8 de junio de 2009, 7:52
NUEVATRIBUNA.ES - 22.4.2009
Las políticas públicas y de protección social en este escenario de crisis, lamentablemente, de hecho, todavía juegan un papel insuficiente para atacar el elemento más relevante de esta crisis: el paro. Se pueden señalar tres políticas significativas, sus límites y la necesidad de un refuerzo sustancial. La más importante es el sistema de protección al desempleo, derecho social adquirido y uno de los fundamentos del Estado de Bienestar. Ha permitido paliar la situación de deterioro derivado del aumento drástico del paro. Sin embargo, su cobertura, duración e importe todavía es muy limitado y no sirve para proteger suficientemente a todos los desempleados y desempleadas. Existe más de un millón de parados sin prestaciones, que va a aumentar por la prolongación de la crisis, y más de ochocientas mil familias sin ingresos. Por tanto, la mejora de la protección al desempleo es la principal política social a reforzar. Más allá de su componente económico anti-cíclico que es el mantenimiento de la demanda de consumo, su justificación principal es ‘social’: garantizar un nivel de vida no muy inferior al anterior y evitar el deterioro social.
El segundo tipo de políticas públicas tienen que ver con el empleo, con el freno a su destrucción y el apoyo a su creación. En el plano inmediato la principal medida ha sido el plan E de inversión local, con la creación de empleo en el ámbito municipal. Hasta ahora, el impacto prometido -unos 300.000 nuevos puestos de trabajo para desempleados, sobre todo de la construcción- es escaso. En el mejor de los casos, todavía es poco relevante frente a los 4 ó 4,5 millones de parados que, según diversos analistas, que puede llegar a haber en el año próximo. No hay política pública para afrontarlo convenientemente, la llamada ‘agilización’ de la obra pública pendiente, por parte del nuevo Gobierno, también es de alcance limitado. No existe, por tanto, un plan consistente, a corto y medio plazo, para la reducción sustancial del paro. Supone estar dependiendo de otros factores ajenos, con la esperanza de su pronta aparición: la reactivación económica mundial, o el impulso, hasta ahora inexistente, del mundo empresarial; mientras, las organizaciones empresariales siguen empeñadas en descargar sus responsabilidades en la crisis y exigen mayor abaratamiento e indefensión de la mano de obra.
El tercer tipo de medidas se refiere a las nuevas políticas de regulación del sistema financiero y de estímulo económico, amparadas en las reuniones del G-20. Ambas ambivalentes y, en Europa, de corto alcance. Apenas hay mejoras regulatorias. Queda por resolver el volumen de los activos ‘tóxicos’, cómo se reparte su desvalorización y se garantiza la estabilidad financiera. El problema que se está ventilando es qué grado de ‘nacionalización de pérdidas’ pueden imponer los grupos de poder frente a la opinión e intereses de la mayoría de la sociedad �estadounidense y europea- que no quiere asumir, con razón, los costes de la mala gestión y la ausencia de regulación del sistema financiero. Mientras, permanece el desempleo y no se vislumbra la reactivación económica.
Por otro lado, se están perfilando nuevos colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Evidentemente, el principal es el segmento de población en paro. Se pueden distinguir cuatro sectores con características específicas. Primero, gran parte de inmigrantes, con carreras laborales cortas, sin derecho a prestaciones de desempleo significativas, y con mayores dificultades de integración social y cultural. Existen los riesgos de llegar a la competitividad a la baja entre ellos y con sectores autóctonos por ocupaciones y servicios públicos escasos y del agravamiento de los conflictos inter-étnicos. Segundo, los jóvenes autóctonos de capas populares, con cierta cobertura familiar y de integración cultural, pero con la dificultad añadida para su inserción laboral estable y su emancipación. Tercero, una parte de mujeres; aunque no ha habido un sesgo especialmente desfavorable en el incremento del desempleo femenino, éste se acumula a las tradicionales discriminaciones laborales y de empleo de las mujeres, y sus efectos son más gravosos para ellas. Por último, las personas en paro mayores de cincuenta años, con especiales dificultades para el acceso a nuevos empleos, que quedan abocadas, en el mejor de los casos, a un subsidio de desempleo muy insuficiente, con fuerte disminución de su nivel de vida, salvo cuando a través de regulaciones colectivas de empleo y la acción sindical en las empresas se consiguen condiciones más favorables.
Finalmente, hay que mencionar otro plano, el de la subjetividad, con la percepción de una caída en la decadencia social y la incertidumbre. En la época prolongada de trece años de expansión del empleo, aunque gran parte temporal, han predominado las trayectorias laborales y sociales ascendentes: Desde el paro, la inactividad o la inmigración, muchas personas pasaron al empleo precario, lo que significaba una dinámica ascendente a una situación menos grave, y, además, existían expectativas de pasar al siguiente peldaño del empleo indefinido. Ahora, para esos millones de personas paradas -o con el riesgo de perder el empleo- no sólo cambia la tendencia hacia trayectorias descendentes, con un horizonte inseguro, sino que se refuerzan las expectativas subjetivas de frustración social. El mensaje gubernamental de confianza y optimismo no sintoniza con la experiencia de ese bloque social.
En definitiva, habría que reforzar y ampliar varias políticas fundamentales para evitar la aparición de nuevas brechas sociales y garantizar la integración social.
Primero, garantizar la suficiente protección social a las personas desempleadas y con riesgos de exclusión. Ello supone, como se ha mencionado, ampliar la cobertura, duración e importe de las prestaciones de desempleo, así como extender e incrementar las rentas sociales, básicas o de inserción. Segundo, frenar la destrucción de empleo, estimular su creación y generar nuevo empleo público. Ello complementado con las políticas de reciclaje formativo y preparación profesional. Tercero, ampliar y consolidar los servicios públicos, particularmente sanidad, enseñanza y servicios sociales �dependencia-. También son claves otros como la promoción de vivienda pública o la calidad del transporte público. Especial importancia deberían requerir las medidas específicas hacia los inmigrantes para asegurar su acceso a esos bienes y servicios, facilitar su participación e integración social y garantizar una mejor convivencia y diálogo intercultural.
Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales
Las políticas públicas y de protección social en este escenario de crisis, lamentablemente, de hecho, todavía juegan un papel insuficiente para atacar el elemento más relevante de esta crisis: el paro. Se pueden señalar tres políticas significativas, sus límites y la necesidad de un refuerzo sustancial. La más importante es el sistema de protección al desempleo, derecho social adquirido y uno de los fundamentos del Estado de Bienestar. Ha permitido paliar la situación de deterioro derivado del aumento drástico del paro. Sin embargo, su cobertura, duración e importe todavía es muy limitado y no sirve para proteger suficientemente a todos los desempleados y desempleadas. Existe más de un millón de parados sin prestaciones, que va a aumentar por la prolongación de la crisis, y más de ochocientas mil familias sin ingresos. Por tanto, la mejora de la protección al desempleo es la principal política social a reforzar. Más allá de su componente económico anti-cíclico que es el mantenimiento de la demanda de consumo, su justificación principal es ‘social’: garantizar un nivel de vida no muy inferior al anterior y evitar el deterioro social.
El segundo tipo de políticas públicas tienen que ver con el empleo, con el freno a su destrucción y el apoyo a su creación. En el plano inmediato la principal medida ha sido el plan E de inversión local, con la creación de empleo en el ámbito municipal. Hasta ahora, el impacto prometido -unos 300.000 nuevos puestos de trabajo para desempleados, sobre todo de la construcción- es escaso. En el mejor de los casos, todavía es poco relevante frente a los 4 ó 4,5 millones de parados que, según diversos analistas, que puede llegar a haber en el año próximo. No hay política pública para afrontarlo convenientemente, la llamada ‘agilización’ de la obra pública pendiente, por parte del nuevo Gobierno, también es de alcance limitado. No existe, por tanto, un plan consistente, a corto y medio plazo, para la reducción sustancial del paro. Supone estar dependiendo de otros factores ajenos, con la esperanza de su pronta aparición: la reactivación económica mundial, o el impulso, hasta ahora inexistente, del mundo empresarial; mientras, las organizaciones empresariales siguen empeñadas en descargar sus responsabilidades en la crisis y exigen mayor abaratamiento e indefensión de la mano de obra.
El tercer tipo de medidas se refiere a las nuevas políticas de regulación del sistema financiero y de estímulo económico, amparadas en las reuniones del G-20. Ambas ambivalentes y, en Europa, de corto alcance. Apenas hay mejoras regulatorias. Queda por resolver el volumen de los activos ‘tóxicos’, cómo se reparte su desvalorización y se garantiza la estabilidad financiera. El problema que se está ventilando es qué grado de ‘nacionalización de pérdidas’ pueden imponer los grupos de poder frente a la opinión e intereses de la mayoría de la sociedad �estadounidense y europea- que no quiere asumir, con razón, los costes de la mala gestión y la ausencia de regulación del sistema financiero. Mientras, permanece el desempleo y no se vislumbra la reactivación económica.
Por otro lado, se están perfilando nuevos colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Evidentemente, el principal es el segmento de población en paro. Se pueden distinguir cuatro sectores con características específicas. Primero, gran parte de inmigrantes, con carreras laborales cortas, sin derecho a prestaciones de desempleo significativas, y con mayores dificultades de integración social y cultural. Existen los riesgos de llegar a la competitividad a la baja entre ellos y con sectores autóctonos por ocupaciones y servicios públicos escasos y del agravamiento de los conflictos inter-étnicos. Segundo, los jóvenes autóctonos de capas populares, con cierta cobertura familiar y de integración cultural, pero con la dificultad añadida para su inserción laboral estable y su emancipación. Tercero, una parte de mujeres; aunque no ha habido un sesgo especialmente desfavorable en el incremento del desempleo femenino, éste se acumula a las tradicionales discriminaciones laborales y de empleo de las mujeres, y sus efectos son más gravosos para ellas. Por último, las personas en paro mayores de cincuenta años, con especiales dificultades para el acceso a nuevos empleos, que quedan abocadas, en el mejor de los casos, a un subsidio de desempleo muy insuficiente, con fuerte disminución de su nivel de vida, salvo cuando a través de regulaciones colectivas de empleo y la acción sindical en las empresas se consiguen condiciones más favorables.
Finalmente, hay que mencionar otro plano, el de la subjetividad, con la percepción de una caída en la decadencia social y la incertidumbre. En la época prolongada de trece años de expansión del empleo, aunque gran parte temporal, han predominado las trayectorias laborales y sociales ascendentes: Desde el paro, la inactividad o la inmigración, muchas personas pasaron al empleo precario, lo que significaba una dinámica ascendente a una situación menos grave, y, además, existían expectativas de pasar al siguiente peldaño del empleo indefinido. Ahora, para esos millones de personas paradas -o con el riesgo de perder el empleo- no sólo cambia la tendencia hacia trayectorias descendentes, con un horizonte inseguro, sino que se refuerzan las expectativas subjetivas de frustración social. El mensaje gubernamental de confianza y optimismo no sintoniza con la experiencia de ese bloque social.
En definitiva, habría que reforzar y ampliar varias políticas fundamentales para evitar la aparición de nuevas brechas sociales y garantizar la integración social.
Primero, garantizar la suficiente protección social a las personas desempleadas y con riesgos de exclusión. Ello supone, como se ha mencionado, ampliar la cobertura, duración e importe de las prestaciones de desempleo, así como extender e incrementar las rentas sociales, básicas o de inserción. Segundo, frenar la destrucción de empleo, estimular su creación y generar nuevo empleo público. Ello complementado con las políticas de reciclaje formativo y preparación profesional. Tercero, ampliar y consolidar los servicios públicos, particularmente sanidad, enseñanza y servicios sociales �dependencia-. También son claves otros como la promoción de vivienda pública o la calidad del transporte público. Especial importancia deberían requerir las medidas específicas hacia los inmigrantes para asegurar su acceso a esos bienes y servicios, facilitar su participación e integración social y garantizar una mejor convivencia y diálogo intercultural.
Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales