domingo 5/12/21

Una demostración de fuerza y un aviso al Gobierno

Los primeros 100 días de la Administración Rajoy han sido desoladores para la mayoría social de nuestro país. Confundiendo la legitimidad legislativa, democráticamente obtenida en las urnas, con el funcionamiento orgánico del derecho feudal, el Gobierno del Partido Popular ha realizado un giro radical hacia la extrema derecha desde la misma sesión de investidura.

Los primeros 100 días de la Administración Rajoy han sido desoladores para la mayoría social de nuestro país. Confundiendo la legitimidad legislativa, democráticamente obtenida en las urnas, con el funcionamiento orgánico del derecho feudal, el Gobierno del Partido Popular ha realizado un giro radical hacia la extrema derecha desde la misma sesión de investidura.

El programa de gobierno del PP, aquel “programa oculto” de la campaña electoral, aparece hoy claramente en cada medida adoptada en las diferentes Administraciones del Estado en las que gobiernan. Aplicando la ley del vasallaje y la dialéctica amo-esclavo, los y las representantes electas del PP han tomado las instituciones del Estado y las pretenden gestionar como si fuese su casa, como algo privado, sin dar explicaciones o rendir cuentas públicamente. A esto debe referirse la insistente metáfora del Gobierno sobre la economía doméstica, esa consigna de mercadillo de “no se puede gastar más de lo que se ingresa”, etc.

Incumpliendo la máxima democrática de gobernar para todos y todas las ciudadanas del país, incluso para quienes no les han votado, el Ejecutivo neoconservador ha incendiado las calles “convocando huelgas” desde Bruselas o anunciando que, “ocurra lo que ocurra”, no modificará su política de “recortes” antisociales. Gobernar de espaldas a la calle es justamente lo que desalojó del Gobierno, recientemente, al anterior presidente, Rodríguez Zapatero. Los primeros resultados de esta conducta patrimonialista del Estado y de las instituciones y Administraciones colectivas son evidentes: el, contra todo pronóstico estadístico, rotundo fracaso electoral del PP en Andalucía y la Huelga General más secundada de la última década.

Estos dos acontecimientos, en los primeros 100 días de Gobierno, pueden ser un aviso tanto para quienes creían que votar por el PP era “votar por el cambio”, como para quienes están sufriendo un repentino ataque de nostalgia por el ex-presidente Zapatero. Ex-presidente que, recordemos, comenzó el proceso de desmantelamiento del Estado de Bienestar con las mismas premisas teóricas que su sucesor: inviabilidad económica del sistema y presiones externas.

La lección dada por la ciudadanía a Zapatero parecería, pues, evidente y el actual presidente debería tenerla muy presente: Las urnas otorgan la legitimidad numérica para gobernar, pero es en el ejercicio del Gobierno donde se debe revalidar, permanentemente, la confianza social de la mayoría. Dicho de forma menos diplomática: Con las actuales medidas; injustas, inútiles e “impopulares”, Rajoy está poniendo en riesgo, no sólo el futuro del país, sino las posibilidades mismas de la supervivencia política de la derecha española en el corto-medio plazo y del propio sistema bipartidista de alternancia democrática en el gobierno.

No hay que olvidar que la campaña electoral del Partido Popular se basó en la constante apelación al miedo a una posible “intervención” del país, a los sentimientos más irracionales y primarios del electorado y a la defensa de un modelo de sociedad del “sacrificio”, evidentemente, como ya hemos visto y era previsible, del sacrificio de la clase trabajadora, como la única salida posible de “la crisis”. No le faltó al PP el apoyo voluntario del PSOE, con, por ejemplo, la “reforma exprés de la Constitución” -una ruptura del consenso constitucional que ha dinamitado el pacto social implícito-, y el apoyo involuntario, con un PSOE completamente desorientado políticamente -como el posterior Congreso del PSOE confirmo- y entregado ideológicamente a los mismos postulados económicos que su pretendido antagonista. Cuestión esta última, la insistencia en una política económica antisocial, que Rubalcaba mantiene intacta en su intento de sobrevivir a sus propias bases. Este “giro a la derecha” del Gobierno del PSOE, predecible en vista de la historia parlamentaria reciente, que su base electoral, lógica y consecuentemente, no le perdonó en las elecciones generales de noviembre tampoco se lo ha perdonado en las elecciones autonómicas de marzo.

A Zapatero las centrales sindicales de clase, CCOO y UGT, le convocaron una Huelga General por sus políticas antisociales. Una huelga en contra, lo sabemos, de la afectividad y afinidad ideológica de gran parte de su afiliación, que las organizaciones sindicales gestionaron con conciencia de clase y responsabilidad de Estado. Una huelga que fue el preludio de la mayor derrota electoral del PSOE en su historia.

Al PP de Rajoy la Huelga General del 29M le ha supuesto una primera derrota social que debería interpretar como un aviso ciudadano al Gobierno. A pesar de la intensa campaña antisindical realizada por la derecha política, económica y mediática, a pesar de las amenazas patronales y de la injustificable presión policial, la Huelga General del 29M fue un éxito incuestionable de la clase trabajadora española, una huelga tranquila por los esfuerzos de contención y responsabilidad de los miles de piquetes, en los que el PCE, una vez más, estuvo de forma activa y ejemplar contribuyendo a garantizar el derecho de huelga de los y las trabajadoras. La izquierda social y plural ha ganado esta huelga, lo que equivale a afirmar que los y las trabajadoras hemos ganado la huelga frente al Capital, frente a los “Mercados”, frente a sus portavoces políticos y sus defensores mediáticos. La Huelga General se ha vuelto a confirmar como una herramienta de contestación social insustituible por, al menos, dos motivos: Supone una demostración de fuerza, imprescindible cuando se pone en cuestión la potencia de los mecanismos de respuesta de la clase trabajadora, además de un aviso a quienes pretenden usurpar el Gobierno democrático desde los consejos de administración empresariales.

Al éxito de la Huelga General del 29M hay que añadir la victoria política que suponen los resultados electorales de Izquierda Unida en Andalucía. La coalición Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía ha duplicado su representación en el Parlamento andaluz y aumentado en más de 120.000 votos el respaldo al proyecto transformador y alternativo de su programa electoral. La combinación de ambos elementos, sumados al más que probable desalojo del Gobierno de la derecha antediluviana representada por Álvarez Cascos en Asturias, redibujan un mapa político muy diferente al que la derecha político-económica europea había diseñado previendo un fracaso de la huelga y una victoria del PP en las elecciones andaluzas. Estos dos acontecimientos están obligando a dar explicaciones al propio Rajoy ante el enviado de Merkel, Volker Kauder, sobre la evolución de la situación española, donde una vez más, la amenaza del “rescate” vuelve a esgrimirse en defensa de unos Presupuestos Generales del Estado que pueden calificarse, sin exageración alguna, como anticonstitucionales.

Ciertamente, el sistema está produciendo constantes desajustes (“error del sistema”), que avivan la sensación, entre cada vez más amplios sectores sociales, de que la crisis económica se está utilizando como una excusa para eliminar lo que son conquistas sociales históricas de la clase trabajadora: La educación pública y gratuita, el derecho universal a una sanidad gratuita y de calidad, los servicios sociales y la protección social, etc. Desde el PCE hace ya algún tiempo que venimos analizado las causas y los efectos de la crisis financiera, de cómo el Capitalismo está en pleno proceso de re-estructuración -de cambio de ciclo.

Sabemos que hay alternativas. Que el capitalismo es sólo un modelo de organización social, económico y político entre otros. Que el tiempo del actual sistema está en período de descuento. Que “refundar el capitalismo” se ha demostrado utópico e irreal. Que el capitalismo es, por definición, ineficaz, antisocial, injusto y antidemocrático. Dese el PCE hemos planteado la Alternativa Social Anticapitalista (ASA) como una salida a esta crisis desde la izquierda. Una salida socialmente justa, de dimensiones europeas y con el objetivo de situar al trabajo y a la clase trabajadora en el centro de una práctica política que ponga a la economía bajo el control del Estado y garantice el pleno desarrollo de los derechos sociales de toda la ciudadanía.

La izquierda: la izquierda social, plural, abierta, radical y transformadora ha roto con la resignación y continúa el proceso de convocatoria social. Proceso en cual la mayoría social recupere el control de su destino y culmine en un nuevo proceso constituyente que desemboque en la III República.

Una demostración de fuerza y un aviso al Gobierno
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