El pasado 30 de octubre en el Congreso de Diputados se presentó a consideración a una Proposición no de Ley por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Albert Rivera inició su intervención con las siguientes palabras:
“Les decía que fue una mala idea en un mal momento y que hay que corregir allí donde se generó. Aquí, en el Congreso de los Diputados, hoy sus señorías van a tener que decidir si le quieren meter la mano en el bolsillo a los que heredan un piso de sus padres o sus abuelos, si quieren meter la mano en el bolsillo a los que donan dinero para que sus hijos salgan adelante o puedan comprar un piso o si quieren que el esfuerzo y la igualdad primen por encima de las ansias recaudatorias y, además, de la desigualdad entre españoles”.
Palabras todo un ejemplo de populismo barato. ¡Qué fácil es ganarse a las masas con estos discursos! Además de mentir de una manera descarada. Es un auténtico trilero. Argumenta que el impuesto de sucesiones y donaciones propicia la desigualdad entre los españoles. Todo lo contrario. Precisamente es un impuesto para paliar en parte la desigualdad.
La réplica del diputado Alberto Montero Soler del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea fue contundente y clarificadora, mostrando las falacias de la propuesta de Rivera. Ahí va: “Ustedes pretenden algo absolutamente intolerable desde cualquier punto de vista, como es acabar con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es un instrumento fundamental para luchar contra las desigualdades y especialmente para luchar contra la transmisión de la desigualdad entre generaciones. Si no, señor Rivera, ¿por qué se cree que existe este impuesto en veintisiete de los treinta y cuatro países de la OCDE? ¿Por gusto? ¿Cree que España es una anomalía en el contexto europeo y en el contexto internacional, cuando la recaudación en España por este motivo en proporción al producto interior bruto es asimilable y está en la media de la Unión Europea? ¿A usted le parece que no es así? En los países donde no existe el impuesto lo que ocurre es que hay un gravamen superior sobre el impuesto sobre el patrimonio o sobre el impuesto sobre bienes inmuebles. Con esos datos, ¿a usted le parece que España es una anomalía?
Es más, ustedes, que se reclaman liberales y que por tanto deberían hacer apología de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades, pretenden eliminar un impuesto que precisamente trata de luchar contra la desigualdad de partida. La igualdad de oportunidades y la igualdad de las condiciones de partida debería ser parte de su patrimonio ideológico y ustedes lo están rechazando.
Evidentemente, nosotros estamos en contra de esa desigualdad y defendemos el impuesto, pero no solo nosotros, señor Rivera, lo defienden también peligrosos izquierdistas como el señor Soros, el matrimonio Gate, los Rockefeller o Warren Buffet, que en 2001 escribieron una carta que hicieron pública en la que decían textualmente: Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia y nuestra sociedad. Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes. Eso lo decían quienes les he dicho. ¿No tiene que decir nada al respecto?”
Yo querría apuntalar con nuevos argumentos la réplica del Alberto Montero. Según Jesús Mota, el argumento antisucesiones insistente y con gran difusión mediática, se basa en que el capital que recibe el heredero ya ha tributado en vida del donante. Pero omite que el impuesto tiene una función social (corregir la desigualdad que ratifica socialmente una herencia); que el acto impositivo del heredero es distinto del acto tributario pagado por quien generó el capital transmitido y que cualquier capital o renta está sometido a más de una imposición en la práctica, puesto que cuando se gastan los ingresos sujetos a renta soportan impuestos indirectos. Es también muy aleccionador el artículo de Lidia Brun, Impuesto de Sucesiones: una herramienta esencial para combatir la desigualdad. Indica que el IS tasa una transferencia de patrimonio, y la persona beneficiaria está pagando por primera vez. Decir que es una doble imposición sería lo mismo que decir que lo es el IVA porque ya hemos pagado el IRPF sobre nuestro sueldo. Además, afecta a muy poca población, la de mayor patrimonio, mientras que la gran mayoría de herencias están exentas o con grandes bonificaciones.
En una sociedad como la española, donde el 10% más rico posee más de la mitad de la riqueza, y la mitad baja apenas el 6.6%, desde la derecha se crea el discurso, que cala en el ciudadano, de la falsa injusticia del IS, y así se está minando paulatinamente la legitimidad recaudatoria del Estado, que es el seguro colectivo de que el progreso se convierte en Bienestar compartido.
Es cierto que el diseño desimpuesto de sucesiones y donaciones dista de ser óptimo y habría que debatir sobre su mejora para hacer su recaudación más progresiva y efectiva. Se debería armonizar, tanto de mínimos exentos como de tipos impositivos entre las diferentes CCAA. Ya que la situación actual propicia el dumping fiscal o la competencia desleal, por la facilidad de los residentes de otras comunidades para empadronarse donde la fiscalidad sea más conveniente. Allí dónde el capital se mueve libremente, debería haber la misma fiscalidad.
Para el economista Branko Milanovic, es incompatible defender una sociedad meritocrática, como defiende Cs, y estar en contra del impuesto de sucesiones, que tiene una larga historia dentro de la tradición del liberalismo progresista, que ponía énfasis en la igualdad de oportunidades y la necesidad de igualar las condiciones en la que los ciudadanos de distintas procedencias «entran» en la sociedad. Quienes lo hacen sobre un patrimonio heredado, tienen ventajas «inmerecidas» sobre el resto, y más probabilidad de tener mejor fortuna por la simple razón de que el capital genera rentas. Sin olvidar que además del patrimonio material, las familias con más recursos ya han proporcionado a sus descendientes una formación de calidad, y un gran bagaje de capital social y cultural (red de contactos, empoderamiento, etc.), cuya igualación es una quimera.
Los expertos en desigualdad saben que las herencias son el mecanismo más importante de perpetuación de la desigualdad entre generaciones, permiten la acumulación de grandes patrimonios y minan los principios básicos de una sociedad liberal y democrática. Y por último Sr. Rivera, usted que tanto habla de cumplir nuestra Constitución, le recuerdo su artículo 31.1 «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…» Y el impuesto de sucesiones y donaciones es claramente progresivo .
Por otra parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acaba de anunciar que si se convierte en presidente del Gobierno hará una "revolución fiscal" que incluirá la supresión de impuestos como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Quiero presentar algunas reflexiones sobre esa obsesión contra los impuestos por parte de la derecha española.
Como señala Jorge A. Castillo Alonso en el blog Garabatos al margen, la ideología neoliberal nos ha impuesto unas determinadas creencias que nos hacen ver como naturales e incuestionables, y que hay que aceptar como auténticos dogmas de fe. No son creencias articuladas en un discurso trabado y coherente. Se manifiestan en unas actitudes instintivas, más emocionales que racionales. Una de ellas: «Los impuestos son malos». Es una aversión irreflexiva, como si el pagar impuestos fuera un expolio del Estado. Es frase repetida y asumida: «Hacienda me ha quitado 2.000 euros este año en la declaración de la renta». Es decir, que el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales lo vemos como un robo. Todo un ejemplo de falta de conciencia cívica.
Esta aversión irreflexiva hacia los impuestos se explica en parte por el discurso político dominante. En España, a pesar de las «diferencias ideológicas» del PP y PSOE, su visión negativa de los impuestos es prácticamente la misma. El PP lleva años defendiendo las bondades de la bajada de impuestos. Como Ciudadanos. Zapatero en 2003 nos dijo que «bajar los impuestos es de izquierdas» y ahora las comunidades autónomas socialistas eliminan o hacen cuantiosas exenciones al impuesto de sucesiones y donaciones. Sólo Podemos discrepa de esta visión general.
Los grandes partidos, con la excepción comentada, repiten el mantra de que los impuestos son malos para la economía. Si se reduce la presión fiscal tendrá más dinero la gente en su bolsillo, gastará más, aumentará el consumo, crecerá la economía y se crearán puestos de trabajo. Nadie nos dice qué bolsillos se llenarán y si el mayor consumo supondrá una mejora de la calidad de vida. Igualmente que, de acuerdo con la tesis de que los beneficios de políticas económicas favorables a los más ricos, como desgravaciones fiscales, acabarán goteando hasta las clases más desfavorecidas. Parece ser que los ricos son ricos en interés de los pobres y que gravar en exceso sus rentas nos perjudicará a todos. Vista la situación actual de injusticia y desigualdades crecientes, la teoría del goteo hacia abajo es un auténtico fraude. El Papa Francisco lo señaló en su Exhortación pontifical Evangelii Gaudium: «Algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos esperan».
Sin embargo, el discurso político sobre los impuestos no basta para explicar esa aversión impositiva en gran parte de la sociedad española. Para fomentarla los gobiernos utilizan otras estrategias más sutiles y efectivas. La corrupción o el fraude fiscal, que no son atajados. Los gobiernos dando una visión negativa de los funcionarios como muchos y vagos, de la que exceptúan a los miembros del ejército, policía y guardia civil. Así, ¿Cómo vamos a pagar gustosos nuestros impuestos? Además se oculta la relación de los impuestos con la calidad de los servicios públicos. Muchos políticos por sus palabras parece que la inversión en un servicio público saliese de su bolsillo. No se trata de un desliz inocente. Ramón Luis Valcárcel, siendo presidente de la Comunidad de Murcia, hablando de la necesidad del copago: «Los servicios básicos, como la educación y la sanidad, no pueden ser soportados por el presupuesto de una región ni por los presupuestos de una nación. Es muy necesario plantear que los ciudadanos tengan que asumir también el coste de esos servicios, en el porcentaje que sea». ¡Qué desfachatez! ¿Los presupuestos de su región los paga de su bolsillo? Ocultando la relación existente entre impuestos y servicios públicos se evita que, cuando el gobierno anuncie una nueva bajada de impuestos, la gente se pregunte cómo va a repercutir eso en sanidad, educación o prestaciones sociales.
¿Qué es lo que se esconde tras ese afán de desprestigiar y reducir los impuestos? Muy claro, reducir lo público y allá donde el Estado mengua crecen las oportunidades de negocio privado. Deteriorar la educación y la sanidad públicas es oportunidad de lucro para la iniciativa privada. Reducir las pensiones negocio a los fondos privados de pensiones. ¿Qué significa privatización? La privatización le quita al Estado la capacidad y la responsabilidad para reparar y mejorar las condiciones de la gente; elimina también la responsabilidad de la conciencia de sus conciudadanos, al desvincularse de los problemas comunes. Lo único que queda es la caridad. Pero esta es una respuesta inadecuada ante tanta desigualdad e injusticia. De manera que aunque la privatización tuviera el éxito económico que se le atribuye (por cierto, dudoso), sigue siendo una catástrofe moral.
Sorprende que a muchos ciudadanos se les olviden las funciones de los impuestos. Es el principal instrumento de los Estados para redistribuir la riqueza y paliar las injusticias. Sin una política impositiva progresiva y redistribuidora es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. La ideología neoliberal hace muy bien su trabajo. La izquierda en lugar de preocuparse por inventarse nuevas banderas en reemplazo de la igualdad, debería conservar ese estandarte. La lucha por la igualdad es irrenunciable. De ahí que no sea de recibo para una izquierda, de verdad, aplicar las mismas políticas que la derecha en materia fiscal.