderecha de VOX, muchos de cuyos votos han sido absorbidos, razonablemente, por la propuesta del Partido Popular, una derecha extrema que mantenía una gran parte de los postulados del partido con el que gobierna en numerosas ciudades y comunidades autónomas.
La derrota de Feijóo como la gran esperanza del Partido Popular de apoderarse del gobierno –para lo cual se desembarazó de manera abrupta del líder anterior, que cometió además el error de echar un pulso a la presidenta de la Comunidad de Madrid– es más dolorosa si cabe para este partido dadas la seguridad de las expectativas que había generado entre su electorado y en general en toda la cobertura mediática y de opinión. En efecto, merced al unánime consenso demoscópico según el cual en todas las encuestas –salvo en la más fiable, la del CIS a la que se motejó de sectaria y sesgada– los electores darían la mayoría absoluta al tándem PP y VOX, y la multitud de editoriales y de formadores de opinión que vaticinaban lo mismo, se llegó a hablar de un tsunami electoral en favor de las listas de las derechas, y este espíritu de victoria segura ha quedado frustrado ante la capacidad de resistencia de la izquierda y del apoyo entre la ciudadanía de este país, resistente a este nefasto augurio que desde todas las partes se celebraba.
La situación actual es difícil de gestionar para la izquierda, pero es también evidente que son estas formaciones las únicas que pueden intentar un acuerdo de gobierno que mantenga la experiencia del gobierno de coalición cuya permanencia ha sido proclamada en la campaña electoral por las dos fuerzas que lo sostienen, el PSOE y SUMAR.
Un acuerdo de gobierno que represente a la mayoría de la ciudadanía española. Una sencilla operación matemática permitiría explicarla.
Quien representa a quien
Realmente es un dato muy inquietante saber que la suma de votantes al Partido Popular y a Vox superan los once millones de españoles de ambos sexos. En efecto, si se suman los 8.091.840 sufragios del Partido Popular los 3.033.744 de Vox, la cantidad resultante es la de 11.125.584 personas que han apostado por un cambio de gobierno que modificara estructuralmente las líneas de acción del gobierno de coalición en derechos sociales, igualdad, política energética y cambio climático.
Son 350.000 votos los que separan la cifra total de electores del Partido Socialista y de SUMAR respecto de los que han recogido la opción del tándem PP y Vox. En efecto, a los 7.760.970 socialistas, hay que añadir los 3.014.006 de SUMAR, lo que arroja un total de votos para las dos formaciones del gobierno de concentración de 10.774.976 personas.
Pero la realidad plurinacional de España posibilita la expresión política de otras fuerzas con arraigo en las nacionalidades que la componen, y que por un lado representan inequívocamente posiciones de izquierda o, no compartiendo esta calificación, son refractarios al acuerdo PP y Vox. Es el caso en efecto de ERC, EH-Bildu y BNG, que suman en su conjunto casi un millón de personas - 948.572 votos, repartidos entre los 462.883 de ERC, 333.362 de Bildu y 152.327 de BNG – a los que había que añadir los 275. 782 de EAJ-PNV que forma parte también de la mayoría parlamentaria que ha sostenido al gobierno de coalición. Frente a estos votos derivados de formaciones políticas nacionalistas o enraizadas en una Comunidad Autónoma, las derechas solo se pueden añadir los 51.764 votos de la Unión del Pueblo Navarro y los 114.718 de Coalición Canaria. Los 392.634 votos para Junts per Catalunya no pueden computarse en ninguno de los dos bloques, y su alineamiento en principio contrario a la formalización de una alternativa de gobierno en cualquier dirección hace imposible su colocación en alguno de ellos.
Con esos números, es evidente que la mayoría expresada en sufragios se decanta por una posición de izquierda, pese a que, como ya conocemos, el sistema electoral favorezca de manera creciente el bipartidismo y posibilite una disfunción importante en cuanto a los votos “perdidos” en la circunscripción provincial por no poder transformarse en escaños a nivel estatal.
Es alarmante que más de once millones de votantes se hayan decantado por una solución iliberal y autoritaria en la gestión de los derechos y libertades
Es alarmante en efecto, que más de once millones de votantes se hayan decantado por una solución iliberal y autoritaria en la gestión de los derechos y libertades y hayan apostado por un retorno a los recortes del gasto público y de las prestaciones sociales. Es por el contrario muy gratificante seguir comprobando que el conjunto de la ciudadanía española prefiere una solución abierta al desarrollo democrático del Estado social en el que sin duda cobrará más importancia una visión federal de la estructura del estado si se logra cuajar los apoyos de este bloque de partidos que configuraron el bloque de mayoría parlamentaria en la anterior legislatura. 12 millones de votos (11.999.330 exactamente) caminarían en esa dirección.
Por lo tanto, hay un camino posible para formar un nuevo gobierno, aunque su conformación sea, desde luego, muy complicada. La posibilidad que el Partido Popular enarbola hoy ante su derrota del bloqueo constitucional como un mal que hay que evitar forzando la investidura de su líder, no es algo ineludible. Al contrario, la única posibilidad real de salida del marco de representación que han dado estas elecciones, es la repetición de un gobierno de coalición con el apoyo parlamentario de los grupos nacionalistas, como lo que había sucedido hasta el momento y sobre lo que el Partido Popular había basado una gran parte de su argumentario de deslegitimación democrática del gobierno.
Se abre por tanto ahora un tiempo de negociación y de diálogo. Pero no olvidemos que el intento de revocar las mejoras sociales y democráticas de estos últimos años ha fracasado. La mayoría del pueblo español lo ha rechazado. Un momento de alegría y de alivio generalizado.
Artículo publicado en el blog de Antonio Baylos
