El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) ha vuelto a realizar un requerimiento formal al Gobierno de España para que proceda a la “reparación integral” de Baltasar Garzón por su enjuiciamiento penal y destitución por los casos Franquismo y Gürtel.
El ex juez de la Audiencia Nacional lleva desde 2016 litigando por su restitución tras su procesamiento por prevaricación con respecto a su decisión de permitir que se tomaran medidas de investigación en las causas abiertas por crímenes en el franquismo y por el caso de corrupción del PP conocido como la Gürtel.
En el caso del franquismo (lesa humanidad), fue por la decisión de autorizar diligencias previas de investigación sobre miles de muertes y desapariciones durante la dictadura, unos crímenes que nunca han sido investigados en España. Garzón, en consonancia con el derecho penal internacional, determinó que los tribunales españoles tenían competencia en el caso, sobre la base de que las leyes de amnistía españolas y los plazos de prescripción no se aplicaban a casos de esta naturaleza.
Sobre la causa abierta por la trama de corrupción Gürtel, se procesó nuevamente al juez por tomar ciertas medidas preliminares de investigación como ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas y sus abogados.
El 9 de febrero de 2012, el juez Garzón fue condenado y suspendido de su cargo por 11 años. Su defensa considera que la sentencia por investigar el caso Gürtel “fue parcial y arbitraria”.
"Reparación integral"
El primer pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU fue en agosto de 2021. El CDHNU encontró violaciones de los derechos humanos de Garzón y determinó que el Gobierno español debía hacer una "reparación integral" al juez. El organismo pidió de forma expresa que informase sobre las medidas tomadas al respecto en un plazo de 180 días.
Pues bien, dos años después, España sigue sin dar una contestación al CDHNU. Para la abogada Helen Duffy de Human Rights in Practice, que representa a Baltasar Garzón a nivel internacional, “España ha mostrado un flagrante desprecio por la autoridad del Comité de Derechos Humanos y las obligaciones internacionales vinculantes que tiene en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De hecho, sus respuestas tardías al Comité no han indicado ninguna medida significativa para proporcionar la reparación integral requerida”.
Según el derecho internacional, frente a las violaciones, los Estados deben proporcionar reparación, incluida la restitución, la compensación y las "garantías de no repetición" para garantizar que tales casos no puedan surgir en el futuro. En un caso como este, esto se traduce en reconocer daños y perjuicios, el “borrado” de antecedentes penales injustificados y emprender una reforma legal y judicial, necesaria para salvaguardar la independencia judicial. Como señalaron algunos miembros del comité de la ONU en la decisión de 2021, la reparación también implica implícitamente la restitución o reincorporación de la víctima a su antiguo papel judicial.
Nueva resolución condenatoria
El hecho de que España no haya tomado aún ninguna de las medidas necesarias ha desembocado en una nueva resolución condenatoria por parte del mecanismo de seguimiento del Comité que insiste en el tema de la indemnización y la extinción de antecedentes penales. El Comité considera “insatisfactoria” la respuesta de España, porque “no es relevante o no implementa la recomendación”. En cuanto a las medidas más amplias necesarias para garantizar la no repetición, “los hallazgos son más claros ya que la respuesta del Estado va en contra o rechaza la recomendación del organismo de la ONU”, afirma la defensa.
Baltasar Garzón ha requerido al Ministerio de Justicia para que el Gobierno cumpla con el dictamen del Comité, y “ante su incumplimiento” ha denunciado a aquel de nuevo ante dicho Comité, a través de su mecanismo de seguimiento, que, ahora, "le otorga de nuevo la razón y pone en evidencia el incumplimiento de España de una decisión que le vincula en virtud de lo dispuesto en el Pacto de Derechos Civiles y políticos y su Protocolo, debidamente ratificados por nuestro país".
A juicio de la defensa, “es esencial que el gobierno responda con prontitud y eficacia para demostrar que se toma en serio sus obligaciones internacionales y la importancia de la independencia judicial, en un caso como este, que supuso la pérdida de la carrera profesional como juez de Baltasar Garzón”.
