El Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas de hostelería que se vieron obligadas a paralizar su actividad a consecuencia del estado de alarma declarado por el Gobierno en marzo de 2020 por la crisis sanitaria del covid-19 pueden beneficiarse de una reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
El IAE es un impuesto gestionado por los ayuntamientos que grava de forma directa cualquier tipo de actividad económica tanto de personas físicas como jurídicas.
Pues bien, a raíz de dos recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Valencia, el Supremo confirma en casación las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3, de dicha capital reconociendo efectos fiscales a la paralización obligada de la actividad.
El fallo afecta a todas aquellas empresas que se dedican a la actividad de hostelería y restauración (bares, restaurantes…) que tuvieron que cerrar sus negocios e instalaciones por la pandemia en el tiempo en el que estuvo en vigor el estado de alarma.
En ambas sentencias -con fecha 30 de mayo de 2023-, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Supremo afirma que “el cierre total, ordenado por el decreto de aprobación del estado de alarma, no determina por sí mismo, tal como se planteaba y acordaron las sentencias, la inexistencia o no producción del hecho imponible del IAE, durante el periodo de inactividad”.
En cambio, procede la aplicación al caso del régimen de paralización de industrias que establece el apartado 4 de la regla 14 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, que supone una rebaja de la parte proporcional de la cuota, según el tiempo en que la empresa o actividad hubiera dejado de funcionar.
A tal efecto, se declara también que “no es preciso ni probar en particular la paralización o cierre de la empresa, ni poner en conocimiento de la Administración tal circunstancia, pues ambas derivan directamente de la ley, que las impone como consecuencia de las medidas sanitarias”.
