Sabemos que, esencialmente, la distancia que separa la UE de convertirse en una unión política plena es la inexistencia, hasta la fecha, de una unión económica que incluya lo que ya funciona, es decir, la unión aduanera, el mercado único y el euro.
La crisis iniciada en los Estados Unidos en 2008 ha forzado a la UE a ir tomando decisiones que, aunque haya sido a través de un itinerario fijado en cada momento por los acontecimientos, van configurando esa unión económica.
El lanzamiento de la preparación de la unión bancaria y la inminente entrada en vigor del Mecanismo Europeo de Estabilidad representaban hasta hace pocos días los últimos pasos hacia aquella unión económica.
Pero, afortunadamente, las decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo a principios de septiembre representan no solo un nuevo avance en esa dirección, sino también un ampliación de sus funciones y una apuesta determinante para poner fin a la crisis de la deuda.
Frente a la ortodoxia imperante hasta la fecha, el BCE empieza a asumir tareas similares en ese terreno a los bancos centrales de los estados nación, con la complejidad que representa serlo de la única unión monetaria supranacional digna de ese nombre existente en el Planeta.
Por otro lado, Frankfurt ha activado por fin un arma verdaderamente disuasoria frente a los especuladores que llevan haciendo pingües beneficios con sus ataques contra el euro desde hace más de dos años.
Buenas noticias, desde luego, que deben ser aprovechadas con eficacia por los países que más han sufrido la crisis de la deuda, empezando por España e Italia.
Nadie comprendería en la UE o fuera de ella que, después de haber pedido por activa y por pasiva que el BCE adquiriese deuda pública de nuestro país para rebajar el tipo de interés que se paga a sus compradores, España comenzara a remolonear a la hora de solicitar la activación del mecanismo ofrecido por Mario Dragui.
Primero, porque su rápida puesta en marcha permitiría ahorrar al Tesoro el pago de cantidades ingentes de dinero. Segundo, porque el “efecto anuncio” obtenido en la bajada de la prima de riesgo será pasajero (ya comienza a serlo) si no se pasa de las palabras a los hechos. Tercero, porque los vencimientos y las colocaciones de títulos previstos para los próximos meses superan con mucho la capacidad de las finanzas públicas españolas, sin olvidar que sobre estas tendrán que asumir el creciente uso del fondo para las comunidades autónomas en apuros. Cuarto, porque las condiciones no tienen por qué implicar nuevos ajustes.
La Comisión Europea ya ha dicho, por boca de Rehn y Almunia, que no habrá nuevas condiciones. Pero, además, corresponde al gobierno negociar bien, convenciendo de que los objetivos de déficit pueden alcanzarse por la vía del ingreso (para lo que haría falta elevar la progresividad y la justicia impositiva) en vez de exclusivamente por la vía del gasto, como acaba de demostrar Hollande con su Agenda 2014. Se puede y se debe salir de la crisis sin debilitar el Estado del bienestar, al contrario, fortaleciéndolo.
Para negociar bien, el ejecutivo debería tomar decisiones imprescindibles: acordar la petición de rescate con las fuerzas políticas y sociales, con luz y taquígrafos, para presentar un frente unido con propuestas equilibradas y consensuadas.
Ni es tan difícil ni es tan dramático: hay que acudir lo antes posible a un segundo rescate, desde la convergencia de criterios en España, acogiéndose al mecanismo activado por el BCE, para que los fondos que hubiéramos pagado en intereses desorbitados a los especuladores se puedan utilizar en fomentar el crecimiento y el empleo, saliendo del bucle de la prima de riesgo.
Así sí que seremos de verdad más soberanos y contaremos de verdad con los recursos que necesitamos urgentemente y no podemos generar por nosotros mismos. Para eso se está en una Unión.