14 de abril de 2009, 8:27
NUEVATRIBUNA.ES - 17.2.2009
Será que las rebajas de enero se extienden hasta marzo. Así que, por ello y en las últimas semanas, se multiplican las demandas de saldar las indemnizaciones por despido. Así se han pronunciado desde la Confederación de Empresarios de Madrid a la CEOE �a través de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, imputado por cierto en un presunto fraude de cien millones de euros por el pufo de aerolíneas� o Miguel Angel Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España, quien sigue apostando porque seamos "más audaces para acometer reformas estructurales que flexibilicen la economía, liberalicen sectores y mercados e incrementen la competencia". Este último, además, ya ha dejado caer que el sistema actual de negociación salarial, ligado a la inflación, no es el más adecuado para ser competitivos: hablando en plata, de hacerle caso el Gobierno, estaríamos ante la antesala de una bajada de salarios en toda regla, respaldada por algún que otro cerebrito del think tank conservador, la FAES. Lo que no deja de ser pintoresco en el país donde los mileuristas se convirtieron hace tiempo en quinientoseuristas.
Estas propuestas vienen a coincidir con la OCDE, que cree que bajar el coste del despido, facilitaría la creación de empleo estable y mejoraría notablemente las perspectivas de empleo de grupos con dificultades para acceder al mercado laboral en especial los jóvenes y las mujeres. O el FMI, que lleva recomendando lo mismo desde 2005, a fin de contrarrestar la pérdida de competitividad de los últimos años y reducir la temporalidad del trabajo. Hasta ahora, el Partido Popular sólo ha sido capaz de asumir dichas propuestas con la boca chica, quizá temiendo que enarbolar semejante pancarta le depararía una nueva caída en la intención de voto de las encuestas. De momento, hace un par de semanas, Javier Arenas, presidente del Partido Popular de Andalucía, argüía ante el Observatorio de la FAES, algo así como que “es necesario compatibilizar la flexibilidad laboral y la estabilidad en el empleo". No decía como: quizá se posicionaba en torno a lo que los expertos llaman flexiguridad y que vendría a ser como un eufemismo para abaratar la dignidad de todos los europeos y las conquistas de dos siglos de lucha obrera a escala continental.
Los partidarios del concepto europeo de flexiguridad apelan a que el modelo danés de mercado laboral es el que ha de tomarse como referencia para lograrla. En este país hay una alta protección frente al desempleo y una menor protección frente al despido, con un mercado de trabajo móvil que hace que las transiciones de trabajo sean muy cortas. Pero también es cierto que sus sindicatos son poderosos y que la seguridad en cuanto a la protección de los desempleados es de tal calibre que no hay gran temor al desamparo. De ahí que analistas como Jerome Gautié, de La Sorbona, afirme que dicho modelo es difícil de exportar al sur. No sólo a Portugal, a España o a Italia sino incluso a Francia, donde la afiliación sindical apenas alcanza al 8 por ciento de la población trabajadora.
En la actualidad, tenemos un mercado laboral muy flexible: un millón de nuevos parados en un año demuestra una flexibilidad formidable. En 2001, en plena expansión económica, la CEOE ya hizo llegar a los sindicatos un documento que proponía abaratar el despido, incluyendo las declaraciones de improcedencia y a las mujeres.
La fórmula de este nuevo orden mundial redux parece ser la de aumentar las horas laborales, criminalizar a la inmigración, rescatar con dinero público a los linces del ladrillo, dar dinero a los bancos que no dan dinero a los currantes ni a las pymes y rebajar impuestos a las grandes fortunas.
Si la crisis actual no tiene origen laboral, ¿por qué usar a los trabajadores como sacrificios humanos ante los dioses de la avaricia? Sería discutible el hecho de que abaratar los despidos en tiempos de expansión económica pueda crear empleo: según y cómo. Pero en una época de recesión como la que nos aflige, podar o anular las indemnizaciones por despido, lo único que redundaría a corto plazo sería en el aumento de los despidos, sin maquillaje posible en las encuestas de población activa.
En Suecia, no existe las indemnizaciones por despido. Es cierto. Pero su sistema de protección social es mucho mayor, la presión fiscal grava astronómicamente a las empresas y, en algunos casos, el subsidio de desempleo puede llegar a ser indefinido y no limitarse a dos años. De aplicarse la misma solución a la España actual, los trabajadores despedidos se encontrarían económicamente más indefensos ante un previsible alargamiento de su situación de parados. Que el Estado pague los platos rotos, sostienen algunos empresarios que parecen haber estudiado liberalismo por correspondencia. Recordemos que, en España, el despido por causas económicas tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, con límite de una anualidad, y que en el caso de las Pymes el 40 por ciento de su coste lo paga el Fondo de Garantías Salariales (Fogasa). Si una empresa atraviesa dificultades y se le acepta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la indemnización por despido también llega ya a los 20 días por año trabajado. Y se fija una cantidad similar para los contratos indefinidos por bonificación de anteriores contratos laborales acumulados. En 1997, se creó un nuevo contrato indefinido con despido improcedente más barato, con modalidades de 33 días por año trabajado. Que levante la mano quien todavía puede reclamar en nuestro país una indemnización de 45 días por año de antigüedad a borgo. Si los trabajadores cuentan con contratos por obra y servicio, el despido al acabar el periodo es aún más bajo, ocho días por año, al igual que el régimen que pesa sobre los trabajos temporales.
¿Por qué los especialistas que suelen recomendar la rebaja de las indemnizaciones por despidos blindan sus contratos con contrapartidas millonarias? ¿Es que lo que es bueno para ellos debe ser inverso para los demás? Algo falla en esa ecuación.
Que digan que desmochar los despidos supondría una mejor conservación del tejido productivo o una mayor capacidad de aprovechamiento de los picos positivos del ciclo, que haberlos haylos. Pero que no nos timen con la supuesta creación de empleo a granel cuando, además, dicha solución provocaría una mayor caída de la demanda interna, del consumo.
Toma el dinero y corre, es la consigna. Esto es, promueve una ley que fije costes de despido más moderados, a cargo de la patronal y planes sociales complementarios que tendrían que financiar las instituciones públicas. Esto es, el comunismo al revés: la transferencia progresiva de los costes de explotación de las empresas al Estado.
Los sindicatos echan mano de informes que dicen que los costes del despido en nuestro país son similares a los de su entorno. Los empresarios, en cambio, ponen el grito en el cielo contrario. Si se trata de equipararnos a Europa, no construyamos la casa por el tejado. Habrá que equiparar las indemnizaciones a los salarios, a la calidad de los servicios públicos, a la capacidad empresarial, a su compromiso social y a la confianza en el sistema. El fraude empresarial estimado por cotizaciones de diverso tipo en nuestro país asciende a unos 90.000 millones de euros, de los que 30.000 se refieren a cotizaciones a la Seguridad Social. La presión fiscal en España es bastante baja si la comparamos con el resto de Europa.
Con la actual normativa de contratación, entre 2004 y 2007 se crearon en España tres millones de puestos de trabajo, mucho más que Alemania, Francia e Italia juntos. Es decir que, si en época de vacas gordas, el coste del despido no fue factor disuasorio para crear empleo y contratar nuevos trabajadores, ¿por qué va a serlo ahora si no se han incrementado esas indemnizaciones? Tal vez no se trate de que los trabajadores sean flexibles, sino de que lo sean sus contratistas. Que inviertan para el futuro en ese espacio común que es la economía y no sólo se limiten a escurrir el bulto. Hay otras muchas posibilidades de futuro más allá de la simple patada en el trasero de sus empleados: desde la formación continúa a la creación de fondos que permitan que un trabajador pueda usarlos cuando se le despida o acumularlos hasta el momento de su jubilación, o cederlos a otra empresa que va a mejorar su cualificación hasta encontrar un nuevo empleo.
En tiempos de Charles Dickens, no había indemnizaciones ni subsidios, los niños trabajaban desde los seis años y los usureros sustituían al Estado. Por mucho que nos gusten sus novelas, no creo que nadie quiera regresar a su mundo. En un país donde la clase media está empezando a visitar los comedores parroquiales, limitarnos a abaratar los despidos sería abaratar la dignidad, la falta de escrúpulos y la poca vergüenza.
Juan José Téllez es escritor y periodista
Será que las rebajas de enero se extienden hasta marzo. Así que, por ello y en las últimas semanas, se multiplican las demandas de saldar las indemnizaciones por despido. Así se han pronunciado desde la Confederación de Empresarios de Madrid a la CEOE �a través de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, imputado por cierto en un presunto fraude de cien millones de euros por el pufo de aerolíneas� o Miguel Angel Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España, quien sigue apostando porque seamos "más audaces para acometer reformas estructurales que flexibilicen la economía, liberalicen sectores y mercados e incrementen la competencia". Este último, además, ya ha dejado caer que el sistema actual de negociación salarial, ligado a la inflación, no es el más adecuado para ser competitivos: hablando en plata, de hacerle caso el Gobierno, estaríamos ante la antesala de una bajada de salarios en toda regla, respaldada por algún que otro cerebrito del think tank conservador, la FAES. Lo que no deja de ser pintoresco en el país donde los mileuristas se convirtieron hace tiempo en quinientoseuristas.
Estas propuestas vienen a coincidir con la OCDE, que cree que bajar el coste del despido, facilitaría la creación de empleo estable y mejoraría notablemente las perspectivas de empleo de grupos con dificultades para acceder al mercado laboral en especial los jóvenes y las mujeres. O el FMI, que lleva recomendando lo mismo desde 2005, a fin de contrarrestar la pérdida de competitividad de los últimos años y reducir la temporalidad del trabajo. Hasta ahora, el Partido Popular sólo ha sido capaz de asumir dichas propuestas con la boca chica, quizá temiendo que enarbolar semejante pancarta le depararía una nueva caída en la intención de voto de las encuestas. De momento, hace un par de semanas, Javier Arenas, presidente del Partido Popular de Andalucía, argüía ante el Observatorio de la FAES, algo así como que “es necesario compatibilizar la flexibilidad laboral y la estabilidad en el empleo". No decía como: quizá se posicionaba en torno a lo que los expertos llaman flexiguridad y que vendría a ser como un eufemismo para abaratar la dignidad de todos los europeos y las conquistas de dos siglos de lucha obrera a escala continental.
Los partidarios del concepto europeo de flexiguridad apelan a que el modelo danés de mercado laboral es el que ha de tomarse como referencia para lograrla. En este país hay una alta protección frente al desempleo y una menor protección frente al despido, con un mercado de trabajo móvil que hace que las transiciones de trabajo sean muy cortas. Pero también es cierto que sus sindicatos son poderosos y que la seguridad en cuanto a la protección de los desempleados es de tal calibre que no hay gran temor al desamparo. De ahí que analistas como Jerome Gautié, de La Sorbona, afirme que dicho modelo es difícil de exportar al sur. No sólo a Portugal, a España o a Italia sino incluso a Francia, donde la afiliación sindical apenas alcanza al 8 por ciento de la población trabajadora.
En la actualidad, tenemos un mercado laboral muy flexible: un millón de nuevos parados en un año demuestra una flexibilidad formidable. En 2001, en plena expansión económica, la CEOE ya hizo llegar a los sindicatos un documento que proponía abaratar el despido, incluyendo las declaraciones de improcedencia y a las mujeres.
La fórmula de este nuevo orden mundial redux parece ser la de aumentar las horas laborales, criminalizar a la inmigración, rescatar con dinero público a los linces del ladrillo, dar dinero a los bancos que no dan dinero a los currantes ni a las pymes y rebajar impuestos a las grandes fortunas.
Si la crisis actual no tiene origen laboral, ¿por qué usar a los trabajadores como sacrificios humanos ante los dioses de la avaricia? Sería discutible el hecho de que abaratar los despidos en tiempos de expansión económica pueda crear empleo: según y cómo. Pero en una época de recesión como la que nos aflige, podar o anular las indemnizaciones por despido, lo único que redundaría a corto plazo sería en el aumento de los despidos, sin maquillaje posible en las encuestas de población activa.
En Suecia, no existe las indemnizaciones por despido. Es cierto. Pero su sistema de protección social es mucho mayor, la presión fiscal grava astronómicamente a las empresas y, en algunos casos, el subsidio de desempleo puede llegar a ser indefinido y no limitarse a dos años. De aplicarse la misma solución a la España actual, los trabajadores despedidos se encontrarían económicamente más indefensos ante un previsible alargamiento de su situación de parados. Que el Estado pague los platos rotos, sostienen algunos empresarios que parecen haber estudiado liberalismo por correspondencia. Recordemos que, en España, el despido por causas económicas tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, con límite de una anualidad, y que en el caso de las Pymes el 40 por ciento de su coste lo paga el Fondo de Garantías Salariales (Fogasa). Si una empresa atraviesa dificultades y se le acepta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la indemnización por despido también llega ya a los 20 días por año trabajado. Y se fija una cantidad similar para los contratos indefinidos por bonificación de anteriores contratos laborales acumulados. En 1997, se creó un nuevo contrato indefinido con despido improcedente más barato, con modalidades de 33 días por año trabajado. Que levante la mano quien todavía puede reclamar en nuestro país una indemnización de 45 días por año de antigüedad a borgo. Si los trabajadores cuentan con contratos por obra y servicio, el despido al acabar el periodo es aún más bajo, ocho días por año, al igual que el régimen que pesa sobre los trabajos temporales.
¿Por qué los especialistas que suelen recomendar la rebaja de las indemnizaciones por despidos blindan sus contratos con contrapartidas millonarias? ¿Es que lo que es bueno para ellos debe ser inverso para los demás? Algo falla en esa ecuación.
Que digan que desmochar los despidos supondría una mejor conservación del tejido productivo o una mayor capacidad de aprovechamiento de los picos positivos del ciclo, que haberlos haylos. Pero que no nos timen con la supuesta creación de empleo a granel cuando, además, dicha solución provocaría una mayor caída de la demanda interna, del consumo.
Toma el dinero y corre, es la consigna. Esto es, promueve una ley que fije costes de despido más moderados, a cargo de la patronal y planes sociales complementarios que tendrían que financiar las instituciones públicas. Esto es, el comunismo al revés: la transferencia progresiva de los costes de explotación de las empresas al Estado.
Los sindicatos echan mano de informes que dicen que los costes del despido en nuestro país son similares a los de su entorno. Los empresarios, en cambio, ponen el grito en el cielo contrario. Si se trata de equipararnos a Europa, no construyamos la casa por el tejado. Habrá que equiparar las indemnizaciones a los salarios, a la calidad de los servicios públicos, a la capacidad empresarial, a su compromiso social y a la confianza en el sistema. El fraude empresarial estimado por cotizaciones de diverso tipo en nuestro país asciende a unos 90.000 millones de euros, de los que 30.000 se refieren a cotizaciones a la Seguridad Social. La presión fiscal en España es bastante baja si la comparamos con el resto de Europa.
Con la actual normativa de contratación, entre 2004 y 2007 se crearon en España tres millones de puestos de trabajo, mucho más que Alemania, Francia e Italia juntos. Es decir que, si en época de vacas gordas, el coste del despido no fue factor disuasorio para crear empleo y contratar nuevos trabajadores, ¿por qué va a serlo ahora si no se han incrementado esas indemnizaciones? Tal vez no se trate de que los trabajadores sean flexibles, sino de que lo sean sus contratistas. Que inviertan para el futuro en ese espacio común que es la economía y no sólo se limiten a escurrir el bulto. Hay otras muchas posibilidades de futuro más allá de la simple patada en el trasero de sus empleados: desde la formación continúa a la creación de fondos que permitan que un trabajador pueda usarlos cuando se le despida o acumularlos hasta el momento de su jubilación, o cederlos a otra empresa que va a mejorar su cualificación hasta encontrar un nuevo empleo.
En tiempos de Charles Dickens, no había indemnizaciones ni subsidios, los niños trabajaban desde los seis años y los usureros sustituían al Estado. Por mucho que nos gusten sus novelas, no creo que nadie quiera regresar a su mundo. En un país donde la clase media está empezando a visitar los comedores parroquiales, limitarnos a abaratar los despidos sería abaratar la dignidad, la falta de escrúpulos y la poca vergüenza.
Juan José Téllez es escritor y periodista