Hace años tuve la oportunidad de poder apoyar la lucha de los trabajadores peruanos y sus sindicatos en defensa de su Seguridad Social pública. Las circunstancias quisieron que mi estancia en Lima se produjera pocos días antes del autogolpe de Estado de Fujimori para perpetuarse en el poder.
Desde entonces, siempre que recuerdo la lucha por la Seguridad Social pública, me viene a la mente su relación con la defensa de las libertades democráticas.
Y eso mismo me ha pasado esta semana, en lo que posiblemente sea uno de los Plenos del Congreso más duros, por la intensidad del ataque a los derechos sociales y democráticos.
En una misma semana, el Congreso aprueba la Ley de recorte de las pensiones, se perpetra un pucherazo en Castilla-La Mancha, que representa la evidencia de que para el PP no hay límites, y se anuncia por parte del Gobierno una nueva Ley de Seguridad Ciudadana y una Ley antihuelga.
Sorprende la poca repercusión que ha tenido la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Quizás porque la intensidad y diversidad de los obuses lanzados contra las libertades es tal, que la ciudadanía no tiene capacidad suficiente de reacción.
La reforma del Estatuto castellano-manchego tiene un único contenido: reducir el número de diputados de las Cortes Autonómicas. Y un único objetivo: la perpetuación de Cospedal y el PP en el poder autonómico.
A pesar de los muchos esfuerzos que hicieron los portavoces del PP para presentar su reforma del Estatuto como una medida de austeridad, lo que confirma que el nivel de cinismo y manipulación mediática del PP no tiene límites, en el debate quedó claro que su único objetivo es el control político de su comunidad autónoma por la vía de impedir la presencia de otras fuerzas políticas que no sean PP y PSOE. Cada vez es más evidente que contra el PSOE, el PP vive mejor.
El resultado de esta reforma estatutaria es que todas las fuerzas políticas que no superen el 14% de los votos no tendrán representación en las Cortes Regionales. Conviene recordar que, no hace mucho en una anterior reforma, se aumentó el número de parlamentarios a elegir para facilitar el control de la Cámara. Y que Cospedal, en una decisión de corte mussolianiano, decidió que los parlamentarios autonómicos no cobraran por su trabajo, en una vuelta al sistema del siglo XIX, por el que solo podían ejercer cargos de representación política los caciques, los señoritos o quienes estuvieran a su servicio y en su nómina.
Más allá del contenido concreto de las leyes aprobadas, en la actitud del PP hay todos los elementos de los regímenes autoritarios con formas democráticas. En otros momentos de la historia española a estas situaciones se les ha llamado Dictablandas. A quienes piensen que abuso del término primoriverista, porque en estos momentos no existe intervención del Ejército, solo quiero recordarles lo que dicen los sociólogos sobre las modernas formas de dominación social. Antaño, el control de las sociedades por los poderosos se realizaba a través del uso de la fuerza, la policía y los ejércitos. Hoy, el control social no requiere de estos mecanismos tan burdos, porque el control social se lleva a cabo a través de la dominación ideológica de las mentes. El papel del ejército en el control social lo desempeñan hoy los poderes mediáticos. Lo explica de maravilla el profesor Manuel Castells.
Es ese control social el que le permite a Rajoy la reforma de leyes básicas para el Estado social, como la de pensiones, con el único voto a favor del PP y en contra de todo el resto de partidos, así como de sindicatos, empresarios y organismos consultivos.
Y para poder imponer sin oposición de ningún tipo estas contrarreformas sociales, se pretende registringir el uso de las libertades y los derechos fundamentales. Se trata de impedir la existencia de contrapesos sociales, ignorando que la democracia es sobre todo la existencia de contrapoderes. Por supuesto, presentándolas como medidas necesarias para garantizar la seguridad, la convivencia.
Una sociedad en la que se concentra en una sola mano el control de todos los poderes –legislativo, ejecutivo, judicial, organismos supervisores– y se impide el ejercicio de los derechos fundamentales, se aleja de las condiciones básicas de la democracia. Una sociedad en la que quienes ostentan el poder van cambiando las reglas de juego, las reglas institucionales, para adaptarlas a sus intereses partidarios con el objetivo de mantenerse en el poder, carece de los atributos propios de los sistema democráticos. Por eso me parece que en la semana del 20N se ha cruzado una línea peligrosa para la democracia.
El PP afronta esta segunda parte de la legislatura con un doble objetivo, aparentar una dulcificación de sus políticas económicas en un contexto de aparente y ficticia recuperación y cohesionar a su electorado más derechista con políticas de régimen duro en el terreno de las libertades civiles. En esta línea van las anunciadas reformas de la Ley de aborto, el proyecto de Código Penal y las anunciadas leyes de Seguridad Ciudadana y antihuelga.
En este contexto, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, impulsado por la que es la secretaria general del PP, no es una medida más. Es la evidencia de que en España se está materializando un autogolpe de Estado para la perpetuación del PP en las instituciones. Esta semana no he podido dejar de pensar en el Perú de Fujimori.