martes 4/8/20
CONSEJO EUROPEO

La UE en la hora de la verdad: los Presupuestos 2021-2027

La UE en la hora de la verdad: los Presupuestos 2021-2027

Cuando la UE todavía no ha empezado a digerir el impacto político del Brexit ni a afrontar sus consecuencias prácticas, en la semana que comienza el 17 de febrero el Consejo Europeo va a intentar llegar a una posición común sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, en reuniones de su Consejo de Asuntos Generales y del Ecofin que prepararán la cumbre extraordinaria del día 20. Es muy difícil que se alcance un acuerdo sobre los presupuestos de la UE para los próximos siete años, pero cualquiera de los términos que se barajan para ello representaría importantes recortes respecto a los presupuestos vigentes y recortes adicionales a los contenidos en la propuesta de  la Comisión Juncker (2018). Con ello se profundizaría el continuo declive de los recursos presupuestarios de la UE respecto a la riqueza que produce, declive que se manifiesta desde finales del Siglo XX. Y se despreciaría la voluntad política de la ciudadanía europea, expresada por el Parlamento, y la de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, expresada a través del CESE, que reclaman en términos muy parecidos más recursos financieros para fortalecer el proyecto común europeo en un momento clave de su historia.

En sentido contrario, la voluntad de una parte de los gobiernos de los Estados miembros, al menos de una mayoría de los gobiernos de los países que son contribuyentes netos, es meramente contable y restrictiva y contraria a cualquier tipo de compromiso de fortalecimiento de la Unión. El modo que tienen de enfrentarse a la crisis política que el Brexit supone para la UE, y a las crisis políticas generadas por el avance del nacional populismo de extrema derecha en numerosos países, es miope y desolador: quieren “menos Europa”.

Los países ricos son los que más se benefician de la UE y del euro, en términos comerciales y de balanza de pagos

Y si, como ha sucedido casi siempre, son los países contribuyentes netos los que determinan finalmente cual es el techo de gasto, las bien intencionadas y bien orientadas iniciativas formuladas por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen -por ejemplo la principal de ellas, el Pacto Verde Europeo- quedarán en agua de borrajas. La actitud de los países más ricos no puede justificarse por el hecho de que tengan que aportar más dinero por la salida del Reino Unido que, a pesar del “cheque británico”, realizaba anualmente una aportación neta de unos 11.000 M€. Porque, como veremos más adelante, son los que más se benefician de la UE y del euro, en términos comerciales y de balanza de pagos, al tiempo que se oponen a que la UE vea aumentados sus recursos propios, cosa que les liberaría de una parte importante de su contribución neta,. Algunos de ellos, además, propician a través de la competencia fiscal desleal el deterioro de los ingresos públicos de otros Estados y de la propia Unión.

“Síndrome de Greta Thumberg” o egoísmos nacionales

Recientemente, el Alto Representante de la PESC, Josep Borrell, achacó a los jóvenes europeos de padecer el “síndrome de Greta Thumberg” y dudó de su voluntad de sacrificar su nivel de vida para hacer frente a las grandes necesidades financieras de una transición justa hacia una economía descarbonizada. La única excusa que podrían tener las desabridas y mal orientadas palabras de Borrell es que en realidad estuviera pensando en el egoísmo de los gobiernos de los países más ricos, probable reflejo de lo que piensan una mayoría de sus ciudadanos poco dispuestos a aceptar tales sacrificios, y que dudara de los anuncios triunfalistas que la Comisión acababa de realizar sobre la financiación del Pacto Verde Europeo. Nuestro Alto Representante tiene que conocer bien el estado del debate presupuestario en el Consejo.

El 14 de enero la Comisión Europea hizo públicas dos comunicaciones sobre el Plan de inversiones del Pacto Verde Europeo y la propuesta de Reglamento del Fondo de Transición Justa. Según sus portavoces, se estaba hablando de destinar un billón de euros entre 2021 y 2030 para su financiación. En los siete años de vigencia del MFP 2021-2027 serían unos 700.000 millones de euros. Dentro de esta financiación, el Mecanismo de  la Transición Justa podría generar, en diez años, unos 143.000 millones de euros, principalmente a través de inversiones -públicas y privadas- financiadas por los créditos apalancados del BEI, de las transferencias de los fondos de cohesión (FEDER y FSE+) y de la cofinanciación de los Estados miembros. Porque, en realidad, el nuevo Fondo de Transición Justa, apenas tendría 7.500 M€ en los próximos presupuestos plurianuales (2021-2027).

En una primera apreciación se puede decir que mientras que el Mecanismo de la Transición Justa tiene una financiación claramente insuficiente, el problema sobre las cifras globales, sean los 700.000 M€ o el billón, son las dudas acerca de dónde pueden provenir, habida cuenta de la escasez de los recursos del MFP 2021-2027 que la Comisión, y no digamos el Consejo, están proponiendo. O, dicho de otro modo, o bien el Pacto Verde se lleva casi todo los recursos presupuestarios de la UE, recortando radicalmente el resto de los programas, o bien, los programas ordinarios se pintan de verde, un verde muy clarito naturalmente.

MFP 2021-2027. Algunas cifras y los términos del debate

La duda se transforma en perplejidad cuando se examinan las cifras principales de la propuesta de la Comisión y las posiciones tentativas que se barajan desde el Consejo.

La propuesta de la Comisión establece una cifra global de ingresos y gastos de 1.134.583 M€ (euros constantes de 2018) para los próximos siete años. Esto supone un 1,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27, frente al 1,16% del vigente MFP 2014-2020,  en comparación consolidada (sin las aportaciones y retornos del Reino Unido). Esto supone, de entrada, un recorte  de 51.107 M€. Lo sufren dos políticas: las de cohesión (-10%) y la PAC (-15%). Datos difícilmente compatibles con la literatura de apoyo a la Europa social -sus pilares de derechos y su cohesión- que prodigó la Comisión Juncker y heredó, e incluso reforzó, la Comisión Von der Leyen.

Pero a la moderna “Liga Hanseática”, conjunto de nueve países liderados por Holanda (1) , el recorte de la Comisión les parece insuficiente. Exigen que los gastos no excedan del 1% de la RNB. Esto supone un recorte de nada menos que 163.500 M€ respecto a los presupuestos vigentes  y de 112.000 M€ respecto a la propuesta de la Comisión.

La Presidencia de turno finlandesa presentó en el Consejo un intento de compromiso cifrado en un tope del 1,07% de la RNB. Incluso concretó los nuevos recortes de 91.993 M€, respecto a los presupuestos vigentes, y de 40.886 M€, respecto a la propuesta de la CE. Se repartirían entre las políticas de cohesión (-13,71%) y las prioridades de la propuesta de la Comisión. Entre ellas están, lógicamente, el clima y el medio ambiente.

El Consejo de diciembre no tomó ninguna decisión y mandató a su presidente, Charles Michel, a que hiciera una ronda entre todos los países europeos. La propuesta que llevará a la cumbre del Consejo del día 20, después de haberse filtrado una de aproximación -1.04% de la RNB- a los países de la Liga Hanseática, es muy parecida a la de la Presidencia finlandesa. El monto global de  los “compromisos de crédito” es de 1.097.785 M€, el 1,074% de la RNB de la UE27, lo que supone una disminución de 87.900 M€ respecto a los presupuestos vigentes y de 36.800 M€ respecto a la propuesta de la Comisión. El recorte en las políticas de cohesión sería del 12% y en la PAC del 14%.

presidenta comision

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

La posición del PE, el CESE, el CdR y de los países de menor renta

El Parlamento Europeo y el CESE se sitúan en una óptica completamente opuesta: critican la propuesta de la Comisión por insuficiente, rechazan los recortes en políticas de cohesión y en la PAC, exigen una reforma en profundidad del sistema de ingresos para que los recursos propios sean su parte principal (2), y piden que ingresos y gastos alcancen el 1,3% de la RNB. Esto supone un incremento, respecto de los presupuestos vigentes, de más de 194.000 M€, unos 27.700 M€ anuales. La posición es compartida por el Comité de las Regiones. Conviene no olvidar que, hace pocos años, el objetivo de quienes defendíamos una UE fuerte con una capacidad presupuestaria significativa era establecer un suelo presupuestario del 3% de la RNB.

El PE mantiene, hasta el momento una posición firme. En su última resolución sobre el tema (octubre de 2019) se reafirma en la petición del 1,3% del PIB, sostiene que no aprobará ningún presupuesto que no conlleve una reforma en profundidad de los recursos propios y pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para prorrogar el MFP 2014-2020, en la previsión de que no haya acuerdo en el “triálogo” con la Comisión y el Consejo antes de finales de año. Pero el “triálogo” no puede iniciarse hasta que el Consejo tenga una posición, por lo que la aprobación, si es que llega, no será antes de que culmine la Presidencia alemana, en el segundo semestre de 2020.

Mientras que Alemania y Austria mantienen posiciones muy cercanas a la Liga Hanseática, España y Portugal, junto con otros países del Sur y el Este de Europa han creado otro grupo, “Amigos de la Cohesión” (3) que se opone a los recortes drásticos en cohesión y PAC, aún moviéndose en el marco de la propuesta de la Comisión Juncker.

El injustificable egoísmo de buena parte de los países ricos de la UE

Si nos limitamos a los datos de las siempre engañosas –en la UE y en el interior de los Estados miembros- balanzas fiscales, puede surgir una comprensión hacia los países que tienen que pagar más, los contribuyentes netos, y sus opiniones públicas. Pero en cualquier sistema de intercambios comerciales, mucho más aún en un mercado único con moneda común e instituciones políticas, los términos principales del intercambio entre los Estados lo dan las balanzas comerciales y por cuenta corriente. Y aquí los datos son concluyentes de las enormes ventajas que países como Alemania y Holanda obtienen de la UE y de la moneda común. Sus superávits comerciales, actuales y previstos hasta 2021, son del orden del 6,5% en el caso de Alemania y del 8% en el de Holanda. Y sus superávits de la balanza de pagos son  del orden del 7%, en Alemania, y del 9,5% en Holanda.

Esta situación, inaceptable en una economía integrada, sólo ha motivado débiles exhortaciones en pro de su reducción por parte de las instituciones de la UE que nunca han iniciado un “procedimiento por superávit excesivo” que estaría más que justificado. Los países que se benefician de un desequilibrio de esta naturaleza, gran favorecedor de su riqueza, deben, entre otras cosas, aportar más al pequeño presupuesto común.

En el caso de Holanda, su papel es aún más criticable puesto que es uno de los países que más practican el dumping fiscal en el interior de la UE, con prácticas que favorecen la elusión fiscal a gran escala, y aún el fraude fiscal, que drenan importantes recursos financieros para realizar las políticas públicas a los demás Estados miembros y contribuye a sus déficits fiscales. Los recientes artículos de tres expertos daneses en la revista del FMI, Finance & Development, (Damgaard, Elkjaer y Jahannesen, 2018 y 2019) (4) dan cumplida evidencia del escandaloso volumen del problema y de la decisiva contribución de Holanda, junto con Luxemburgo e Irlanda, al mismo. A partir de las bases de datos del FMI y de la OCDE, estos economistas llegan a estas conclusiones: el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del mundo circula por “empresas fantasma” que no tienen ningún tipo de actividad económica. Estos flujos de elusión y fraude fiscal suman 15 billones de dólares (más que las economías china y alemana juntas). El 85% de esa cantidad va a empresas fantasma de 10 países, entre ellos los tres paraísos fiscales mencionados que son tres Estados de la UE. En cabeza: Luxemburgo, 4,0 B$; y Holanda, 3,5 B$.

Algunas conclusiones

Al pesimismo de la razón hay que combatirlo con el optimismo de la voluntad, siguiendo la máxima del viejo Gramsci. Sindicatos, organizaciones sociales y políticas progresistas europeas deberían movilizarse para exigir a los gobiernos nacionales y a las instituciones comunitarias que se abandone la política deflacionaria que lastra el crecimiento y que concentra los recortes presupuestarios en capítulos clave para el fomento de la convergencia entre los Estados y la cohesión social. Y decir bien claro que la necesaria transición hacia una economía verde y digitalizada tiene que ser justa, es decir tiene que hacerse con una alta protección de los trabajadores afectados. Y que eso cuesta mucho dinero, dinero que no está ni en las propuestas de la Comisión ni menos aún en lo que baraja el Consejo.

Hay que presionar a los eurodiputados para que el PE se mantenga firme en su buena propuesta. Y a gobiernos como el español, para que no cedan. Y transmitir a los responsables políticos europeos que abandonen su increíble ceguera. Al nacional populismo de extrema derecha sólo se le vence con una Europa más fuerte, con recursos para hacer políticas en favor de la gran mayoría de la población y de los que más lo necesitan. Que entiendan que si a los afectados por la transición verde, de los mineros del carbón polacos o rumanos a los trabajadores del automóvil alemanes o españoles no se les protege suficientemente y se les proporciona, en su caso, nuevos empleos de calidad, el triunfo de la  extrema derecha está asegurado  y con ello el fin de la Unión.

Javier Doz | Consejero del Comité Económico y Social Europeo por CCOO


(1) Integran la Liga Hanseática: Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa e Irlanda
(2) Con establecimiento de nuevas figuras impositivas –impuesto a las transacciones financieras, tasa digital, impuesto al carbono, etc.- y reforma de otras para incrementar los ingresos compartidos con los Estados miembros –introducción de la Base Impositiva Común Consolidada del Impuesto de Sociedades (BICCIS) e IVA-.
(3) Son un total de 16 países: España,  Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. De gobiernos tan antagónicos como el español y portugués respecto al húngaro o polaco, su nexo de unión es que son países de renta inferior a la media europea. Por ello han atraído a los tres miembros bálticos de la Liga Hanseática.
(4) J.Damgaard, T. Elkjaer y N. Johannesen: 2018 Piercing The Veil: Some $12 Trillion Worldwide Is Just Phantom Corporate Investment , en F&D de 10/06; 2019 “The rise of phantom investments” en F&D September 2019 Follow the Money

La UE en la hora de la verdad: los Presupuestos 2021-2027
Comentarios