lunes 26/10/20

Impuesto a las Transacciones Financieras

Todavía recuerdo el artículo que Ignacio Ramonet publicó, hace más de diez años, en Le Monde Diplomatique, dando cuenta de la reivindicación que hacía un movimiento casi recién creado, Attac, y del que Ramonet se hacía no solo portavoz sino valedor: el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), un gravamen que derivaba de la tasa Tobin.

Todavía recuerdo el artículo que Ignacio Ramonet publicó, hace más de diez años, en Le Monde Diplomatique, dando cuenta de la reivindicación que hacía un movimiento casi recién creado, Attac, y del que Ramonet se hacía no solo portavoz sino valedor: el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), un gravamen que derivaba de la tasa Tobin. En aquellos años se defendía la implantación del ITF como un impuesto destinado exclusivamente al desarrollo del Tercer Mundo. Han pasado más de diez años y todavía no se ha conseguido este objetivo.

Sin embargo, la Gran Depresión iniciada en 2008 -que llevó a algunos mandatarios como Sarkozy a reclamar una reforma del capitalismo- comenzó a poner sobre la mesa algunas ideas para hacerle frente y, entre ellas, recobró su actualidad el ITF. Al movimiento Attac se le sumaron otras organizaciones, entre ellas los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, y la Plataforma 2015 y más. Fueron los primeros; ahora son más de cuatro y tienen su sitio en www.itfya.org.

Ya hace más de diez años el ITF me pareció una idea brillante que motivó que, a partir de entonces, siguiera los pasos a Ramonet, Le Monde Diplomatique y Attac; y que me sumara a la Plataforma ITF YA en cuanto se puso en marcha. Desde aquí animo a que otros hagan lo mismo. Tanto entonces como ahora este impuesto es necesario para construir un mundo más justo o, al menos, intentarlo. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, lo reclamó en la Asamblea de la ONU, secundado entonces por nuestro presidente Rodríguez Zapatero. Se barajaba entonces la conveniencia de implantarlo en el entorno del G-20 e, incluso, se llegó a plantear en alguna de sus reuniones. Se trajo también al debate en el seno de la Unión Europea y, finalmente, volvió a ser Sarkozy quien lo rescatara en la reciente campaña electoral francesa.

El ITF tiene lógicamente en contra a toda la élite financiera internacional. No se podía esperar otra cosa de ese establishment, pues todo lo que les huela a recaudación o intervención, les repele. Pero si tanto rechazo concita en dicha élite es porque, sin duda, sería un impuesto que cumpliría los objetivos previstos. De estos últimos se ha hablado recientemente en Madrid, en unas mesas redondas sobre alternativas fiscales a los recortes, organizadas en el Centro Abogados de Atocha, con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo, que tan impagable tarea de información exhaustiva lleva a cabo.

En dichas mesas, Juan Laborda, profesor experto en finanzas, se mostraba escéptico de la viabilidad del ITF si no era implantado globalmente y, en especial, con la aquiescencia de los centros financieros internacionales, es decir: Londres, Suiza y Nueva York. Sin embargo, aportó una solución para la tan cacareada dificultad de recaudación y tramitación del impuesto alegada por algunos gobiernos: el ITF debería recaudarse al inicio de la transacción y no al final.

Daniel Vila, de Attac, incidió en la idea de que el ITF en la actualidad, además de destinarse a la ayuda social, sería un buen instrumento para regular las finanzas, pues sería un impuesto dotado de trazabilidad, es decir, de rastreo circulatorio al capital. En esto se revelaría como un instrumento de política fiscal. Daniel Vila encontró otra ventaja al ITF pues, al requerir una recaudación global, motivaría la construcción de un gobierno global, al menos para el sector financiero. Sin embargo, defendió que, de no implantarse a nivel mundial, al menos debía ser implantado a nivel europeo. Eso sí, reconoció que el ITF no puede caminar en solitario, sino que debe ir acompañado del cierre de los paraísos fiscales.

Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO, reconoció que el ITF suponía un claro conflicto de intereses y, por tanto, su implementación solo podía venir de la mano de la voluntad política. También reconoció que, aunque el ITF fuera un vector necesario, se hacían también urgentes políticas complementarias a dicho impuesto. Alberto Garzón, diputado de IU, apreció en el ITF no solo un ánimo recaudatorio sino también un ánimo que desincentiva la especulación financiera. Y reconoció que el ITF es una toma de partido clara y diáfana a favor de la mayoría de la población.

Finalmente, Ricardo G. Zaldívar, de la Plataforma ITF YA, descubrió que ya un 61% de los europeos está a favor de este impuesto y que, quizá por ello, está en marcha un proyecto de directiva comunitaria que estudia la implantación de éste o de un impuesto parecido. Coincidió también en reconocer al ITF como instrumento eficaz para el control de las finanzas y la circulación de capitales. Sin embargo, cerró su intervención con un aviso sobre el peligro que se cierne sobre el ITF si, al final, las élites financieras convencen o presionan a los gobiernos para que ese impuesto se destine a seguir rescatando a entidades bancarias en peligro.

Hay que reconocerle a García Zaldívar la oportunidad de ese planteamiento, pues la banca internacional y sus oligarquías propietarias han demostrado que tienen a los gobiernos de su lado o bajo su zapato y, por tanto, pudiera ocurrir que lo que se ha convertido en una bandera de la justicia social y económica termine por nutrir fondos para la propia banca. De este peligro no estamos exentos, tras comprobar que la banca ha apostado claramente por el negocio de la deuda pública y que los gobiernos lo están permitiendo. Solo así se explica que el Banco Central Europeo preste dinero a los bancos al 1% para que éstos, a su vez, se lo presten a los Estados al 5, 6 o 7%. La banca no está más que asegurándose otro negocio para unos cuantos años o unas cuantas décadas. La pregunta es siempre la misma: ¿por qué, sabiéndolo, lo consienten los gobiernos? ¿Son éstos también cómplices o colaboradores necesarios de los mercados? ¿O es que, individualmente considerados sus ministros y parlamentarios, son ellos también mercados y, por tanto, no hacen sino anteponer sus intereses particulares como accionistas e inversores a los intereses generales que representan como mandatarios públicos?

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