3 de septiembre de 2009, 4:29
NUEVATRIBUNA.ES - 9.6.2009
En dos artículos anteriores –“Qué hacer para la (próxima) crisis” y “Lecturas de la crisis actual”- he abordado mi punto de vista sobre la situación de la economía española y sobre el qué hacer, más encaminados a paliar la crisis por los efectos combinados de la mundial, el advenimiento del valle del ciclo económico y algunas peculiaridades de la economía española –la Construcción como motor de la economía-, que hacen más grave la situación española. Adelanto que mi opinión es la de que el Gobierno de la Nación –no así algunas Comunidades Autónomas- está llevando una política macroeconómica, monetaria y financiera acorde con el convenio de Washington, con una expansión de la demanda agregada, potenciando el Consumo, porque es precisamente ésta partida de la demanda la que se ha visto deteriorada en los últimos meses, pasando de un gasto de 202.396 millones de euros en el primer trimestre del 2008 a 199.272 en el segundo trimestre de este año en euros corrientes.
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La caída de la aportación de la Construcción a la Demanda Nacional aún ha sido más grave, yendo de 46.078 millones de euros en el primer trimestre del 2008 a 39.452 en el 2009. Todo ello se puede contemplar en el cuadro n. 1. Obsérvese también la importancia de este sector, que aportó al PIB un 10,6% de su valor en el 2008. No hay duda que estamos ante una crisis de la demanda, independientemente de cual sea su origen. Ante esta situación sólo cabe expansionar la demanda, estimular la expansión del crédito, bajar los tipos de interés, aunque no se puedan evitar sus efectos negativos: mayor déficit público y mayor endeudamiento público. Sólo la miope derecha española, ignorante y apelando a la ignorancia de sus posibles votantes, esgrime para combatir la crisis la “austeridad en el gasto”. Para la derecha, no es que hayamos llegado al fin de la historia, es que simplemente la ignoran. Sólo se salió de la Gran Depresión del 29 cuando el presidente Roosevelt ignoró los consejos de sus expertos económicos formados en la tradición clásica de la economía –el keynesianismo estaba en ciernes- y lanzó un gigantesco plan de ayudas a diversos sectores de la economía. En definitiva, expansionó la demanda, compensando la caída del componente del Consumo por efecto de la caída de las rentas salariales (un 25% de la población ocupada hasta entonces quedó en paro). No se pueden evitar las crisis desde concepciones económicas del “sólo mercado”, pero al menos hay que paliar sus efectos más negativos e “inyectar demanda” a la alicaída demanda agregada (Consumo + Gasto Público y Privado + FBC +Exportaciones). Siempre será discutible “la forma” en que se produce el gasto, a qué partidas se dedica. No voy a entrar en ello porque me parece más importante el significado y efectos macroeconómicos de esta política que entrar a discutir partida a partida. Cosa distinta es plantear “las reformas estructurales” –las de verdad- que hay que hacer para que los efectos de la crisis en España no supusiera la pérdida de 1.232.300 puestos de trabajo entre el primer trimestre del 2009 y el del 2008. Ya las he abordado en los artículos señalados, pero luego diré algo.
En lo que sigue me centraré en algunos tópicos y mitos de la economía –o del análisis económico- que flotan en el ambiente, que son objetos de debate desde la ignorancia y que se corre el peligro de que la izquierda y los sindicatos caigan en la trampa de su música sin percibir las maldades de su letra. Ahí van algunos:
a) Productividad. Parece que todo el mundo acepta que el aumento de la productividad –ahora diré lo que es- es bueno para todos los “agentes” económicos: sindicatos, trabajadores, empresarios, etc. Es cierto que lo que hace más avanzados unos países de otros en materia estrictamente económica es la capacidad de producir “bienes y servicios” con el menor esfuerzo posible. Luego vienen las bondades del reparto, es decir, de la distribución de la renta y la riqueza. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero cuando se habla de tomar medidas de aumento de la productividad, los sindicatos tienen que tener mucho cuidado y evitar las trampas de la derecha, porque la productividad es un cociente entre “lo que se es capaz de producir en bienes y servicios” en un momento determinado y los “recursos empleados en ello”; si hablamos de la productividad del trabajo queda claro cuál es en este caso el recurso del que se habla. La productividad puede aumentar de dos maneras: porque aumente la producción de estos bienes y servicios –esta es la productividad “chachi”- o bien porque disminuya ¡el empleo! Pues bien, se puede afirmar que no hay medidas a corto plazo –ni siquiera a medio- que pueda aumentarse la productividad estirando el numerador de la producción y sólo se puede hacer disminuyendo el denominador, es decir, disminuyendo el empleo. Insisto que nada hay negociable, nada que se pueda aportar desde el BOE o desde la patronal que pueda incorporar aumentos de la productividad sin menoscabo del empleo a corto plazo. Aquélla –la productividad- actúa a largo plazo, casi subrepticiamente, sin darnos cuenta, incorporando métodos de trabajo en una multiplicidad de sectores de la economía que permiten producir más con el mismo esfuerzo. En el mito de las bondades de la productividad hay que valorar el plazo: a corto e incluso a medio, una trampa; a largo, es indiscutible su bondad. Desde luego, para recuperar los 2 millones de puestos de trabajo perdidos en estos casi 2 años de crisis es un planteamiento espurio, una carta a los Reyes Magos, es sembrar en barbecho.
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b) Otra panacea universal, otro bálsamo de Fierabrás cervantino, otro maná bíblico: la inversión en I+D+i, es decir, Investigación, Desarrollo e Innovación. Hubo tiempos que la “i” minúscula no entraba, pero los defensores de esto se dieron cuenta de que no podían vender las bondades creadoras de bienestar y empleo si no introducían la “innovación”. Claro está que todo lo que sea invertir en cosas que se puedan tildar o clasificar con estas 3 mágicas letras es bueno. De hecho, se puede afirmar que hay una correlación fuerte –pero sin exagerar- entre los países desarrollados y los que dedican más presupuesto público y más gasto privado en I+D+i. Lo erróneo viene cuando se plantea como terapia para curar el paro y, además, para hacerlo a corto plazo. Se puede afirmar sin error que –al igual que la productividad- las bondades de estas inversiones actúan a medio y largo plazo y –en cualquier caso- no sirven ni para crear empleos significativos, ni para salir de las crisis. Es más, estas inversiones son posibles en los períodos álgidos de la economía, porque las empresas privadas pueden dedicar –asignar- esfuerzos en investigación con los beneficios obtenidos en períodos anteriores. Lo mismo ocurre desde lo público y desde los presupuestos de la Administración Central del Estado y de las Comunidades Autónomas en España. En nuestro país se da la circunstancia –producto de decenios e incluso de siglos- de que somos fuertes en sectores que poco I+D+i pueden incorporar ya a sus métodos de trabajo de forma significativa: construcción, turismo, industria de la cultura, sector financiero, pequeñas empresas. Nuestras grandes empresas son pocas, sus gestores suelen ser ignorantes en materia científica y técnica, se da predominio del empleo en la pequeña empresa (más del 90%), Guerra in-Civil y 40 años de franquismo destructivo de la cultura y de la ciencia. Somos lo que somos, un destilado de la historia. Decía Ortega y Gasset que nos hemos saltado el siglo XIX; habría que añadir que también parte del XX. Bienvenido sea todo aumento en I+D+i desde lo público y –donde estamos más retrasados- desde lo privado, pero que no nos vendan que la salida de la crisis y la creación de empleo va a venir de la mano del aumento de la inversión en estas mágicas letras. Además, por las cifras de gastos en esta materia, en los últimos años se ha aumentado y estimulado desde lo público los gastos del presupuesto de esta partida. Nada que objetar de su bondad a medio y largo plazo para el conjunto de la economía, pero apenas da para crear unos miles de puestos de trabajo. Son necesarios, imprescindibles, pero su bondad se queda ahí: si es por el I+D+i, los 4 millones largos de parados seguirán haciendo cola en las oficinas de empleo
c) Reforma de la Seguridad Social. Otro mito que la derecha parece esperar a las crisis para hincarle el diente, al igual que el lobo acecha a su presa. Pues bien y para que se contenten los que pretenden sacar pingües beneficios con la privatización de las pensiones, hay que decirles que la Seguridad Social siempre estará en crisis, al igual que el teatro, y ahí está el arte de Talía: casi 3000 años lo contemplan. Claro está que si se hacen estudios en los períodos de crisis, cuando los ocupados –y por tanto sus cotizaciones- han descendido significativamente, cualquier predicción, cualquier proyección lineal –y no cíclica- que se haga dará situación crítica tarde o temprano. Igual ocurre con cualquier estudio que se haga con el empleo desde el aumento de 2 millones de parados. Las 2 variables significativas que la Seguridad Social debe contemplar son la relación de pasivos y activos –usuarios y cotizantes- y la longevidad de la población residente con derecho a pensión. Esta última -¡afortunadamente!- va a aumentar; la otra también, aunque acusará el ciclo, pero la tendencia será a aumentar la relación entre usuarios y cotizantes hasta que se estabilice, más allá de las caídas y subidas de los ocupados (y por tanto, de los cotizantes) debido al ciclo. No hay problema porque, en el peor de los casos, simplemente hay que romper el Pacto de Toledo, porque en ninguna Biblia, en ninguna Tora, en ningún libro sagrado está escrito que las pensiones deben guardar una relación estricta –incluso lineal- con las cotizaciones. El pacto pudo tener su bondad en su momento, pero está obsoleto y –en mi opinión- los sindicatos deben estar dispuestos a reivindicar que los presupuestos del Estado financien también –si es necesario- las pensiones: ¿dónde está el pecado? Si no son suficientes los 125.000 millones de euros para financiar las pensiones en el año 2009, será otra cifra algo mayor de un presupuesto consolidado de 364.203 millones de euros. Cualquier cifra que se maneje nos dirá que, combatiendo el fraude fiscal y en las cotizaciones y aumentando la participación de lo público en la economía a través de una fiscalidad más progresista -con eso sólo- nos da y dará para financiar las pensiones ahora y en el futuro, a pesar de los aumentos de longevidad de la población y del aumento razonable –que lo será siempre- de “la ratio” pensiones/cotizaciones. Acertada ha sido la política anticíclica a través de las reservas que ha observado el gobierno en los últimos años. Y para acabar, es inimaginable la contribución de las pensiones y las cotizaciones a la estabilidad del ciclo: de tener pensiones privadas, ¿cuántos fondos de pensiones no habrían quebrado reclamando, eso sí, a lo público –a nuestros impuestos- para que les sacaran del atolladero, contribuyendo negativamente además con ello al ciclo? El Chile de los dictadores privatizó las pensiones y el Chile de la democracia tuvo que retornar las mismas a lo público, porque cientos de miles de chilenos se quedaron sin sus retiros: hay que aprender de la Historia.
d) Reforma educativa. Este mito es una trampa peligrosa porque parece que los sindicatos han caído o están a punto de caer en ella. Tenemos sin duda la generación de estudiantes más preparados de nuestra historia. Tenemos 8.809.000 alumnos en la enseñanza secundaria, profesional, primaria e infantil en el curso 2008-2009; tenemos 1.389.400 alumnos universitarios; el profesorado de la enseñanza no universitaria ha pasado de 509.202 para el curso 1998-1999 a 659.590 para el actual; las becas han aumentado de 412.336 del curso 2005-2006 a 540.774 para el actual. Se podría dar más datos que indican una evolución satisfactoria del esfuerzo de la Administración Central y de algunas CC. AA. en el terreno educativo. Sin embargo, se sigue insistiendo en la reforma educativa porque los empresarios dicen estar insatisfechos con lo que hay. Ocurre justamente al revés: son los gestores, empresarios españoles los más ignorantes de nuestro entorno económico, producto de una educación acientífica en colegios religiosos, de una educación universitaria –en los pocos casos en los que se da- sesgada hacia el Derecho y – en los últimos tiempos- en los “business” y en los “mba”, donde se imparte contabilidad, algo de Derecho, poco de Economía y mucha ideología neoliberal. ¿Cuántos directivos, gestores en el campo de la biotecnología sabrían con precisión qué es un “gen” o el “adn”? ¿Cuántos de los directivos y gestores que toman decisiones en el campo de la informática y de las telecomunicaciones sabrían con precisión qué es “el efecto túnel” o qué es el principio de indeterminación de Heisenberg? Los ejemplos se podrían multiplicar “ad infinitum”. Se necesita un informe PISA para empresarios, gestores y directivos. Da vergüenza saber que cuando un joven se presenta a un puesto de trabajo y un responsable de la empresa le hace una entrevista, es este último el que juega el papel del ignorante soberbio frente al preparado e indefenso aspirante. No más planes de adecuación de la enseñanza a las necesidades supuestamente empresariales. No existe el conocimiento práctico, sino una práctica del conocimiento. La enseñanza –la que sea- es siempre teórica: la práctica se adquiere en la empresa, y si el empresario quiere experiencia, que la pague.
Hay algún tópico más, pero estos son suficientes para abrir boca. En mi opinión, son necesarias algunas reformas estructurales, pero no las que dice la patronal o las que asienten pero que no se atreven los del P.P. a manifestar, no sea que los asalariados que les votan espabilen. Estas son, en mi opinión y de forma esquemática, algunas de las reformas estructurales necesarias:
a) Aumento significativo de la participación de lo público en la economía, pasando del exiguo 37,2% de presión fiscal (sobre el PIB) hasta sobrepasar en una legislatura el 40%, para acercarnos así a los países más avanzados de nuestro entorno, que si lo son, lo son precisamente porque llevan décadas gestionando lo público y lo social con mayor presión fiscal.
c) Creación de un sector financiero público que tenga un comportamiento anticíclico; que facilite el crédito a pequeñas empresas y particulares en los momentos de crisis cuando el sector privado lo retrae y haga lo contrario en los momentos de las vacas gordas; que tenga para esta labor suficientes tentáculos – es decir, oficinas- para llegar a todos; que el diferencial del aumento de la morosidad -inevitable en los períodos de crisis- se financie a través de los presupuestos del Estado, aunque rabien y pataleen los directivos de las finanzas privadas, para que así espabilen y no retraigan el crédito y la oferta monetaria a pesar de que se haya facilitado todo el crédito necesario desde las instituciones nacionales y europeas.
d) Nacionalización de todas las redes petroleras, gasísticas, eléctricas, de telecomunicaciones, del agua, etc. Operadoras, todas, tanto públicas como privadas, compitiendo en el mismo mercado, pero las redes son siempre un monopolio insufrible en manos privadas. Por el bien de los usuarios e incluso de la propia ¡economía de mercado!, nacionalización de todas las redes: las operadores lo agradecerán, excepto aquellas, claro está, que son a la vez red y operadora.
e) Modelo de Estado donde se pase de la corresponsabilidad fiscal a la autorresponsabilidad fiscal. Que las CC. AA. se financien con sus propios impuestos y gasten de acuerdo con sus criterios en las competencias que tengan asignadas según sus estatutos. La Administración Central del Estado se debe reservar sus propios impuestos para financiar sus competencias. No se entra a discutir cuáles son éstas, pero el criterio como siempre ha de ser el de “que cada palo aguante su vela”. Con ello se evitaría la permanente demagogia de la derecha y de presidentas como la señora Aguirre, que reduce o elimina impuestos con una mano y pide más dinero al Gobierno de la Nación pensando que sus votantes son tontos y no se enteran ni de las competencias que tiene, ni de que las partidas se deciden de acuerdo con leyes –la LOFCA- e instituciones –el Consejo de Política Fiscal y Financiera- que objetivan las decisiones de asignación presupuestaria.
f) Acabar con la dualidad del mercado laboral, convirtiendo la contratación temporal en contratación con coste de despido. Apunto una idea. Se podría mantener 2 tipos básicos de contrato con diferente coste de despido, pero donde el de más bajo coste tuviera un salario mínimo significativamente más alto –ahora debería ser superior incluso a los 1000 euros- que el contrato alternativo. Con ello daríamos opción al empresario a una alternativa, y no como lo actual, donde todas las ventajas son para la contratación temporal. A menor coste de despido, más coste salarial; a mayor coste de despido, menor salario mínimo. Con ello los empresarios se retratarían y sólo contrarían temporalmente por necesidad de gestión y no por abaratamiento de costes indiscriminado, rompiéndose la perversión actual en las relaciones laborales.
g) Salvaguarda del Estado del Bienestar, retornando a la Administración Central del Estado la Sanidad. Otras competencias son discutibles –como las de educación-, pero esta es inexcusable si queremos tener un Sistema Nacional de Salud de carácter público y no 17 sistemas, algunos caminando por la senda insufrible de la privatización. Los experimentos de la señora Aguirre en Madrid son suficientes e detestables. Si la Sanidad ha de ser pública, ha de serlo sobre todo su gestión y no sólo su financiación, porque eso incide en el carácter privado de sus prestaciones. Hoy no se cumple en Madrid que estas –las prestaciones- sean universales, gratuitas, no discriminatorias y de calidad. Debe abrirse un debate nacional sobre los componentes del Estado del Bienestar y la asignación de sus competencias entre la Administración Central, las CC. AA. y los ayuntamientos (en su caso).
h) Creación de una renta de integración no contributiva que no deje a nadie desamparado, sin ningún recurso, bien sea porque se le acaba el paro o porque no lo haya tenido nunca. Veamos unas cifras: 1.000.000 de rentas de integración de 600 euros mensuales para 12 pagas nos da 7.200 millones de euros, que sobre un presupuesto consolidado de 364.203 millones de euros representa el 1,98% del mismo. Es una cifra importante, pero perfectamente asumible. Con lo dejado de recaudar con la eliminación de los impuestos sobre el Patrimonio y algún otro eliminado o rebajado en algunas CC.AA. (Sucesiones, Herencias, Donaciones) sería suficiente para financiar estas rentas de integración; también con el aumento de la presión fiscal antes mencionado o, simplemente, luchando más eficazmente, con más ahínco, contra el fraude fiscal y en las cotizaciones.
Antonio Mora Plaza es Economista.
En dos artículos anteriores –“Qué hacer para la (próxima) crisis” y “Lecturas de la crisis actual”- he abordado mi punto de vista sobre la situación de la economía española y sobre el qué hacer, más encaminados a paliar la crisis por los efectos combinados de la mundial, el advenimiento del valle del ciclo económico y algunas peculiaridades de la economía española –la Construcción como motor de la economía-, que hacen más grave la situación española. Adelanto que mi opinión es la de que el Gobierno de la Nación –no así algunas Comunidades Autónomas- está llevando una política macroeconómica, monetaria y financiera acorde con el convenio de Washington, con una expansión de la demanda agregada, potenciando el Consumo, porque es precisamente ésta partida de la demanda la que se ha visto deteriorada en los últimos meses, pasando de un gasto de 202.396 millones de euros en el primer trimestre del 2008 a 199.272 en el segundo trimestre de este año en euros corrientes.
La caída de la aportación de la Construcción a la Demanda Nacional aún ha sido más grave, yendo de 46.078 millones de euros en el primer trimestre del 2008 a 39.452 en el 2009. Todo ello se puede contemplar en el cuadro n. 1. Obsérvese también la importancia de este sector, que aportó al PIB un 10,6% de su valor en el 2008. No hay duda que estamos ante una crisis de la demanda, independientemente de cual sea su origen. Ante esta situación sólo cabe expansionar la demanda, estimular la expansión del crédito, bajar los tipos de interés, aunque no se puedan evitar sus efectos negativos: mayor déficit público y mayor endeudamiento público. Sólo la miope derecha española, ignorante y apelando a la ignorancia de sus posibles votantes, esgrime para combatir la crisis la “austeridad en el gasto”. Para la derecha, no es que hayamos llegado al fin de la historia, es que simplemente la ignoran. Sólo se salió de la Gran Depresión del 29 cuando el presidente Roosevelt ignoró los consejos de sus expertos económicos formados en la tradición clásica de la economía –el keynesianismo estaba en ciernes- y lanzó un gigantesco plan de ayudas a diversos sectores de la economía. En definitiva, expansionó la demanda, compensando la caída del componente del Consumo por efecto de la caída de las rentas salariales (un 25% de la población ocupada hasta entonces quedó en paro). No se pueden evitar las crisis desde concepciones económicas del “sólo mercado”, pero al menos hay que paliar sus efectos más negativos e “inyectar demanda” a la alicaída demanda agregada (Consumo + Gasto Público y Privado + FBC +Exportaciones). Siempre será discutible “la forma” en que se produce el gasto, a qué partidas se dedica. No voy a entrar en ello porque me parece más importante el significado y efectos macroeconómicos de esta política que entrar a discutir partida a partida. Cosa distinta es plantear “las reformas estructurales” –las de verdad- que hay que hacer para que los efectos de la crisis en España no supusiera la pérdida de 1.232.300 puestos de trabajo entre el primer trimestre del 2009 y el del 2008. Ya las he abordado en los artículos señalados, pero luego diré algo.
En lo que sigue me centraré en algunos tópicos y mitos de la economía –o del análisis económico- que flotan en el ambiente, que son objetos de debate desde la ignorancia y que se corre el peligro de que la izquierda y los sindicatos caigan en la trampa de su música sin percibir las maldades de su letra. Ahí van algunos:
a) Productividad. Parece que todo el mundo acepta que el aumento de la productividad –ahora diré lo que es- es bueno para todos los “agentes” económicos: sindicatos, trabajadores, empresarios, etc. Es cierto que lo que hace más avanzados unos países de otros en materia estrictamente económica es la capacidad de producir “bienes y servicios” con el menor esfuerzo posible. Luego vienen las bondades del reparto, es decir, de la distribución de la renta y la riqueza. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero cuando se habla de tomar medidas de aumento de la productividad, los sindicatos tienen que tener mucho cuidado y evitar las trampas de la derecha, porque la productividad es un cociente entre “lo que se es capaz de producir en bienes y servicios” en un momento determinado y los “recursos empleados en ello”; si hablamos de la productividad del trabajo queda claro cuál es en este caso el recurso del que se habla. La productividad puede aumentar de dos maneras: porque aumente la producción de estos bienes y servicios –esta es la productividad “chachi”- o bien porque disminuya ¡el empleo! Pues bien, se puede afirmar que no hay medidas a corto plazo –ni siquiera a medio- que pueda aumentarse la productividad estirando el numerador de la producción y sólo se puede hacer disminuyendo el denominador, es decir, disminuyendo el empleo. Insisto que nada hay negociable, nada que se pueda aportar desde el BOE o desde la patronal que pueda incorporar aumentos de la productividad sin menoscabo del empleo a corto plazo. Aquélla –la productividad- actúa a largo plazo, casi subrepticiamente, sin darnos cuenta, incorporando métodos de trabajo en una multiplicidad de sectores de la economía que permiten producir más con el mismo esfuerzo. En el mito de las bondades de la productividad hay que valorar el plazo: a corto e incluso a medio, una trampa; a largo, es indiscutible su bondad. Desde luego, para recuperar los 2 millones de puestos de trabajo perdidos en estos casi 2 años de crisis es un planteamiento espurio, una carta a los Reyes Magos, es sembrar en barbecho.
b) Otra panacea universal, otro bálsamo de Fierabrás cervantino, otro maná bíblico: la inversión en I+D+i, es decir, Investigación, Desarrollo e Innovación. Hubo tiempos que la “i” minúscula no entraba, pero los defensores de esto se dieron cuenta de que no podían vender las bondades creadoras de bienestar y empleo si no introducían la “innovación”. Claro está que todo lo que sea invertir en cosas que se puedan tildar o clasificar con estas 3 mágicas letras es bueno. De hecho, se puede afirmar que hay una correlación fuerte –pero sin exagerar- entre los países desarrollados y los que dedican más presupuesto público y más gasto privado en I+D+i. Lo erróneo viene cuando se plantea como terapia para curar el paro y, además, para hacerlo a corto plazo. Se puede afirmar sin error que –al igual que la productividad- las bondades de estas inversiones actúan a medio y largo plazo y –en cualquier caso- no sirven ni para crear empleos significativos, ni para salir de las crisis. Es más, estas inversiones son posibles en los períodos álgidos de la economía, porque las empresas privadas pueden dedicar –asignar- esfuerzos en investigación con los beneficios obtenidos en períodos anteriores. Lo mismo ocurre desde lo público y desde los presupuestos de la Administración Central del Estado y de las Comunidades Autónomas en España. En nuestro país se da la circunstancia –producto de decenios e incluso de siglos- de que somos fuertes en sectores que poco I+D+i pueden incorporar ya a sus métodos de trabajo de forma significativa: construcción, turismo, industria de la cultura, sector financiero, pequeñas empresas. Nuestras grandes empresas son pocas, sus gestores suelen ser ignorantes en materia científica y técnica, se da predominio del empleo en la pequeña empresa (más del 90%), Guerra in-Civil y 40 años de franquismo destructivo de la cultura y de la ciencia. Somos lo que somos, un destilado de la historia. Decía Ortega y Gasset que nos hemos saltado el siglo XIX; habría que añadir que también parte del XX. Bienvenido sea todo aumento en I+D+i desde lo público y –donde estamos más retrasados- desde lo privado, pero que no nos vendan que la salida de la crisis y la creación de empleo va a venir de la mano del aumento de la inversión en estas mágicas letras. Además, por las cifras de gastos en esta materia, en los últimos años se ha aumentado y estimulado desde lo público los gastos del presupuesto de esta partida. Nada que objetar de su bondad a medio y largo plazo para el conjunto de la economía, pero apenas da para crear unos miles de puestos de trabajo. Son necesarios, imprescindibles, pero su bondad se queda ahí: si es por el I+D+i, los 4 millones largos de parados seguirán haciendo cola en las oficinas de empleo
c) Reforma de la Seguridad Social. Otro mito que la derecha parece esperar a las crisis para hincarle el diente, al igual que el lobo acecha a su presa. Pues bien y para que se contenten los que pretenden sacar pingües beneficios con la privatización de las pensiones, hay que decirles que la Seguridad Social siempre estará en crisis, al igual que el teatro, y ahí está el arte de Talía: casi 3000 años lo contemplan. Claro está que si se hacen estudios en los períodos de crisis, cuando los ocupados –y por tanto sus cotizaciones- han descendido significativamente, cualquier predicción, cualquier proyección lineal –y no cíclica- que se haga dará situación crítica tarde o temprano. Igual ocurre con cualquier estudio que se haga con el empleo desde el aumento de 2 millones de parados. Las 2 variables significativas que la Seguridad Social debe contemplar son la relación de pasivos y activos –usuarios y cotizantes- y la longevidad de la población residente con derecho a pensión. Esta última -¡afortunadamente!- va a aumentar; la otra también, aunque acusará el ciclo, pero la tendencia será a aumentar la relación entre usuarios y cotizantes hasta que se estabilice, más allá de las caídas y subidas de los ocupados (y por tanto, de los cotizantes) debido al ciclo. No hay problema porque, en el peor de los casos, simplemente hay que romper el Pacto de Toledo, porque en ninguna Biblia, en ninguna Tora, en ningún libro sagrado está escrito que las pensiones deben guardar una relación estricta –incluso lineal- con las cotizaciones. El pacto pudo tener su bondad en su momento, pero está obsoleto y –en mi opinión- los sindicatos deben estar dispuestos a reivindicar que los presupuestos del Estado financien también –si es necesario- las pensiones: ¿dónde está el pecado? Si no son suficientes los 125.000 millones de euros para financiar las pensiones en el año 2009, será otra cifra algo mayor de un presupuesto consolidado de 364.203 millones de euros. Cualquier cifra que se maneje nos dirá que, combatiendo el fraude fiscal y en las cotizaciones y aumentando la participación de lo público en la economía a través de una fiscalidad más progresista -con eso sólo- nos da y dará para financiar las pensiones ahora y en el futuro, a pesar de los aumentos de longevidad de la población y del aumento razonable –que lo será siempre- de “la ratio” pensiones/cotizaciones. Acertada ha sido la política anticíclica a través de las reservas que ha observado el gobierno en los últimos años. Y para acabar, es inimaginable la contribución de las pensiones y las cotizaciones a la estabilidad del ciclo: de tener pensiones privadas, ¿cuántos fondos de pensiones no habrían quebrado reclamando, eso sí, a lo público –a nuestros impuestos- para que les sacaran del atolladero, contribuyendo negativamente además con ello al ciclo? El Chile de los dictadores privatizó las pensiones y el Chile de la democracia tuvo que retornar las mismas a lo público, porque cientos de miles de chilenos se quedaron sin sus retiros: hay que aprender de la Historia.
d) Reforma educativa. Este mito es una trampa peligrosa porque parece que los sindicatos han caído o están a punto de caer en ella. Tenemos sin duda la generación de estudiantes más preparados de nuestra historia. Tenemos 8.809.000 alumnos en la enseñanza secundaria, profesional, primaria e infantil en el curso 2008-2009; tenemos 1.389.400 alumnos universitarios; el profesorado de la enseñanza no universitaria ha pasado de 509.202 para el curso 1998-1999 a 659.590 para el actual; las becas han aumentado de 412.336 del curso 2005-2006 a 540.774 para el actual. Se podría dar más datos que indican una evolución satisfactoria del esfuerzo de la Administración Central y de algunas CC. AA. en el terreno educativo. Sin embargo, se sigue insistiendo en la reforma educativa porque los empresarios dicen estar insatisfechos con lo que hay. Ocurre justamente al revés: son los gestores, empresarios españoles los más ignorantes de nuestro entorno económico, producto de una educación acientífica en colegios religiosos, de una educación universitaria –en los pocos casos en los que se da- sesgada hacia el Derecho y – en los últimos tiempos- en los “business” y en los “mba”, donde se imparte contabilidad, algo de Derecho, poco de Economía y mucha ideología neoliberal. ¿Cuántos directivos, gestores en el campo de la biotecnología sabrían con precisión qué es un “gen” o el “adn”? ¿Cuántos de los directivos y gestores que toman decisiones en el campo de la informática y de las telecomunicaciones sabrían con precisión qué es “el efecto túnel” o qué es el principio de indeterminación de Heisenberg? Los ejemplos se podrían multiplicar “ad infinitum”. Se necesita un informe PISA para empresarios, gestores y directivos. Da vergüenza saber que cuando un joven se presenta a un puesto de trabajo y un responsable de la empresa le hace una entrevista, es este último el que juega el papel del ignorante soberbio frente al preparado e indefenso aspirante. No más planes de adecuación de la enseñanza a las necesidades supuestamente empresariales. No existe el conocimiento práctico, sino una práctica del conocimiento. La enseñanza –la que sea- es siempre teórica: la práctica se adquiere en la empresa, y si el empresario quiere experiencia, que la pague.
Hay algún tópico más, pero estos son suficientes para abrir boca. En mi opinión, son necesarias algunas reformas estructurales, pero no las que dice la patronal o las que asienten pero que no se atreven los del P.P. a manifestar, no sea que los asalariados que les votan espabilen. Estas son, en mi opinión y de forma esquemática, algunas de las reformas estructurales necesarias:
a) Aumento significativo de la participación de lo público en la economía, pasando del exiguo 37,2% de presión fiscal (sobre el PIB) hasta sobrepasar en una legislatura el 40%, para acercarnos así a los países más avanzados de nuestro entorno, que si lo son, lo son precisamente porque llevan décadas gestionando lo público y lo social con mayor presión fiscal.
c) Creación de un sector financiero público que tenga un comportamiento anticíclico; que facilite el crédito a pequeñas empresas y particulares en los momentos de crisis cuando el sector privado lo retrae y haga lo contrario en los momentos de las vacas gordas; que tenga para esta labor suficientes tentáculos – es decir, oficinas- para llegar a todos; que el diferencial del aumento de la morosidad -inevitable en los períodos de crisis- se financie a través de los presupuestos del Estado, aunque rabien y pataleen los directivos de las finanzas privadas, para que así espabilen y no retraigan el crédito y la oferta monetaria a pesar de que se haya facilitado todo el crédito necesario desde las instituciones nacionales y europeas.
d) Nacionalización de todas las redes petroleras, gasísticas, eléctricas, de telecomunicaciones, del agua, etc. Operadoras, todas, tanto públicas como privadas, compitiendo en el mismo mercado, pero las redes son siempre un monopolio insufrible en manos privadas. Por el bien de los usuarios e incluso de la propia ¡economía de mercado!, nacionalización de todas las redes: las operadores lo agradecerán, excepto aquellas, claro está, que son a la vez red y operadora.
e) Modelo de Estado donde se pase de la corresponsabilidad fiscal a la autorresponsabilidad fiscal. Que las CC. AA. se financien con sus propios impuestos y gasten de acuerdo con sus criterios en las competencias que tengan asignadas según sus estatutos. La Administración Central del Estado se debe reservar sus propios impuestos para financiar sus competencias. No se entra a discutir cuáles son éstas, pero el criterio como siempre ha de ser el de “que cada palo aguante su vela”. Con ello se evitaría la permanente demagogia de la derecha y de presidentas como la señora Aguirre, que reduce o elimina impuestos con una mano y pide más dinero al Gobierno de la Nación pensando que sus votantes son tontos y no se enteran ni de las competencias que tiene, ni de que las partidas se deciden de acuerdo con leyes –la LOFCA- e instituciones –el Consejo de Política Fiscal y Financiera- que objetivan las decisiones de asignación presupuestaria.
f) Acabar con la dualidad del mercado laboral, convirtiendo la contratación temporal en contratación con coste de despido. Apunto una idea. Se podría mantener 2 tipos básicos de contrato con diferente coste de despido, pero donde el de más bajo coste tuviera un salario mínimo significativamente más alto –ahora debería ser superior incluso a los 1000 euros- que el contrato alternativo. Con ello daríamos opción al empresario a una alternativa, y no como lo actual, donde todas las ventajas son para la contratación temporal. A menor coste de despido, más coste salarial; a mayor coste de despido, menor salario mínimo. Con ello los empresarios se retratarían y sólo contrarían temporalmente por necesidad de gestión y no por abaratamiento de costes indiscriminado, rompiéndose la perversión actual en las relaciones laborales.
g) Salvaguarda del Estado del Bienestar, retornando a la Administración Central del Estado la Sanidad. Otras competencias son discutibles –como las de educación-, pero esta es inexcusable si queremos tener un Sistema Nacional de Salud de carácter público y no 17 sistemas, algunos caminando por la senda insufrible de la privatización. Los experimentos de la señora Aguirre en Madrid son suficientes e detestables. Si la Sanidad ha de ser pública, ha de serlo sobre todo su gestión y no sólo su financiación, porque eso incide en el carácter privado de sus prestaciones. Hoy no se cumple en Madrid que estas –las prestaciones- sean universales, gratuitas, no discriminatorias y de calidad. Debe abrirse un debate nacional sobre los componentes del Estado del Bienestar y la asignación de sus competencias entre la Administración Central, las CC. AA. y los ayuntamientos (en su caso).
h) Creación de una renta de integración no contributiva que no deje a nadie desamparado, sin ningún recurso, bien sea porque se le acaba el paro o porque no lo haya tenido nunca. Veamos unas cifras: 1.000.000 de rentas de integración de 600 euros mensuales para 12 pagas nos da 7.200 millones de euros, que sobre un presupuesto consolidado de 364.203 millones de euros representa el 1,98% del mismo. Es una cifra importante, pero perfectamente asumible. Con lo dejado de recaudar con la eliminación de los impuestos sobre el Patrimonio y algún otro eliminado o rebajado en algunas CC.AA. (Sucesiones, Herencias, Donaciones) sería suficiente para financiar estas rentas de integración; también con el aumento de la presión fiscal antes mencionado o, simplemente, luchando más eficazmente, con más ahínco, contra el fraude fiscal y en las cotizaciones.
Antonio Mora Plaza es Economista.