jueves 24/9/20

La vida es un derecho fundamental, la buena muerte también

¿Por qué le cuesta tanto a la derecha empatizar con el dolor y la ideología de los demás? (María Luisa Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo de las CEF-PSOE).


La Proposición de Ley Orgánica y las enmiendas

El pasado 11 de febrero, con 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, el Congreso aprobó la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia; 7 meses después, con el inevitable retraso ocasionado por la pandemia, y a pesar de las enmiendas a la totalidad esgrimidas por PP y Vox, la tramitación de la propuesta de ley para regular el derecho a una muerte digna sigue su imparable camino hacia la aprobación.  La presentación de enmiendas parciales a la proposición de ley tiene como fecha límite el 16 de septiembre, posteriormente se constituirá la ponencia que haga realidad el proyecto. En el texto de la proposición del PSOE admitida a trámite, se recoge el derecho a la buena muerte, un derecho que, a diferencia de los cuidados paliativos aplicados a pacientes terminales, permite poner fin al sufrimiento físico o psíquico que resulte insoportable para quien lo padece sin esperanzas de curación y sin que se enfrente a una muerte inminente. Será el propio paciente, aquejado de una enfermedad grave, crónica e invalidante, quien solicite la ayuda, no podrá hacerlo nadie en su nombre.

Hace tan solo unos días el pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox; la alternativa de ambos partidos al proyecto de ley de regulación de la eutanasia es una ley basada en los cuidados paliativos, una propuesta incoherente porque en España ya se proporciona esa ayuda para aliviar el sufrimiento cercano al final de la vida, ayuda que no es suficiente para los que, sin enfrentarse a una muerte inmediata, no son capaces de seguir soportando el dolor físico o el sufrimiento de sus limitaciones. La ley de eutanasia va a regular el derecho de estas personas a solicitar y recibir ayuda para morir.

Voces discordantes contra la opinión del 84% de los españoles

Las voces discordantes que se erigen en contra de la tramitación de la propuesta son las mismas de siempre, las de los que no cejan en su empeño por imponer su “moral” a la ley; las de los que no aceptan que optar por la eutanasia es una elección personal, en ningún caso obligatoria; las de los que no respetan el derecho de todo ser humano a elegir entre dos maneras de morir y las de los que prefieren ignorar que el 84% de los españoles apoya el derecho a una muerte digna. El caso de Ramón Sampedro propició, hace 22 años, un cambio en la percepción de la sociedad española sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, tras solicitar sin éxito, que se autorizase su firme decisión de morir, buscó la ayuda de varias personas (entre ellas Ramona Maneiro, la mujer que le acompañó durante los últimos años de su vida) para que asumieran funciones individuales y concretas con el fin de evitar el delito y le ayudaran a poner fin a 30 años de postración en una cama, inmovilizado de cuello para abajo. Ramón a sus 55 años se vio obligado a aceptar la dolorosa agonía provocada por la dosis letal de cianuro potásico que ingirió.

Montes y Lamela

“Nadie puede ser obligado a morir contra su voluntad, pero tampoco a vivir cuando la vida se ha convertido en una carga imposible de soportar”. (Doctor Luis Montes). El doctor Montes, ex coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa y presidente, hasta su fallecimiento en 2018, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, consideraba la eutanasia, o lo que es lo mismo la buena muerte, la muerte digna o el buen morir, como la gran cuenta pendiente de la sanidad pública; fue quien hizo visible “el dolor de la gente que agonizaba y sufría durante días a causa de los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”. Con Lamela al frente de la Consejería de Sanidad de Madrid, se inició una encarnizada campaña de persecución contra él y ocho compañeros. Juzgado por haber aliviado las últimas horas de muchos enfermos aplicándoles cuidados paliativos y sedación, Montes fue exculpado, pero el daño moral y profesional, como el mismo denunció, era irreparable. Es importante tener en cuenta que el exconsejero de Sanidad artífice de esta deplorable historia, es, además de supremo inquisidor, una pieza clave en la consolidación de la sanidad privada y el mismo individuo cuyo despacho de abogados intentó que no se limitase el precio y el uso de las PCR privadas.

Cansada, aburrida y harta

Estoy cansada, aburrida y harta de escuchar a los que amenazan con la implantación de una cultura de la muerte, de los que consideran el derecho a elegir la forma de morir como la gran derrota de la sociedad española, de los que hablan de la eutanasia como una forma de homicidio; harta de los que hablan de ahorro en pensiones y tratamientos médicos. A todos ellos les aconsejaría que escuchen a quienes conviven con un sufrimiento incompatible con la condición humana, como Jesús Vázquez Conde diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien, en enero de este mismo año, pedía en una mesa redonda celebrada en la Casa Museo Casares Quiroga (A Coruña) una ley, para él, y para todos los que la necesiten, que despenalice la eutanasia. Les aconsejaría también que no olviden el caso de María José Carrasco, a la que su marido ayudó a morir tras años de súplicas pidiendo la muerte, aunque como el mismo reconoció “si lo hubiera hecho un médico, la duermen y no sufre y tampoco sufre la persona que está con ella”.

La vida es un derecho fundamental, la buena muerte también