El juez condena también a la empresa al pago de una indemnización de 9.000 euros y el abono de los salarios dejados de percibir durante casi el año que ha permanecido inactivo.
El tribunal reconoce que la decisión de la empresa responde a una represalia contra el vendedor por teléfono por haber participado en huelgas convocadas por la CIG.
nuevatribuna.es | Eduardo Ranz Alonso | Tribuna Laboral
6/3/15
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