viernes. 26.04.2024

El fiasco bancario exige responsabilidades

Las consecuencias del fiasco bancario español están resultando devastadoras. El crédito interrumpido para empresas y familias. Miles de millones de fondos públicos desviados desde la sanidad y la educación hacia los balances de los Bancos. La economía española intervenida y “rescatada” bajo una condicionalidad aún ignota.

Las consecuencias del fiasco bancario español están resultando devastadoras. El crédito interrumpido para empresas y familias. Miles de millones de fondos públicos desviados desde la sanidad y la educación hacia los balances de los Bancos. La economía española intervenida y “rescatada” bajo una condicionalidad aún ignota. Amenaza de más recesión, más paro y más recortes en las políticas de bienestar.

Alguien tiene que pagar este desaguisado. La ciudadanía y la propia institucionalidad democrática requieren una investigación rigurosa, el establecimiento claro de las causas del problema, y una asunción drástica de responsabilidades. Un escándalo de esta dimensión no puede saldarse con un ‘mea culpa’ general y la exoneración práctica de aquellos que han tenido una participación evidente en el desastre.

La cerrazón del PP a llevar a cabo una investigación parlamentaria ha puesto los focos en la vía judicial. También deben establecerse claramente las responsabilidades penales de los gestores bancarios. Hay que determinar si hubo apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de cuentas o administración desleal. Y si puede probarse, los autores han de pagar con la cárcel, claro está.

Pero el cariz que está asumiendo este asunto conlleva varios riesgos. Tres, al menos: existen otros espacios de responsabilidad por atender y reclamar, más allá del puro delito penal; la causa contra algunos gestores de Cajas puede convertirse en una causa general contra la figura institucional de las Cajas de Ahorro; y la significación política de algunos de los señalados por la Justicia podría dar lugar a una descalificación global para todos los representantes de la sociedad española, que han hecho un trabajo generalmente positivo en todo tipo de instituciones económicas.

La razón última del agujero bancario, su sobreexposición a los productos tóxicos, su sobreendeudamiento exterior y sus decisiones erróneas a la hora de las fusiones y las salidas a bolsa, no hay que buscarla tan solo en el comportamiento de los gestores financieros, doloso o no doloso. A estas alturas, nadie puede negar ya la falta de una regulación preventiva eficaz, los fallos de inspección por parte del regulador y las presiones indebidas por parte de gobiernos centrales y autonómicos.

Por tanto, señálese con nombres y apellidos a quienes sea preciso. Mándese a la cárcel a quienes lo merezcan. Pero no se aplace una vez más el análisis político imprescindible sobre las causas de fondo en esta crisis bancaria. La mala gestión tuvo su origen, también, en una legislación deficiente y en una labor negligente por parte del Banco de España. Las malas decisiones tuvieron también su raíz en los mandatos de administradores públicos con poco tino y manga ancha.

El lugar más adecuado para analizar eficazmente estos extremos, para fijar las responsabilidades políticas pertinentes y, sobre todo, para adoptar decisiones en orden a solucionar los problemas y prevenir crisis futuras, es, sin duda, el Congreso de los Diputados, donde está residenciada la voluntad popular y la capacidad legislativa del Estado. El Gobierno y el PP debieran rectificar su negativa, cada día más ininteligible.

¿Fallaron las Cajas? Unas sí, y otras no. También han fallado muchos Bancos y, de hecho, los problemas de las Cajas no desaparecieron al convertirse en Bancos. Evítense los juicios simples e interesados. Las Cajas han jugado un papel muy interesante durante muchos años en la sociedad y en la economía de nuestro país. Algunos aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para llevárselas por delante. Vale, pero no nos hagan comulgar además con ruedas de molino.

¿Fallaron los políticos? Claro, y los supuestos “profesionales” también. ¿O eran políticos los gestores de Lehman Brothers? ¿O vamos a establecer la conducta profesional y moral modélica en la figura del último presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, consejero en Caja Madrid durante muchos años? ¿O en el actual vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, consejero de Bankia e imputado por la Audiencia Nacional, junto a políticos y no políticos?

El asunto es demasiado serio para frivolizar. Dense explicaciones, asúmanse responsabilidades y trabajemos todos para contar cuanto antes con un sistema financiero decente, transparente y eficaz. Porque hoy no lo tenemos.

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