jueves 21.11.2019

Regeneración democrática y Estado laico

La regeneración democrática también pasa por la construcción de un Estado laico y de cumplir compromisos electorales.

La regeneración democrática también pasa por la construcción de un Estado laico y de cumplir compromisos electorales

Estamos en el periodo legislativo de formar un nuevo Gobierno, después de las elecciones del 20D15. La situación -a día de hoy- se presume harto compleja, dadas las posturas tan distantes entre los partidos estatales y territoriales, con una aritmética parlamentaria -en apariencia- saludablemente plural, pero que -en la práctica- tiene sus naturales complejidades ideológicas y políticas, pero -sobre todo- donde abundan las tácticas políticas, ya que algunos (o casi todos) piensan -más- en clave electoral, que en poder llegar acuerdos de mínimos.

Desde la segunda mitad de 2015 una parte muy amplia de la ciudadanía viene valorando como muy positivos pequeños, aunque muy valiosos, gestos para la construcción del Estado laico, que se vienen produciendo en el ámbito local.

Hechos similares se sucedieron a raíz de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos allá por 1979. Sin embargo, poco a poco, -sobre todo- a partir de la segunda mitad de la década de los noventa esos iniciales gestos para la secularización de la política y de las instituciones públicas locales se fueron esfumando en la mayoría de los municipios que lo habían iniciado, contagiados (quizá) por un Estado central y territorial que mantenía, cuando no aumentaba, los privilegios hacia la Iglesia católica oficial.

A lo largo de estos casi cuatro décadas de democracia formal hay que reconocer que se han conseguido algunos importantes avances en Derechos civiles que han sido sistemáticamente repudiados -con mucha dureza en ocasiones-  por la “corporación y cúpula católica” (desde el vaticano a la Conferencia Episcopal Española, como fueron el divorcio, los derechos sexuales y salud reproductiva, la orientación sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. etc. 

Pero, sin embargo, continúan vigentes e incluso -en algunas cuestiones- han ido aumentando los privilegios jurídicos, políticos, tributarios, económicos y en materia de Enseñanza y servicios sociales de los que disfruta la Iglesia católica, consecuencia de una singular y ancestral herencia del pasado nacional-católico, cuya coartada política -actual- son los Acuerdos con el Vaticano de 1979 (y 1976) y la perduración del Concordato franquista de 1953.  Además de la ambigüedad calculada de la Constitución de 1978, en cuanto a la libertad de conciencia y a la cuestión religiosa.

En algunos programas políticos de centro izquierda para las elecciones del 20D15 aparecía el compromiso (más o menos matizado) para avanzar hacia la laicidad de las instituciones del Estado, incluido el Sistema educativo.

La sociedad española ha cambiado enormemente en estas cuatro décadas y las encuestas, año tras año y de forma progresiva demuestran que la secularización potente y normalizada de la ciudadanía es un hecho incontestable y en todos los campos y, sobre todo, entre las personas que han nacido a partir de los años setenta.

Sin embargo mientras que la sociedad se seculariza, la política y las instituciones del Estado, hasta ahora, mantienen un cierto statu quo insostenible democráticamente, con la Conferencia Episcopal Española.

Durante estos días de confusión y complejidad política, consecuencia de la muy plural aritmética electoral que ha salido de las urnas, la cuestión de la laicidad parece haber pasado al olvido, al menos en el ámbito de los debates políticos y de las primeras medidas de Gobierno que se han hecho públicas y que se proponen por unos y por otros o de cara a posibles pactos de gobernabilidad.

En suma, la importante cuestión de la laicidad institucional, como parte de la tan necesaria “regeneración democrática”, no está saliendo a debate.  ¿Táctica electoral?

Será muy loable que las diferentes fuerzas políticas consigan llegar  a “acuerdos de Estado” sobre regeneración democrática e, incluso, a un posible “acuerdo” sobre la necesaria reforma de la Constitución de 1978, para adaptarla a la situación interna e internacional de este siglo y que pasa, entre otras, por cuestiones tan importantes como: evitar la corrupción política y de las instituciones del Estado // la eliminación de las puertas giratorias // procurar una justicia rápida e igualitaria, //  desarrollar una reforma de la ley electoral acorde a estos tiempos // elaborar nuevos postulados territoriales del Estado // o, amarrar garantías constitucionales de derechos sociales y civiles universales, etc. pero también necesariamente hay que abordar la cuestión de la laicidad.

No para caminar hacia un Estado pluri-confesional (como desde algunos ámbitos se pretende), sino para construir un Estado laico que trate por igual a todas las personas independientemente de sus convicciones y creencias y no privilegie social, económica y jurídicamente a las entidades religiosas, por encima de otro tipo de entidades y asociaciones.

Por ello hay que recordar a los nuevos y viejos actores políticos que esa necesaria regeneración democrática pasa, también, por conseguir la laicidad de las instituciones del Estado y la eliminación de los privilegios de la Iglesia católica.

En suma, trabajar por una hipotética regeneración democrática sin abordar la construcción del Estado laico, se quedaría muy coja.  Porque democracia y laicidad institucional y política son principios (sinónimos) y básicos de un Estado de Derecho.

Y ello se lo tendremos que recordar, desde una parte muy importante de la sociedad civil, que prendemos justicia e igualdad, en todos los ámbitos (a todos los grupos políticos parlamentarios), al menos a los que en sus programas electorales llevaban el compromiso de avanzar hacia el Estado laico. Porque cumplir los compromisos electorales, también es parte de la regeneración democrática.

Regeneración democrática y Estado laico