sábado 20.07.2019

La mayoría social exige en las urnas que se salden sus deudas

A grandes pinceladas: la derecha y la extrema derecha han sido derrotadas en las elecciones del 28 de abril; el PSOE se ha proclamado vencedor y estos resultados han de servir inexorablemente para dar una respuesta efectiva a la crisis social, territorial y política que atraviesa el país. Los electores han dejado claro que no quieren una sociedad donde se le recortan sus derechos con excusas y se les niega su reposición con incongruentes argumentos. Quieren un gobierno donde la mayoría sea el núcleo receptor de los beneficios y no el escenario vivido en los últimos años, con un claro mundo del revés en que unos pocos se benefician de unos “muchos”.

Los sindicatos preconizaron acertadamente una imprescindible movilización electoral que diera respuesta en las urnas a las políticas de la derecha y de la extrema derecha. Estas apuntaban claramente a una indeseable involución, de la mano de un grave retroceso de las libertades y de los derechos. Esta movilización electoral se ha traducido en una alta participación democrática de la ciudadanía.

Pero el 28 de abril no se ha terminado. Nos encontramos ante un nuevo episodio de esta serie electoral que se emitirá el próximo 26 de mayo y que ha de servir para revalidar el triunfo de las fuerzas de la izquierda. Esta victoria, por tanto y como no puede ser de otra manera, ha de suponer la aplicación de políticas al servicio de la mayoría de la sociedad tanto en Europa, como en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

El 26 de mayo es la segunda vuelta electoral. La mayoría social en su conjunto (trabajadores y trabajadoras, mujeres, jóvenes…) se la vuelven a jugar. La disyuntiva se repite: a un lado, las políticas de la izquierda; al otro, las de las tres derechas que representan a las élites económicas; por una parte, las fuerzas de izquierda que defienden los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública y la participación ciudadana; por otra, los partidos que vehiculizan las propuestas de privatización generalizada de los servicios públicos, con el fin de incrementar sus beneficios y negocios propios. En resumen: los intereses generales de la ciudadanía, de todos; frente a los particulares, de unos pocos.

Ahora urge acordar, entre las fuerzas de la izquierda, un programa de medidas económicas, sociales y democráticas que mejore tanto las condiciones de vida, como de trabajo, de la mayoría social que ha derrotado a las derechas. Hablamos de un acuerdo de legislatura tasado en el tiempo, con control y seguimiento de su cumplimiento. En definitiva, un pacto de legislatura de izquierdas, es decir, al servicio de los intereses generales de la mayoría social de este país.

Ha caducado el tiempo de los gestos vacíos de la izquierda. Las excusas se han agotado. La ciudadanía necesita políticas con contenido y ya no valen los signos sin significado. No hay peros… asistimos a una mayoría en el Congreso y el Senado que debe dar vía libre a la recuperación de los derechos democráticos, sociales y laborales arrebatados por el capital, sustraídos en los últimos años con desproporcionadas políticas austeras. La mayoría social no ha recuperado lo perdido en la Gran Recesión en materia de salarios, condiciones de vida y de trabajo, protección social, derechos democráticos… Es un deber de la izquierda retornar lo detraído a la mayoría social. Máxime, si volvemos la vista al crecimiento económico que ha experimentado nuestro país y que no ha repercutido en una necesaria redistribución de la riqueza generada. Es más, si mantenemos la vista más tiempo, también comprobamos que se han triplicado los beneficios de las élites económicas y políticas, las cuales se sienten representadas por las tres derechas.

No se puede defraudar a los trabajadores y trabajadoras, pues su participación democrática es la que ha hecho posible la victoria de la   izquierda. El presidente de la CEOE, erigiéndose una vez más en portavoz de las grandes empresas multinacionales y de la gran banca, no se ha andado con rodeos y ha propuesto con claridad su fórmula deseable de Gobierno: una coalición entre Ciudadanos y el partido socialista. Ahí se ve bien a quién y qué defiende. Viene a la memoria, en anteriores elecciones, el eterno silencio de las élites, claro está que, en esos momentos, no era necesario hablar, pues ya estaba todo dicho con los partidos de la derecha.

En este sentido, el gobierno puede y debe realizar las transformaciones sociales que permitan mejorar la vida de las personas. El nuevo Ejecutivo ha de dar respuesta a las emergencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y solidarias. Se lo debe a la mayoría social.

Asistimos a un panorama donde el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las últimas décadas incluye el cambio climático que amenaza hasta a la propia existencia de la humanidad. Esto tiene como consecuencia una restricción cada día más palpable de la calidad de la democracia.

En el plano estrictamente laboral, nadie ha de dudar sobre la necesidad de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero hay que hacer las cosas bien. Previamente, es necesario derogar los elementos lesivos de la reforma laboral, así estaba pactado con el Gobierno. Otra deuda más contraída que no se puede esquivar.

Nadie ha de dudar tampoco sobre la necesidad de abordar el debate sobre el sistema de pensiones, pero, previamente, el Ejecutivo debe derogar la reforma de las pensiones del año 2013. Seguimos con las deudas que es imprescindible saldar.

Ya no existe el pretexto de la minoría parlamentaria tras el 28 de abril. Ahora, el PSOE ha de cumplir las promesas incumplidas antes de los recientes comicios: crear empleo de calidad, derogar los elementos lesivos de las reformas laborales y la de las pensiones, solucionar el problema de los desahucios y alquileres, regular y abaratar los precios de la energía, adoptar medidas reales a favor de las mujeres para la igualdad laboral y, cómo no ante los resultados habidos en Catalunya y Euskadi, empezar a sentar las bases para solucionar la crisis territorial.

Este ineludible acuerdo de legislatura de la izquierda debe expresar un proyecto de país solidario y cohesionado. No se puede asistir cada mes a las cifras de paro con meras medidas paliativas. El nivel indeseable de desempleo estará presente siempre que se rehuya de un cambio en el modelo económico y productivo. Un modelo productivo que compite en los bajos salarios y en empleo precario y temporal es prehistoria e incompetencia. Una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo; que promueva la iniciativa pública; que integre una política industrial (con inversiones y potenciación del I+D+i), que establezca una banca pública e impulse una transición energética y medioambiental, que reduzca los costes del sector energético y que genere cohesión social y económica en todo el territorio… Esto es futuro, eficacia y bienestar social.

Todo esto exige voluntad política y un Gobierno proactivo que permita recuperar y desarrollar la capacidad de acción, así como la cohesión social y territorial en nuestro país. Una economía al servicio de las personas es imposible en la actual situación de dependencia tecnológica de nuestro país respecto a las multinacionales. Y no podemos vivir en el mundo del revés que ya en el siglo XVI denunciaba Cervantes con perros que hablaban, pensaban y se reían de la irracionalidad de los humanos. El Gobierno es elegido por la mayoría ciudadana para que legisle en su favor, en su camino al bienestar y no en el de sociedades, élites y minorías; donde el capital se convierte en el bien más preciado por encima del humano.

Y es necesario y posible realizar una reforma fiscal progresiva (acercándose a la presión fiscal media europea), de manera que proporcione los recursos suficientes para llevar a cabo estas medidas, a la vez que reparta las cargas de manera progresiva. No es de recibo que sigan pagando más impuestos los que menos tienen… Volvemos al mundo del revés.

Nadie duda del alcance de estas propuestas, ni de su condición de largo plazo y recorrido. Todos somos conscientes de que no están todas, que habrá que añadir otras, pero el horizonte temporal que se nos presenta con la nueva legislatura otorga tiempo suficiente para ponerlas en marcha y aplicarlas. La mayoría social no espera. El fraude se castiga en las urnas. Las fuerzas de la izquierda tienen la legitimidad y representatividad que le han dado las elecciones. El 28 de abril ha significado un camino a la esperanza para que la irracionalidad política, económica y social no campe a sus anchas. Al menos deja claro que ya no hay excusas para gobernar por y para la mayoría social.

La mayoría social exige en las urnas que se salden sus deudas