El poder real de la Argentina finalmente obtuvo lo que buscaba. La sentencia que condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ya está en la portada de Clarín, el diario que ha impulsado la persecución y ocultado las evidencias del lawfare con la misma intensidad.
La llamada “Causa Vialidad”, en la que la actual Vicepresidenta estaba siendo investigada, llegó ayer a su instancia final. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para Fernández de Kirchner seis años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, en un juicio cargado de irregularidades en el que sobraron apreciaciones personales y faltaron pruebas reales; en el que la presión de los grupos de poder económico concentrado de la Argentina quedó al descubierto, rebelando la impunidad con la que actúan.
Habiéndoles fallado las alternativas anteriores para conseguir quitar a Cristina de la escena política, la Causa Vialidad aparecía ante los jueces como la solución para lograr este objetivo; aunque no con pruebas, sino con “convicciones íntimas”, tal como lo manifestó el mismísimo Luciani en su alegato. El mismo modus operandi que esgrimió el juez Sergio Moro para condenar a Lula da Silva.
Los intentos en pos de encarcelar a Cristina ya habían fallado con las causas “Dólar Futuro” y “Memorándum con Irán”. En la Causa Vialidad, los fiscales Mola y Luciani no han hallado el cuerpo del delito que demuestre culpabilidad o una mínima responsabilidad por parte de la ex presidenta argentina. Sin embargo la impunidad con la que actúa la Justicia argentina les dio cobijo suficiente para avanzar en una causa que no se podría sostener de no ser por el engranaje mafioso- corporativista encabezado por el Grupo Clarín y los jueces colocados a dedo por el ex presidente Mauricio Macri, tan interesado como Clarín en quitar del medio a Cristina antes de las elecciones presidenciales de 2023.
BALTASAR GARZÓN HABLA DE "AJUSTICIAMIENTO POLÍTICO"
Las pruebas de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner fueron indemostrables. En opinión del juez español Baltasar Garzón, se trata de un “ajusticiamiento político por parte de los jueces argentinos que cometen un daño a la democracia apenas reparable”.
El jurista español, que ha seguido las causas que pesan sobre la actual vicepresidenta argentina, dedicó hace algunas horas una carta abierta en relación a lo que considera una brutal persecución y un “atentado a la democracia”. En la misiva, Baltasar sostiene: "Quizás no debería de escribiros esta carta abierta un día antes de que conozcamos la sentencia en la que se decidirá la suerte política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y digo suerte política porque este ha sido un ajusticiamiento político, aun en el caso de que la balanza de la Justicia que, hoy por hoy, está vencida hacia la más grosera injusticia, le fuera favorable. El daño producido con este proceso a la democracia es apenas reparable”.
En párrafos siguientes, Garzón asegura que "las campañas orquestadas, tanto políticas, como judiciales y mediáticas en su contra, han hecho que el proceso en sí mismo sea injusto y tan lleno de irregularidades que es imposible encontrar en los anales de la historia procesal reciente un cúmulo más elevado de errores o defectos (en el mejor de los casos) o de ilícitos penales (en el más adecuado a las evidencias acumuladas)".
EL "PARTIDO JUDICIAL"
La derecha argentina, sus medios y sus jueces, no responden al orden institucional. De modo que la avanzada contra Cristina no ha reparado en los preceptos de un sistema de derechos y garantías, aunque sí en el mero desprecio por la ley y la Constitución.
El Partido Militar y sus cómplices civiles, han sido el símbolo de este mismo despotismo. El Juicio a las Juntas inauguró un camino que extinguió a los militares como factor de poder. Hoy son magistrados y operadores del “Partido Judicial” quienes están escribiendo la historia negra que, tarde o temprano, los sentará en el banquillo.
El lawfare (guerra judicial), es una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos políticos, empleando como arma a los procesos judiciarios. La invención de esta práctica persecutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros o torturas, que han sido empleados a lo largo de la historia de la dominación social ejercida por potencias hegemónicas. Es la “manera elegante” de aniquilar al adversario. Y junto con él, a sus seguidores.
