miércoles 21/10/20

El IMV, un nuevo hito en el estado de bienestar

Foto. JM Cuadrado (La Moncloa)
Foto. JM Cuadrado (La Moncloa)

El Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que supone un nuevo derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica, que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica en los términos que recoge el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, publicado en el BOE del 1 de junio. La implantación del IMV representa un gran avance en los derechos sociales en España, semejante al producido por la Ley de Dependencia aprobada en 2006, por el Gobierno socialista. El IMV es una prestación permanente porque España ya tenía un problema de pobreza estructural muy grave y que se ha agudizado con los efectos económicos y sociales de la crisis del coronavirus.

La pobreza y la exclusión social están muy lejos de ser fenómenos coyunturales en nuestro país, como lleva mostrando la Encuesta de Condiciones de Vida del INE desde hace años. En 2018, último año para el que tenemos datos, se evidenciaba que una de cada cuatro personas en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, pertenecían a hogares con carencia material severa (no pueden hacer frente a una serie de gastos considerados básicos) o vivían en hogares con muy baja intensidad de trabajo, derivada de la precariedad laboral. Esta situación es especialmente grave en el caso de los hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, con uno o más niños. 

Los niveles de pobreza extrema en nuestro país son de los más altos de los países de la UE. Nuestra tasa de pobreza extrema, los hogares que están por debajo del 40% de la renta mediana, roza el 7%, duplicando la media de la UE. La distribución de la renta entre los hogares en España es más desigual que en los países de nuestro entorno. La crisis financiera de 2008 deterioró especialmente los ingresos de los hogares con menos ingresos, pero el aumento de las desigualdades precede a los años de recesión económica, situación que la recuperación experimentada desde 2014 no ha conseguido corregir.

El IMV garantiza una última red de protección económica para quienes se encuentren en una situación de estado de necesidad. Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos, y que tiene como objetivos prioritarios la reducción de la pobreza y la inclusión social. Persigue erradicar la vulnerabilidad económica, la cual genera un círculo vicioso de desigualdad, falta de oportunidades y exclusión social. 

La implantación del IMV como una prestación de Seguridad Social para las personas vulnerables, prevista desde 2015 en los programas electorales del 

PSOE, fue incluida en el Acuerdo de Gobierno de Coalición PSOE - UP, aunque su materialización no se preveía para este año. Sin embargo, la situación de fuerte crisis económica en la que nos encontramos ha provocado que se adelante su puesta en marcha definitiva. España era de los pocos países de Europa que carecía de una medida de este tipo de ámbito estatal. Con la aprobación del IMV se da cumplimiento a las recomendaciones que, cada año y desde 2014, recuerda el Consejo de la Unión Europea a España: “Mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias”. 

La propuesta es relativamente similar en enfoque y finalidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para establecer una prestación de ingresos mínimos, que en 2015 promovieron los sindicatos CCOO Y UGT para paliar el aumento de la desprotección de las personas desempleadas, provocada por la reforma laboral de 2012 y los recortes en las prestaciones por desempleo impuestos por el Gobierno del PP. En 2016 la ILP fue presentada en el Congreso de los Diputados con el respaldo de más de 700.000 firmas, y ya 2017 el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración de la ILP, si bien desde entonces ha quedado pendiente su tramitación por el bloqueo parlamentario que han venido ejerciendo las derechas. 

 En 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó el Estudio “Los Programas de Rentas Mínimas en España”. Dicho estudio se le había solicitado en 2018, tras las recomendaciones del Consejo Europeo sobre la necesidad de incorporar al sistema de protección social nuevas prestaciones económicas que mejoraran la cobertura social y contribuyeran a la reducción de la pobreza. La AIReF estimaba que la ILP sobre una prestación de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%.

Se calcula que unas 850.000 familias podrán acogerse al IMV, esto supone 2,3 millones de personas en España, beneficiando mayoritariamente a hogares con hijos. Así, más del 30% de los beneficiarios serán menores de edad que viven en estas familias. Por tanto, esta medida afectará a una mayor población, ya que en la actualidad las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas dan cobertura a unas 300.000 personas. El coste anual de esta medida es de 3.000 millones de euros, que serán financiados a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que no afectará en absoluto a las cuentas de la Seguridad Social.

Esta prestación, además de mejorar de la protección social, va a impulsar la reactivación de la economía y la creación de empleo, en la medida que los hogares destinarán el IMV al consumo de sus necesidades básicas. Una perspectiva muy diferente de las rebajas fiscales que vienen practicando los gobiernos de las derechas, especialmente a las grandes fortunas, medida que no favorece a la economía productiva, pues sólo sirve para engrosar la riqueza o el patrimonio de los que más tienen, y que en más de una ocasión ha terminado en paraísos fiscales.

La percepción del IMV es compatible con otras prestaciones o ingresos, lo que significa que quienes cumplan las condiciones recibirán la diferencia entre lo que cobran y ese umbral mínimo. Además, para lo que resta de año, los beneficiarios estarán exentos del pago de matrículas universitarias, aunque no cumplan los requisitos de renta, y los medicamentos con receta serán gratuitos, sin copago. El IMV es compatible con las rentas mínimas autonómicas, hasta el punto de que éstas no computarán en la determinación de los ingresos de la unidad de convivencia.

Su cuantía se calcula y se cobra por unidades de convivencia, no por personas (excepto si se trata de una persona que vive sola). La prestación es una para la familia, no por cada miembro adulto; será uno de ellos el que la solicite y el titular de la ayuda, aunque para calcularla se tengan en cuenta los ingresos de todos los miembros. El umbral mínimo es de 462 euros para una persona que vive sola. Y esa cifra sube 139 euros más por cada persona extra que forme parte de la unidad de convivencia, menor o adulta. Además, en caso de familias monoparentales, se suman 100 euros más. Eso sí, al final del cálculo el tope máximo es de 1.015 euros. 

La derecha y la ultraderecha de nuestro país siguen inmersas en su lodazal de crispación y ataques injustificados e irresponsables al Gobierno

Frente las críticas a este tipo de prestaciones, que argumentan que pueden desincentivar la búsqueda de empleo o incentivar el trabajo en la economía sumergida, se establece el requisito de que el solicitante esté inscrito como demandante de empleo en los servicios públicos empleo. El IMV se enmarca en un sistema de protección orientado a facilitar la plena inclusión en la sociedad y por lo tanto también en el empleo. 

El RD- Ley prevé en su desarrollo e implantación por parte de la Seguridad Social, la colaboración de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y otras entidades locales y el tercer sector. También se recoge la posibilidad de establecer convenios con las distintas Comunidades Autónomas. para su gestión económica, para este año se ha acordado iniciar el proceso con Euskadi y Navarra. La norma prevé que el reconocimiento y pago del IMV corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social y a la vez que como organismo supervisor pueda llevar a cabo las correspondientes tareas de control y verificación de la correcta utilización de las prestaciones. 

Con la puesta en marcha del IMV se agranda el abismo existente entre las medidas de protección de las personas y de reactivación económica adoptadas en la actual crisis sanitaria por el Gobierno de Coalición y las que se adoptaron de recortes del gasto público en los servicios esenciales y prestaciones sociales durante la crisis financiera por los gobiernos PP. Ante la actual crisis de la covid-19 la derecha y la ultraderecha de nuestro país siguen inmersas en su lodazal de crispación y ataques injustificados e irresponsables al Gobierno de España, pues su único objetivo es provocar cada vez más ruido y odio, instrumentalizando la crisis global del coronavirus para intentar obtener el poder que la ciudadanía no les ha reconocido en las urnas en todos los últimos procesos electorales.

Ante la pandemia del covid-19, el Gobierno está centrado en proteger la vida de las personas y paliar las graves consecuencias económicas y sociales e impulsar el diálogo social y el consenso parlamentario para alcanzar los necesarios acuerdos para    recuperación de nuestro país. Se ha puesto en marcha un potente plan de choque de medidas sanitarias, económicas y laborales, y que  están destinadas a proteger la salud, recuperar el sistema productivo y el empleo.  Un   conjunto de medidas que requieren de apoyo a través del marco   financiero de la UE, facilitando financiación adicional para las Comunidades Autónomas, liquidez y posibilidades de recapitalización para empresas y autónomos, y garantizar las rentas a las personas trabajadoras y protección a las personas más vulnerables. A todas ellas viene a sumarse este nuevo derecho, que supone una nueva conquista para el Estado del bienestar y que refuerza la justicia y la cohesión sociales y territorial.

El IMV, un nuevo hito en el estado de bienestar