Todos los madrileños conocemos bien la forma de gobernar del Partido Popular en nuestra Comunidad desde que llegó al poder tras el tamayazo la Sra. Aguirre. Sabemos que a lo largo de estos años se ha dedicado a destrozar todas los pilares del Estado de Bienestar, desprestigiar al Parlamento Regional con una política de corte autoritario que ha inutilizado la normal dinámica parlamentaria, intentar eliminar a las organizaciones sindicales obviando su legitimación constitucional, atacar y minusvalorar a los funcionarios y empleados públicos, dificultar y poner en tela de juicio las libertades de reunión y manifestación, eliminar en la practica la aplicación de la ley de dependencia, destrozar en buena medida la educación pública y como objetivo político prioritario desmantelar la Sanidad pública procediendo a una privatización salvaje de la misma.
Desde una absoluta prepotencia, los sucesivos gobiernos del PP en Madrid han actuado considerando que las Instituciones Públicas les pertenecían; con una forma de ejercer el poder político impropia de una democracia, tratando de justificar su comportamiento con el burdo argumento de una mayoría absoluta que nadie discute pero que nunca puede suponer en democracia un ejercicio del poder de tinte absolutista.
Las brutales medidas que desde 2003 los gobiernos del PP han llevado a cabo, han actuado como dinamizador de las respuestas de rechazo de todo el tejido social. La izquierda política noqueada desde el tamayazo comenzó a reaccionar, las organizaciones sindicales que en un primer momento intentaron concertar y llegar a acuerdos, vieron cómo estos quedaban en papel de paja y el gobierno imponía sus medidas sin ningún consenso y ante ello aumentaron la presión sobre el gobierno con movilizaciones que han tenido importante eco social, los ciudadanos viendo como todos los logros sociales conseguidos tras años de lucha les iban a ser arrebatados tomaron la iniciativa, ocuparon numerosas veces las calles de Madrid y manifestaron su enérgico rechazo a la política del PP.
La política neocon del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ha tocado techo con la pretensión de privatizar seis hospitales más y un determinado número de centros de salud de la Sanidad Pública madrileña; a ello se ha unido una agresión sin precedentes a los profesionales y trabajadores del sector sanitario, la instauración de unos recortes severos en los recursos destinados al servicio madrileño de salud y al mismo tiempo la aprobación de nuevos copagos.
Desde la soberbia que ha caracterizado su política, el gobierno del Sr. Ignacio González no valoró jamás el creciente descontento social que estas medidas iban generando, así las sucesivas mareas blancas (tomando el relevo de otras anteriores ) han supuesto una movilización social que hoy es imparable. El empecinamiento del gobierno regional en persistir en ese proceso privatizador, ignorando el millón de firmas recogidas en su contra, es en principio difícilmente entendible.
La chapuza en que se ha convertido tanto la publicación de la licitación para la concesión de los seis hospitales a privatizar como las correcciones posteriores en los pliegos de condiciones, han puesto de manifiesto las mentiras e irregularidades que ha presidido todo el proceso privatizador sanitario así como los verdaderos objetivos del mismo, que no son otros que hacer negocio con la salud.
Las recientes declaraciones del Presidente de uno de los grupos empresariales que se han presentado al concurso (HIMA SAN PABLO) han puesto al desnudo las verdaderas intenciones de la privatización; es de agradecer a este empresario se haya manifestado con tal claridad y sinceridad pues sus fines son los mismos de las demás empresas que se han presentado. Quizá ahora, conociendo esas declaraciones y con el antecedente de exconsejeros convertidos en consejeros delegados en empresas a quienes ellos adjudicaron centros y actividades sanitarias privatizadas, pueda entenderse mejor la persistencia del gobierno regional en proseguir el proceso privatizador.
La reciente admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos en el primer proceso privatizador hospitalario, adquiere gran relevancia al comparecer en calidad de imputados los exconsejeros Lamela y Güemes (los de la puerta giratoria), de la actual viceconsejera Patricia Flores y del Director General Sr. Burgueño (intermediador con las empresas privadas) y como testigos otros altos cargos de las Consejería de Sanidad y de responsables de empresas adjudicatarias.
Todo lo sucedido en Madrid desde 2003 con el PP en el Gobierno Regional desprende un aspecto de opacidad inaguantable junto a una sensación de corruptela e irregularidad permanente. Los casos conocidos de corrupción de responsables políticos del PP asociados a actividades de la trama mafiosa Gürtel, las informaciones conocidas sobre posible financiación irregular del Partido Popular en Madrid en campañas electorales, las sospechas no aclaradas sobre el golpe de estado civil que supuso el tamayazo junto a todo lo expuesto en relación a la sanidad pública madrileña, exige ya una respuesta clara e inmediata del gobierno regional que conlleve aparejada la imprescindible asunción de responsabilidades políticas (las penales, si las hay, las dirán los tribunales).
En mi opinión, ante los hechos acaecidos que comportan responsabilidades tan flagrantes, en democracia solo cabe una respuesta: la dimisión.
Si el Sr. Ignacio González no tiene la decencia política de presentarla, los ciudadanos debemos exigir la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid para que hablen las urnas. La salud democrática lo exige.