domingo 12.07.2020

Las movilizaciones agrarias se equivocan de destinatario

No se pueden resolver los problemas de productividad y rentabilidad de la agricultura española con bajos salarios, fraude en las cotizaciones o sobre explotación de la inmigración.    
Las movilizaciones agrarias se equivocan de destinatario

Los tractores cortando carreteras o recorriendo las calles de las ciudades, están alterando la vida cotidiana, creando problemas y malestar en la gente común y desde luego deteriorando la imagen del actual gobierno de coalición. Y mientras, los auténticos responsables de la crisis de la actividad agraria permanecen tranquilamente en un segundo plano.

Hubiera sido mucho más oportuno y lógico que los tractores se hubieran concentrado en las sedes patronales, muy en especial de las grandes empresas de compra, distribución y venta, los Mercadona, Carrefour, Lidl, Supercor, etc. Sin olvidar las empresas exportadoras. En definitiva, de quienes marcan los precios de compra a los agricultores y de venta a los consumidores. Por cierto, buena parte de ellas corporaciones multinacionales o de proyección internacional.

Como también llama la atención que ahora, precisamente ahora, cuando el nuevo gobierno de coalición casi no ha tenido tiempo de tomar posesión, se encuentren al sector agrario movilizándose. No se trata de ser políticamente paranoicos, pero son muchos los ejemplos que han recorrido nuestra historia y la de otros muchos países como para chuparnos el dedo. ¡Qué casualidad!

Durante años, las instituciones comunitarias, hegemonizadas por la derecha y fuertemente presionadas por lobbies empresariales prefirieron la vía de la subvención a afrontar reformas estructurales en el sistema de producción agraria 

No se trata de descalificar como una operación desestabilizadora la movilización agraria. Hay muchos y profundos problemas en el campo español (y en el europeo), que explican el malestar de cientos de miles de agricultores. Y por supuesto deben abordarse y buscar iniciativas estratégicas a corto, medio y sobre todo largo plazo, que lo afronten con rigor y sin engaños demagógicos ni espejismos reaccionarios (de vuelta al pasado).

Los problemas de la actividad agrícola ya fueron analizados y previstos en el siglo XIX por numerosos pensadores sociales y económicos, entre otros por el hoy innombrable fundador del marxismo. Era y sigue siendo una realidad vinculada al desarrollo de la sociedad capitalista, a la mecanización, a la aparición y poderío de las grandes corporaciones y a la globalización.

La Europa del Mercado Común, ya desde sus orígenes, entendió las enormes dificultades del mantenimiento del sector agrario en condiciones de rentabilidad económica y de vida digna. Fue esa la razón de los ingentes recursos que durante 60 años se han destinado a la agricultura europea, evitando su ruina y el despoblamiento de numerosos pueblos y comarcas. Ello ha permitido que ser agricultor en Europa no tenga nada que ver con serlo en Asia, África o Latinoamérica.

Pero las instituciones comunitarias, hegemonizadas por el centro y la derecha durante décadas y fuertemente presionadas por lobbies empresariales, prefirieron la vía de la subvención, del apoyo artificial, a afrontar reformas estructurales en el sistema de producción agraria y en los mecanismos de compraventa de las empresas comercializadoras. Curiosamente los agricultores europeos, como es sabido mayoritariamente conservadores, dejaron que sus intereses fueran gestionados por gobiernos de centro o de derecha, mucho más favorables a las demandas de las grandes corporaciones.

Y todo hay que decirlo, a diferencia de lo sucedido con las subvenciones al campo, a estas alturas, la Unión Europea se resiste a establecer un seguro de desempleo para los trabajadores. Así que a la hora de hablar de discriminaciones hay que ser cuidadosos y rigurosos.

Dicho esto, a la hora de abordar medidas estructurales, en mi modesta opinión, hay tres ámbitos de actuación: intensificar la racionalización y modernización de la actividad agraria para mejorar su rentabilidad y productividad; establecer unas mínimas pautas en el proceso de fijación de los precios de compra y de venta; mejorar lo que podríamos llamar “el salario indirecto” de la población agraria.

Es evidente que el campo español ha experimentado un importante proceso de transformación, de mecanización, de modernización de los sistemas y productos, de selección de las plantaciones, de riego, abono, cosecha y almacenamiento, etc., que ha incrementado la productividad de la tierra, aunque no en todas las regiones y comarcas por igual. Pero sigue habiendo una fuerte presencia del minifundio y todavía una resistencia a las formas cooperativas.

Las organizaciones agrarias, con importantes diferencias de modelo y de programas reivindicativos, han ayudado a ello, aunque unas más que otras. Seguir aumentando la productividad requiere un papel más activo de estas organizaciones en la racionalización de la estructura de propiedad, en la extensión y consolidación del cooperativismo y en la negociación de condiciones de compra de material, seguros, informatización, consumos de energía y gasóleos etc.

En cuanto a la cierta regulación de los precios a los agricultores y de venta a los consumidores, no podemos engañarnos. En un sistema de libre mercado los controles de precios no son fácil ni legal ni políticamente (no quiero ni pensar lo que diría esta derecha a un control de precios). Pueden regularse ciertas franjas o criterios básicos de referencia; sería un avance indudablemente, pero sería mucha mejor garantía una “buena correlación de fuerzas”, es decir fuertes organizaciones agrarias y de consumidores que puedan negociar con firmeza con las patronales. Desgraciamente el tejido asociativo, sobre todo en consumidores es muy limitado.

En lo que se refiere al “salario indirecto”, esa sí que es una competencia directa de las TRES Administraciones Públicas y subrayo lo de TRES. Dotar de suficientes y adecuadas infraestructuras educativas, sanitarias, servicios sociales, del transporte por carretera y ferrocarril, de redes de comunicación, de presencia de servicios básicos como entidades bancarias, centros y actividades de ocio y tiempo libre…Todo lo que se ha puesto de manifiesto en las demandas de la España “vaciada-olvidada” y que exige desde ya, desde los presupuestos del 2020, locales, autonómicos y estatales, invertir recursos a corto, medio y largo plazo para revertir esa situación. 

Y una ultima apreciación, lo que en ningún caso es negociable es resolver los problemas de productividad y rentabilidad de la agricultura española con bajos salarios, fraude en las cotizaciones o sobre explotación de la inmigración.    

Soluciones hay, ni son fáciles ni son rápidas. Pero no sirve la demagogia, ni el populismo conservador, ni la puesta de perfil de las grandes corporaciones. Tenemos la suerte de que este gobierno ha respondido rápidamente, abriendo un inmediato proceso de encuentro y negociación, lo que hasta ahora no había sucedido.

Las movilizaciones agrarias se equivocan de destinatario
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