El gobierno del Partido Popular está dispuesto a hacer aprobar en solitario y por la brava una nueva ley electoral para las municipales, que vendrá a consagrar como alcaldes a los/las cabezas de la lista más votada con un suplemento de concejales que les asegurará la mayoría en el consistorio. La noticia es que le ha surgido un apoyo en donde tal vez menos se lo esperaba: en Cataluña. A Convergència i Unió le gusta el proyecto. Cospedal se ha apresurado a cantar victoria y a reclamar “diálogo” de todo el amplio abanico de la oposición restante. El diálogo es, en efecto, un ingrediente muy necesario de la política, pero sólo cuando se produce antes de tomar las decisiones, y con el fin de consensuarlas; no después, para obligar a todos a asumir una decisión adoptada según el principio del ordeno y mando. Resulta obsceno que un gobierno que ha convertido en tabú la práctica del diálogo venga ahora a reclamarlo de la oposición en relación con decisiones ya tomadas.
En cualquier caso, la posición de CiU en este punto no responde a ningún diálogo, ni previo, ni en curso, ni en perspectiva, con el gobierno central. Los puentes siguen rotos, y no hay previsión inmediata de recomposición. Dicen que Mariano Rajoy tiene un plan B para Cataluña (extraño, cuando nunca ha tenido ni siquiera un plan A) y que lo pondrá en marcha después de que el TC lamine la ley de consultas aún pendiente de aprobación en el Parlament catalán, y haga constitucionalmente inviable el referéndum soberanista del 9 de noviembre. Sea o no cierto el rumor, es precisamente en esta perspectiva de un plan B en la que encaja el entusiasmo del gobierno autonómico catalán por la nueva ley de los populares. Le viene como un maná caído del cielo.
Artur Mas tendrá que hacer aún unos cuantos jeribeques para que sus propuestas lleguen a ser aceptadas en un entorno bastante escéptico en lo que se refiere a su liderazgo, pero la ley de los alcaldes mayoritarios le brinda un instrumento idóneo para reconvertir una situación francamente adversa. La idea sería, como se ha anunciado a partir de los pertinentes globos sonda, convertir las elecciones municipales en un seudo referéndum plebiscitario sobre la independencia. Plebiscito, ese es el concepto clave. José Luis López Bulla prefiere llamarlo “plebeísmo”, por la degradación que impone a los electores, a los que obliga a pronunciarse de forma taxativa entre un Sí y un No, a estar de forma incondicional a favor de Nosotros y en contra de Ellos. En un mundo en el que cada vez resultan más sustanciales los matices, y se extienden hasta predominar en el paisaje los tonos apagados, los grises y los “esfumatos”, el plebeísmo como doctrina política impone la crudeza del blanco o el negro, sin transición ni transacción entre ellos. Sin diálogo, por más que Cospedal se haya hecho al respecto ilusiones vanas.
La idea de CiU para las municipales es agrupar en una candidatura conjunta a las fuerzas soberanistas, de modo que los resultados arrojen una mayoría abrumadora en favor de una Cataluña independiente. Claro que sería una mayoría ful, introducida de matute en los comicios disfrazada de lagarterana; pero tendría la virtud de soslayar la prohibición del Constitucional y colocar de nuevo la pelota en el campo del gobierno.
La pelota podría quedarse allí bastante tiempo. Las elecciones generales estarán para entonces a la vuelta de la esquina, y dada la escasa propensión de Rajoy al diálogo y su alergia a proyectar cualquier cosa que sea, tengo la sospecha razonable de que el plan B de nuestro presidente consista en quedarse plantado delante de la ventana para ver si finalmente aparecen los brotes verdes de la economía.
De momento, en el mes de agosto se ha producido un repunte del paro. El nuevo curso político se anuncia movido.