4 de febrero de 2011, 3:59
nuevatribuna.es | 02.02.2011
Empezamos a tener una noción bastante clara de los riesgos que soporta el sector bancario español.
Según datos del Banco de España, el conjunto de bancos y cajas de ahorros tenía en noviembre pasado un total de 95.605 millones de euros de créditos de dudoso cobro (con impago de cuotas), casi a partes iguales, 48.278 millones los bancos y 47.327 millones las cajas. Hasta esa fecha, las entidades habían destinado 55.620 millones de euros a provisiones para quebrantos (27.969 millones los bancos y 27.651 millones las cajas). En conjunto, hay casi 40.000 millones de euros sin cobertura. Diríase que, cuando el gobierno habla de ampliar el capital de esas entidades hasta en 20.000 millones, lo que pretende es tapar la mitad de ese potencial agujero.
Pero no se limita a eso el problema. La exposición de las cajas de ahorros al crédito promotor inmobiliario se estima en 180.000 millones de euros; un tercio de esa cifra corresponde a créditos dudosos y subestándar (que previsiblemente serán dudosos en breve) y, sumados los inmuebles que las entidades ya se han adjudicado por impago, casi la mitad del crédito promotor habría salido de la circulación del crédito y – dado que las entidades retienen la salida de esos inmuebles al mercado para no hundir los precios – se habría sustraído a lo disponible para financiar a familias y empresas. Los bancos han publicado en menor medida que las cajas su exposición, pero con que sea aproximadamente lo mismo, tendremos una cifra entre 150.000 y 200.000 millones de euros de crédito que está – por así decirlo – bloqueado, sin contribuir a la reactivación.
Cierto que no toda esa cifra está vencida o es de vencimiento inmediato, pero con todo y eso los 20.000 millones de euros que el gobierno estima poder sumar a los recursos propios del sector parecen francamente insuficientes. Después de todo, es una operación que no se va a poder repetir todos los años, conforme se vayan produciendo los correspondientes vencimientos, hasta tapar el agujero por completo. Todo parece indicar que se trata de una “reforma” pensada para que el sector pueda ir tirando hasta las elecciones de 2012. Y después Dios dirá…
Enrique Viaña | Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Castilla La Mancha