20 de septiembre de 2010, 16:00
NUEVATRIBUNA.ES - 28.9.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
En las sociedades democráticas complejas, política y comunicación juegan papeles claves, diferenciados, pero interdependientes. Las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, necesitan de los medios de comunicación para trasladar sus mensajes con eficacia a la ciudadanía, y los grupos mediáticos requieren a los políticos a la vez como fuentes informativas y como instancias reguladoras en su ámbito empresarial. La transparencia, la autonomía en el ejercicio libre de las funciones propias, y el respeto a quien hace uso legítimo de tal libertad en el negociado de enfrente, constituyen los ingredientes teóricos para una relación normalizada.
El ejercicio mutuo de influencias forma parte del juego habitual en este marco de intereses cruzados y dependencias mutuas. Los políticos procuran influir en las líneas editoriales y en el tratamiento que los medios dan a las informaciones más sensibles, y los medios de comunicación hacen uso de sus páginas y sus micrófonos para influir en las decisiones que adoptan los políticos. Cuando este juego se mantiene dentro de los márgenes ya mencionados de la transparencia, la autonomía y el respeto, todo queda en una sucesión lógica y previsible de encuentros y desencuentros.
Los problemas llegan cuando el juego legítimo de las influencias se convierte en presión o en injerencia inaceptable. La tentación se produce cada día, en todas las sociedades avanzadas y en los dos sentidos. Sin descender al análisis de los países no democráticos, podemos acudir al paradigma italiano, donde Berlusconi usa y abusa de su doble condición de primer ministro y de empresario de la comunicación para blindar sus desmanes ante la opinión pública. Pero no es preciso viajar tan lejos para encontrar ejemplos de intromisión negativa entre los mundos de la política y la comunicación.
Todos recordamos las operaciones orquestadas por el Gobierno de Aznar y Álvarez Cascos, regulando “el fútbol de interés general” y presionando a una multinacional recién privatizada para crear problemas a un grupo mediático que entendían adverso a su política pro-Bush. Y algunos recordamos también, en sentido contrario, como desde determinados medios de comunicación se participó activamente en el debate interno del PSOE para quebrar la influencia ejercida por Guerra y sus afectos a favor de las políticas más progresistas.
Durante estos días ha vuelto a ponerse de actualidad este debate, como consecuencia de una doble acción: la aprobación por el Gobierno de un Decreto que abre la vía a la TDT de pago, y la reacción virulenta de los responsables de un grupo de comunicación que interpretan esta decisión como un cambio en las reglas de juego con una grave incidencia empresarial, negativa para ellos, positiva para otros. Este grupo ha protagonizado además durante estas semanas una ofensiva intensa de cuestionamiento a la política general del Gobierno, a pesar de que hasta ahora, y más allá de diferencias puntuales, las coincidencias de criterio habían superado en mucho a las disidencias. En esta ocasión, aparentemente, el desencuentro ha llegado al riesgo de quiebra, y ha causado preocupación en muchos ciudadanos progresistas, seguidores del partido y usuarios habituales del medio.
Es cierto que puede achacárseme parcialidad en el análisis, dado que formo parte del Grupo que apoya al Gobierno y que he votado la convalidación del Decreto de marras, pero creo que merece la pena hacer un esfuerzo por superar la situación. Por el bien de los interlocutores de hoy, y por el bien del funcionamiento del propio sistema democrático, que se resiente indudablemente ante conflictos de esta naturaleza. Por parte del Gobierno cabría, a mi juicio, un ejercicio de explicación en sus planes para el conjunto del espectro audiovisual, procurando atenuar los perjuicios que pudieran derivarse para una u otra empresa desde el diálogo y el acuerdo, salvando siempre, eso sí, el interés general. Y, quizás, por parte del grupo mediático en cuestión cabría asimismo un esfuerzo de participación dialogada en la configuración futura de todo un sector, en el que predominará necesariamente la actualización tecnológica constante y la competencia regulada pero abierta entre los diversos operadores. También podría pedirse una diferenciación más evidente y nítida entre las estrategias empresariales y las líneas de opinión editorial.
Este asunto se solucionará. Seguro. Me consta que ya se está trabajando en ello. Y surgirán nuevos roces, nuevos conflictos, entre el PSOE y este grupo progresista, entre el PSOE y otros grupos, entre otros partidos y estos u otros grupos… Es parte del paisaje democrático. Lo que realmente importa en términos de calidad democrática y de garantía en las libertades públicas es que las relaciones entre políticos y comunicadores discurran por los cauces ya citados de la transparencia, la autonomía y el respeto mutuo.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
En las sociedades democráticas complejas, política y comunicación juegan papeles claves, diferenciados, pero interdependientes. Las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, necesitan de los medios de comunicación para trasladar sus mensajes con eficacia a la ciudadanía, y los grupos mediáticos requieren a los políticos a la vez como fuentes informativas y como instancias reguladoras en su ámbito empresarial. La transparencia, la autonomía en el ejercicio libre de las funciones propias, y el respeto a quien hace uso legítimo de tal libertad en el negociado de enfrente, constituyen los ingredientes teóricos para una relación normalizada.
El ejercicio mutuo de influencias forma parte del juego habitual en este marco de intereses cruzados y dependencias mutuas. Los políticos procuran influir en las líneas editoriales y en el tratamiento que los medios dan a las informaciones más sensibles, y los medios de comunicación hacen uso de sus páginas y sus micrófonos para influir en las decisiones que adoptan los políticos. Cuando este juego se mantiene dentro de los márgenes ya mencionados de la transparencia, la autonomía y el respeto, todo queda en una sucesión lógica y previsible de encuentros y desencuentros.
Los problemas llegan cuando el juego legítimo de las influencias se convierte en presión o en injerencia inaceptable. La tentación se produce cada día, en todas las sociedades avanzadas y en los dos sentidos. Sin descender al análisis de los países no democráticos, podemos acudir al paradigma italiano, donde Berlusconi usa y abusa de su doble condición de primer ministro y de empresario de la comunicación para blindar sus desmanes ante la opinión pública. Pero no es preciso viajar tan lejos para encontrar ejemplos de intromisión negativa entre los mundos de la política y la comunicación.
Todos recordamos las operaciones orquestadas por el Gobierno de Aznar y Álvarez Cascos, regulando “el fútbol de interés general” y presionando a una multinacional recién privatizada para crear problemas a un grupo mediático que entendían adverso a su política pro-Bush. Y algunos recordamos también, en sentido contrario, como desde determinados medios de comunicación se participó activamente en el debate interno del PSOE para quebrar la influencia ejercida por Guerra y sus afectos a favor de las políticas más progresistas.
Durante estos días ha vuelto a ponerse de actualidad este debate, como consecuencia de una doble acción: la aprobación por el Gobierno de un Decreto que abre la vía a la TDT de pago, y la reacción virulenta de los responsables de un grupo de comunicación que interpretan esta decisión como un cambio en las reglas de juego con una grave incidencia empresarial, negativa para ellos, positiva para otros. Este grupo ha protagonizado además durante estas semanas una ofensiva intensa de cuestionamiento a la política general del Gobierno, a pesar de que hasta ahora, y más allá de diferencias puntuales, las coincidencias de criterio habían superado en mucho a las disidencias. En esta ocasión, aparentemente, el desencuentro ha llegado al riesgo de quiebra, y ha causado preocupación en muchos ciudadanos progresistas, seguidores del partido y usuarios habituales del medio.
Es cierto que puede achacárseme parcialidad en el análisis, dado que formo parte del Grupo que apoya al Gobierno y que he votado la convalidación del Decreto de marras, pero creo que merece la pena hacer un esfuerzo por superar la situación. Por el bien de los interlocutores de hoy, y por el bien del funcionamiento del propio sistema democrático, que se resiente indudablemente ante conflictos de esta naturaleza. Por parte del Gobierno cabría, a mi juicio, un ejercicio de explicación en sus planes para el conjunto del espectro audiovisual, procurando atenuar los perjuicios que pudieran derivarse para una u otra empresa desde el diálogo y el acuerdo, salvando siempre, eso sí, el interés general. Y, quizás, por parte del grupo mediático en cuestión cabría asimismo un esfuerzo de participación dialogada en la configuración futura de todo un sector, en el que predominará necesariamente la actualización tecnológica constante y la competencia regulada pero abierta entre los diversos operadores. También podría pedirse una diferenciación más evidente y nítida entre las estrategias empresariales y las líneas de opinión editorial.
Este asunto se solucionará. Seguro. Me consta que ya se está trabajando en ello. Y surgirán nuevos roces, nuevos conflictos, entre el PSOE y este grupo progresista, entre el PSOE y otros grupos, entre otros partidos y estos u otros grupos… Es parte del paisaje democrático. Lo que realmente importa en términos de calidad democrática y de garantía en las libertades públicas es que las relaciones entre políticos y comunicadores discurran por los cauces ya citados de la transparencia, la autonomía y el respeto mutuo.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.