21 de septiembre de 2010, 15:47
NUEVATRIBUNA.ES - 8.12.2009
Más de 3.200.000 referencias en el mayor buscador de Internet. 156.210 miembros en el grupo creado ad hoc en la red social de Facebook. Cientos de miles de reproducciones en blogs a lo largo y ancho del país. Miles de tweets relacionados. Estas son sólo algunas de las cifras que el polémico articulado de la Ley de Economía Sostenible referido a Internet ha provocado en unos días. Y las cifras siguen aumentando minuto a minuto. En lo que he tardado en escribir estas líneas 34 personas más se han unido al grupo de Facebook. Y a todas les mueve un objetivo común: denunciar, elevar la voz y mostrar su total desacuerdo con una redacción más que discutible de una norma que ni se avisó ni se publicitó adecuadamente.
Todos ellos reclaman un derecho fundamental en la legislación española, la presunción de inocencia, el derecho a unas garantías procesales que, en la mejor de las interpretaciones, está en entredicho en este texto. Porque nadie ha sabido, o ha querido, especificar quién, cómo y por qué serán los encargados de aplicar una norma que habilita para el cierre de páginas webs cuyo contenido se aleje de lo permitido. ¿Amparo de la propiedad intelectual? ¿Censura? ¿Protección de un modelo de mercado que cada día se aleja más de los consumidores? Las interpretaciones son muchas, y pocas de ellas, por no decir ninguna, tienen una connotación positiva para aquellos que sufrirán las consecuencias de este articulado.
Llevamos años escuchando y leyendo noticias sobre denuncias ante los tribunales de páginas webs dedicadas a la recopilación de archivos para descargas. Y ninguna de ellas ha obtenido condenas. Sólo a través de los cauces civiles algunos tribunales han fallado a favor de los demandantes. Pero esto no parece suficiente. Si las leyes no te dan la razón, cámbialas para que lo hagan, sin importar si se vulneran derechos fundamentales, sin importar si su lectura enfrentan a dos grupos sociales (por un lado, algunos creadores de contenidos culturales. Por el otro, los internautas). Sin importar si para cumplir esas nuevas leyes se pone en entredicho la intimidad de las comunicaciones.
Quienes promueven estas medidas gritan a los cuatro vientos que la cultura está en peligro. Pero cuando lo hacen se olvidan de algunos datos incontestables. Como que a principios de 2009 iTunes, la plataforma digital de Apple, era número uno en ventas de música en Estados Unidos con más de 4.000 millones de canciones vendidas. O que este año, hace sólo unas semanas, “Luna Nueva” batió récords en España, convirtiéndose en el estreno más taquillero de nuestra historia al superar los 10 millones de euros de recaudación en su primer fin de semana. La Cultura, seamos sinceros, no está en peligro. Lo que sí lo está es un modelo de negocio obsoleto que se empeña en perpetuar un sistema que la mayoría de consumidores, y la casi totalidad de los internautas, han dejado atrás hace años. Que se necesita una reforma es evidente, y en eso están de acuerdo creadores y consumidores. Pero difieren en el objeto de esa misma reforma. Ya va siendo hora de que la Cultura española dé un salto hacia delante y se ponga a la altura del resto de países, adaptándose a las nuevas tecnologías, aprovechando todo el potencial de las herramientas que Internet pone a nuestro alcance.
Y es necesario que lo haga cuanto antes, sin enfrentarse a aquellos de los que vive, sin provocar más conflictos que no hacen avanzar nada, sino más bien al contrario. Sin vulnerar nuestros derechos ni tratarnos como criminales sin molestarse en presumir nuestra inocencia. Porque ya son 156.374 miembros en el grupo de Facebook. Y seguirá creciendo, y seguirán alzando la voz hasta que alguien los escuche.
Más de 3.200.000 referencias en el mayor buscador de Internet. 156.210 miembros en el grupo creado ad hoc en la red social de Facebook. Cientos de miles de reproducciones en blogs a lo largo y ancho del país. Miles de tweets relacionados. Estas son sólo algunas de las cifras que el polémico articulado de la Ley de Economía Sostenible referido a Internet ha provocado en unos días. Y las cifras siguen aumentando minuto a minuto. En lo que he tardado en escribir estas líneas 34 personas más se han unido al grupo de Facebook. Y a todas les mueve un objetivo común: denunciar, elevar la voz y mostrar su total desacuerdo con una redacción más que discutible de una norma que ni se avisó ni se publicitó adecuadamente.
Todos ellos reclaman un derecho fundamental en la legislación española, la presunción de inocencia, el derecho a unas garantías procesales que, en la mejor de las interpretaciones, está en entredicho en este texto. Porque nadie ha sabido, o ha querido, especificar quién, cómo y por qué serán los encargados de aplicar una norma que habilita para el cierre de páginas webs cuyo contenido se aleje de lo permitido. ¿Amparo de la propiedad intelectual? ¿Censura? ¿Protección de un modelo de mercado que cada día se aleja más de los consumidores? Las interpretaciones son muchas, y pocas de ellas, por no decir ninguna, tienen una connotación positiva para aquellos que sufrirán las consecuencias de este articulado.
Llevamos años escuchando y leyendo noticias sobre denuncias ante los tribunales de páginas webs dedicadas a la recopilación de archivos para descargas. Y ninguna de ellas ha obtenido condenas. Sólo a través de los cauces civiles algunos tribunales han fallado a favor de los demandantes. Pero esto no parece suficiente. Si las leyes no te dan la razón, cámbialas para que lo hagan, sin importar si se vulneran derechos fundamentales, sin importar si su lectura enfrentan a dos grupos sociales (por un lado, algunos creadores de contenidos culturales. Por el otro, los internautas). Sin importar si para cumplir esas nuevas leyes se pone en entredicho la intimidad de las comunicaciones.
Quienes promueven estas medidas gritan a los cuatro vientos que la cultura está en peligro. Pero cuando lo hacen se olvidan de algunos datos incontestables. Como que a principios de 2009 iTunes, la plataforma digital de Apple, era número uno en ventas de música en Estados Unidos con más de 4.000 millones de canciones vendidas. O que este año, hace sólo unas semanas, “Luna Nueva” batió récords en España, convirtiéndose en el estreno más taquillero de nuestra historia al superar los 10 millones de euros de recaudación en su primer fin de semana. La Cultura, seamos sinceros, no está en peligro. Lo que sí lo está es un modelo de negocio obsoleto que se empeña en perpetuar un sistema que la mayoría de consumidores, y la casi totalidad de los internautas, han dejado atrás hace años. Que se necesita una reforma es evidente, y en eso están de acuerdo creadores y consumidores. Pero difieren en el objeto de esa misma reforma. Ya va siendo hora de que la Cultura española dé un salto hacia delante y se ponga a la altura del resto de países, adaptándose a las nuevas tecnologías, aprovechando todo el potencial de las herramientas que Internet pone a nuestro alcance.
Y es necesario que lo haga cuanto antes, sin enfrentarse a aquellos de los que vive, sin provocar más conflictos que no hacen avanzar nada, sino más bien al contrario. Sin vulnerar nuestros derechos ni tratarnos como criminales sin molestarse en presumir nuestra inocencia. Porque ya son 156.374 miembros en el grupo de Facebook. Y seguirá creciendo, y seguirán alzando la voz hasta que alguien los escuche.