El artículo de Adela Cortina, titulado ¿Mayoría progresista? y publicado hoy mismo por El País, es tan brillante como todo cuanto escribe mi muy apreciada y estimada colega en lides kantianas. No se puede regatear un ápice su enorme talla intelectual y el poder de sus argumentaciones. De hecho, suscribiría el espíritu de su tan razonado como razonable alegato por completo, si no fuera porque considero imprescindible recordar algunos datos inadvertidos que pueden contribuir a contextualizarlo. A mi juicio con esa contextualización quizá cupiera matizar alguna de sus conclusiones y llegar a la misma meta por otros caminos. Después de todo, “el diablo está en los detalles” y, como bien sabe quien ha editado en castellano La Metafísica de las costumbres de Kant, la política debe servir para poner algún orden incluso en un pueblo de malévolos demonios.
“Dos no dialogan si el otro no quiere”. Resulta imposible dialogar cuando una de las partes rehúye hacerlo. Este proverbio, recogido por la sabiduría popular que recoge nuestro refranero, proclama una evidencia incontestable, tan obvia como una catedral. Cualquier diálogo necesita una interlocución que no se limite a simular una querencia por alcanzar un consenso fruto de la saludable discrepancia y al mismo tiempo albergue la intención de alcanzarlo, porque su hipocresía solo busca desacreditar al adversario político convirtiéndolo en el enemigo a batir y descalificándolo de todas las maneras posibles, acusándolo incluso de tener una enfermedad mental por el modo en que se ríe o aliarse con malas compañías caricaturizadas por pecados de un remoto pasado, mientras en tu caso frecuentas otras de dudoso presente y futuro.
Es curioso que cuando se denuncia esa burda estratagema comunicativa, tan letal para la democracia deliberativa, puesto que la vacía de su quintaesencia, el mensajero de tan mala noticia se convierta en alguien sospechoso y se le acuse de perseguir un interés propio, particular o colectivo, emulando nada menos que al Rousseau de la peor versión presentada por una voluntad general. Ese interesante concepto político que acuña Diderot en el artículo sobre Derecho natural de la Enciclopedia y que Kant hace suyo en su formalismo ético, en su empeño por moralizar el derecho y la política. Como señala en Hacia la paz perpetua, necesitamos políticos morales, que conjuguen sus convicciones con las responsabilidades contraídas, y no moralistas políticos que instrumentalicen la ética para perseguir sus propios intereses al margen del pueblo soberano. La gracia está en ver a quién corresponde uno u otro marchamo entre quienes nos gobiernan o pretenden hacerlo.
Lleva razón Adela Cortina cuando señala que la democracia no puede ser meramente agregativa. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular al formar gobierno en muchas comunidades autónomas y corporaciones municipales con Vox, a pesar de no compartir en principio un ideario tan radicalizado en cuestiones muy sensibles. Imagino que aquí se podrían aplicar las mismas críticas desplegadas contra el gobierno de la nación. De hecho, Feijóo intenta pactar bilateralmente con Junts el apoyo a su investidura y ofrece al parecer algún ministerio al PNV. Sólo que no le salieron las cuentas y se ha convertido en líder provisional de la oposición, radicalizando sus posturas iniciales y denunciando cosas tan graves como dictaduras o golpes de Estado ante los foros internacionales. Eso sí, propuso pactos de Estado, siempre que se le permitiera gobernar un par de años para derogar las propuestas legislativas del sanchismo, entre las que se cuentan la reforma laboral o el incremento de las pensiones. ¿Por qué no puede mantener esos pactos desde la oposición? Es una singular manera de plantear un diálogo nada horizontal. Hasta llegó a pedir públicamente los votos de Podemos para ser investido presidente, haciéndoles ver que no contarían con ellos en el nuevo gobierno.
Tener que amnistiar a un personaje cono Puigdemont resulta de lo más indigesto. Pero resulta contrario a la separación del poder ejecutivo y judicial, que algunos magistrados hayan criticado una ley a priori sin conocer sus detalles. Aunque no me hace ninguna gracia, entiendo que una de dos. De no ser constitucional esta ley no podrá salir adelante, dados los mecanismos con que cuenta nuestro sistema democrático. Y si prospera, resultará que tiene su encaje dentro de la Constitución. Esta Carta Magna ya ha cumplido cuarenta y cinco años. Hay que agradecerle su hoja de servicios, pero es obvio que necesita verse actualizada. En la Transición quedaron muchos temas pendientes y no sería inteligente seguir dándoles la espalda. La sociedad española es muy compleja y su pluralismo es uno de sus mayores activos. Hay gente que puede cantar impunemente himnos franquistas en las calles y algunos políticos atribuyen el 11M a ETA porque habría hecho perder unas elecciones al Partido Popular. Esa es la tesis de Aznar que Mayor Oreja recuerda en estos días.
Con estos mimbres resulta complicado hacer un cesto mínimamente duradero. Sin duda, lo deseable sería que las fuerzas políticas dialogarán entre sí en aras del bien común. Pero esto requiere no deslegitimar continuamente a quien ocupa el poder durante un mandato porque las reglas del juego así lo han sentenciado. La oposición debe consistir en plantear alternativas y contribuir a mejorar las propuestas que haga una determinada mayoría. Plantear todo el tiempo enmiendas a la totalidad puede ser una catarsis colectiva para los tuyos, pero es un callejón sin salida en términos institucionales. Demos al menos cien días al flamante gobierno resultante de las urnas y critiquemos con implacable dureza sus errores e incoherencias. Hubo tiempo de pactar otras fórmulas, como hubiera sido posible también a nivel autonómico y local. Pero asediar al inquilino de la Moncloa por los cuatro costados, por tierra, mar y aire, recuerda más bien al asalto del Palacio de La Moneda que ocurrió hace medio siglo. El recién fallecido Kissinger quizá haya dejado escrito algo al respecto en sus memorias.
