21 de octubre de 2010, 14:12
NUEVATRIBUNA.ES - 25.3.2010
...del envejecimiento poblacional para reducir los sistemas públicos de protección social y profundizar la reestructuración del Estado de bienestar; la manipulación de un lenguaje pseudocientífico para presentar como ‘natural’ e incuestionable el recorte de derechos sociales larga y costosamente conseguidos; el intento de justificar en hipotéticas condiciones futuras una decisión injustificable en la realidad actual; la voluntad de contentar a los poderes financieros –los mercados internacionales- con una política regresiva, dándoles la apariencia de omnipotentes para, renunciando a la alabada soberania del Estado, adoptar una posición de subordinación y considerar inevitables sus dictados.
Veamos las tendencias demográficas, según las proyecciones oficiales (ver el documento del INE, de 28-1-2010, Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, usado por el Gobierno para justificar su propuesta de rebaja de las pensiones y ampliamente divulgado). Particularmente, aquí se explica la tasa de dependencia demográfica de los mayores de 64 años: año 2009, 24,61; año 2019, 29,47; año 2029, 37,16; año 2030, 49,29, y año 2049, 60,60. Actualmente, cada 100 personas en edad activa existen casi 25 ancianos, una proporción de cuatro a uno, que desciende, en el año 2049, hasta menos de dos a uno. Ante todo, hay que hacer mención a las cautelas que dice el propio documento: sus previsiones son proyección con las tendencias actuales.
Pero existen dos variables que pueden modificarse sustancialmente: la tasa global de fecundidad, y la inmigración. El cambio de la segunda ha sido evidente en esta última década y ha roto todas las previsiones demográficas hechas a mitad de los años noventa. La poca intensidad de la natalidad en España, que ha sido una de las menores del mundo, obedece a diversas causas: las condiciones precarias –inestables y con bajos salarios- de la incorporación de las mujeres al empleo, las dificultades para la conciliación de la vida personal y la laboral o el insuficiente reparto equitativo del trabajo doméstico y familiar.
Por tanto, un factor clave, junto con la intensificación del apoyo institucional a las familias jóvenes y a la infancia (desde escuelas infantiles hasta prestaciones monetarias), es la calidad y seguridad del empleo femenino y su ampliación. Otro elemento importante a la hora de encarar las incertidumbres y dificultades de tener hijos es conseguir un menor paro y precariedad laboral juvenil, con una mejor inserción laboral de los jóvenes y una mayor estabilidad para su futuro. Políticas adecuadas en estos aspectos, ya usuales en otros países, como los nórdicos, han supuesto un aumento sustancial de la tasa de fecundidad. La proyección oficial también prevé su limitado ascenso (hasta 1,7) por las mujeres inmigrantes aunque con la continuidad de las demás condiciones. Pero ¿por qué no contemplar un incremento mayor en España con una media de, al menos, dos hijos por mujer, como es su preferencia manifiesta -y ahora mantenida en Francia-? ¿Es que durante las próximas cuatro décadas no se van a cambiar los factores socioeconomicos, laborales y de protección social que, además de beneficiar a las mujeres, hicieran posible un cambio de las pautas demográficas? Simplemente con ese aumento de la tasa de fecundidad la población aumentaría cerca del 40%.
La opción es el aumento de recursos públicos para toda la protección social necesaria, en un contexto donde el crecimiento de la riqueza sigue siendo muy importante en estas décadas. Ello define el modelo social a construir. En el pacto intergeneracional que supone el sistema de pensiones los activos financian la pensión de los pasivos. Si los primeros se guardan una parte de sus ingresos para sus necesidades inmediatas –disminuyendo cotizaciones o impuestos- además de quedar desprotegidos los mayores, significa que no dedican suficientes recursos para cubrir sus propias necesidades futuras y tendrán una vejez más pobre (salvo para las capas acomodadas que tienen suficientes recursos privados). Tampoco hay que confundir el sistema de pensiones con una forma de ahorro individual (argumento en el que se basan los sistemas privados de capitalización). Sobre todo, es un mecanismo de ‘protección pública y social ante el riesgo de la vejez’ construido desde hace más de un siglo para resolver las carencias de los sistemas individuales y familiares anteriores que no eran capaces de generar esa ‘provisión social’.
Cuando los paises desarrollados del mundo (OCDE) están creando la mayor riqueza y bienes de toda la historia de la humanidad se nos dice que nuestros ancianos deben reducir su precaria calidad de vida, arduamente conseguida por sus esfuerzos en construir el sistema de pensiones desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Incluso algunos analistas –por ejemplo, el Grupo de los cien economistas- utilizan el lenguaje de la equidad y la solidaridad con las generaciones futuras para justificar la austeridad de las presentes. Sus propuestas siempre van hacia el recorte de las condiciones laborales y derechos sociales de las clases trabajadoras, de los sectores desfavorecidos: desde una reforma laboral regresiva hasta la reducción de las pensiones. Pero sus recortes propuestos, además de empeorar las pensiones inmediatas –en torno a un 30%-, se consolidarían también para las futuras generaciones, disminuyendo sus pensiones públicas. Apenas se esconde su posición de desplazar parte del ahorro de los que pueden, los sectores acomodados, hacia fondos privados, fragmentando la seguridad social y dejando en la indefensión y desprotección a la mayoría de la sociedad.
Sin embargo, se trata de garantizar la calidad de vida de la mayoría de la población, una sociedad más segura y equitativa con mejor protección social, unos mayores derechos sociales y laborales, un modelo económico y productivo más social, eficiente y sostenible medioambientalmente. Ése será el mejor legado para las nuevas generaciones. ¿Es que para las próximas décadas no se contempla un cambio en este tipo de crecimiento económico, la débil y regresiva estructura fiscal, los déficits sociolaborales y de empleo? Esas élites no están pensando en mejorar el futuro de la sociedad sino en preservar los privilegios e intereses del poder económico y financiero y los beneficios relativos para las capas acomodadas. Es un intento de legitimar una dinámica socioeconómica desigual puesta al descubierto con la actual crisis económica y diluir la exigencia social de responsabilidades a esas élites financieras y gestoras. Es una forma de prevención y freno a las posibles demandas populares por afrontar mejor los riesgos sociales y ensanchar su bienestar y su protección social -y los de sus hijos y nietos-, no sea que se les ocurra recurrir a una mejor redistribución pública y promover un modelo social más progresivo.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universida dAutónoma de Madrid.
...del envejecimiento poblacional para reducir los sistemas públicos de protección social y profundizar la reestructuración del Estado de bienestar; la manipulación de un lenguaje pseudocientífico para presentar como ‘natural’ e incuestionable el recorte de derechos sociales larga y costosamente conseguidos; el intento de justificar en hipotéticas condiciones futuras una decisión injustificable en la realidad actual; la voluntad de contentar a los poderes financieros –los mercados internacionales- con una política regresiva, dándoles la apariencia de omnipotentes para, renunciando a la alabada soberania del Estado, adoptar una posición de subordinación y considerar inevitables sus dictados.
Veamos las tendencias demográficas, según las proyecciones oficiales (ver el documento del INE, de 28-1-2010, Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, usado por el Gobierno para justificar su propuesta de rebaja de las pensiones y ampliamente divulgado). Particularmente, aquí se explica la tasa de dependencia demográfica de los mayores de 64 años: año 2009, 24,61; año 2019, 29,47; año 2029, 37,16; año 2030, 49,29, y año 2049, 60,60. Actualmente, cada 100 personas en edad activa existen casi 25 ancianos, una proporción de cuatro a uno, que desciende, en el año 2049, hasta menos de dos a uno. Ante todo, hay que hacer mención a las cautelas que dice el propio documento: sus previsiones son proyección con las tendencias actuales.
Pero existen dos variables que pueden modificarse sustancialmente: la tasa global de fecundidad, y la inmigración. El cambio de la segunda ha sido evidente en esta última década y ha roto todas las previsiones demográficas hechas a mitad de los años noventa. La poca intensidad de la natalidad en España, que ha sido una de las menores del mundo, obedece a diversas causas: las condiciones precarias –inestables y con bajos salarios- de la incorporación de las mujeres al empleo, las dificultades para la conciliación de la vida personal y la laboral o el insuficiente reparto equitativo del trabajo doméstico y familiar.
Por tanto, un factor clave, junto con la intensificación del apoyo institucional a las familias jóvenes y a la infancia (desde escuelas infantiles hasta prestaciones monetarias), es la calidad y seguridad del empleo femenino y su ampliación. Otro elemento importante a la hora de encarar las incertidumbres y dificultades de tener hijos es conseguir un menor paro y precariedad laboral juvenil, con una mejor inserción laboral de los jóvenes y una mayor estabilidad para su futuro. Políticas adecuadas en estos aspectos, ya usuales en otros países, como los nórdicos, han supuesto un aumento sustancial de la tasa de fecundidad. La proyección oficial también prevé su limitado ascenso (hasta 1,7) por las mujeres inmigrantes aunque con la continuidad de las demás condiciones. Pero ¿por qué no contemplar un incremento mayor en España con una media de, al menos, dos hijos por mujer, como es su preferencia manifiesta -y ahora mantenida en Francia-? ¿Es que durante las próximas cuatro décadas no se van a cambiar los factores socioeconomicos, laborales y de protección social que, además de beneficiar a las mujeres, hicieran posible un cambio de las pautas demográficas? Simplemente con ese aumento de la tasa de fecundidad la población aumentaría cerca del 40%.
La opción es el aumento de recursos públicos para toda la protección social necesaria, en un contexto donde el crecimiento de la riqueza sigue siendo muy importante en estas décadas. Ello define el modelo social a construir. En el pacto intergeneracional que supone el sistema de pensiones los activos financian la pensión de los pasivos. Si los primeros se guardan una parte de sus ingresos para sus necesidades inmediatas –disminuyendo cotizaciones o impuestos- además de quedar desprotegidos los mayores, significa que no dedican suficientes recursos para cubrir sus propias necesidades futuras y tendrán una vejez más pobre (salvo para las capas acomodadas que tienen suficientes recursos privados). Tampoco hay que confundir el sistema de pensiones con una forma de ahorro individual (argumento en el que se basan los sistemas privados de capitalización). Sobre todo, es un mecanismo de ‘protección pública y social ante el riesgo de la vejez’ construido desde hace más de un siglo para resolver las carencias de los sistemas individuales y familiares anteriores que no eran capaces de generar esa ‘provisión social’.
Cuando los paises desarrollados del mundo (OCDE) están creando la mayor riqueza y bienes de toda la historia de la humanidad se nos dice que nuestros ancianos deben reducir su precaria calidad de vida, arduamente conseguida por sus esfuerzos en construir el sistema de pensiones desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Incluso algunos analistas –por ejemplo, el Grupo de los cien economistas- utilizan el lenguaje de la equidad y la solidaridad con las generaciones futuras para justificar la austeridad de las presentes. Sus propuestas siempre van hacia el recorte de las condiciones laborales y derechos sociales de las clases trabajadoras, de los sectores desfavorecidos: desde una reforma laboral regresiva hasta la reducción de las pensiones. Pero sus recortes propuestos, además de empeorar las pensiones inmediatas –en torno a un 30%-, se consolidarían también para las futuras generaciones, disminuyendo sus pensiones públicas. Apenas se esconde su posición de desplazar parte del ahorro de los que pueden, los sectores acomodados, hacia fondos privados, fragmentando la seguridad social y dejando en la indefensión y desprotección a la mayoría de la sociedad.
Sin embargo, se trata de garantizar la calidad de vida de la mayoría de la población, una sociedad más segura y equitativa con mejor protección social, unos mayores derechos sociales y laborales, un modelo económico y productivo más social, eficiente y sostenible medioambientalmente. Ése será el mejor legado para las nuevas generaciones. ¿Es que para las próximas décadas no se contempla un cambio en este tipo de crecimiento económico, la débil y regresiva estructura fiscal, los déficits sociolaborales y de empleo? Esas élites no están pensando en mejorar el futuro de la sociedad sino en preservar los privilegios e intereses del poder económico y financiero y los beneficios relativos para las capas acomodadas. Es un intento de legitimar una dinámica socioeconómica desigual puesta al descubierto con la actual crisis económica y diluir la exigencia social de responsabilidades a esas élites financieras y gestoras. Es una forma de prevención y freno a las posibles demandas populares por afrontar mejor los riesgos sociales y ensanchar su bienestar y su protección social -y los de sus hijos y nietos-, no sea que se les ocurra recurrir a una mejor redistribución pública y promover un modelo social más progresivo.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universida dAutónoma de Madrid.