Desde hace demasiado tiempo las personas y organizaciones que trabajan en temas relacionados con la violencia ejercida sobre las mujeres vienen reclamando que se recaben, en todos los países de la UE, datos que permitan una visión general del problema y la consecuente implementación de políticas públicas comunes.
Estas inquietudes han sido recogidas por instancias como el Parlamento Europeo, Consejo de la UE, Consejo de Europa, etc. Este último órgano propuso un instrumento, el Convenio de Estambul, en el que se insta a los Estados parte la puesta en marcha de una serie de medidas que han de llevar a la obtención de datos, determinación de indicadores y creación/homologación de figuras jurídicas aplicables en los distintos países. Pero, tal como señalaba en mi artículo de 24 de noviembre pasado, aún está sin ratificar por la mayor parte de estos países.
A pesar de todo, los datos ¡al fin! comienzan a llegar. Los primeros, en forma de encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales –FRA por sus siglas en inglés-, han sido obtenidos en todos los países de la UE, al mismo tiempo, con los mismos ítems, mediante entrevistas directas con 42000 mujeres. Se trata tan solo de una encuesta pero los resultados son, tal como sospechábamos, alarmantes. Demoledores. Ni tan siquiera el hecho de que algún país –como ocurre con España-salga bien parado en la citada encuesta puede ocultar que 62 millones de europeas sufren algún tipo de violencia.
Entre otros resultados, los datos reflejan que el 43% han sufrido violencia psicológica, 12% han sufrido abusos en la infancia, 27% han sufrido violencia física durante la infancia, 7% violencia física y 2% violencia sexual en los últimos 12 meses, el 5% han sufrido violación después de los 15 años, el 18% han sufrido acecho desde los 15 años, el 45% han sufrido acoso sexual, el 4% acoso mediante nuevas tecnologías, etc. También sobrecogen los resultados obtenidos en las preguntas sobre el momento temporal en el que han sufrido la violencia; así un 8% de mujeres los han sufrido a lo largo de los 12 meses precedentes a la elaboración de la encuesta mientras que 1 de cada 10 ha sufrido violencia sexual y 1 de cada 20 ha sido violada, a partir de los 15 años de edad.
La cantidad de mujeres agredidas mediante los distintos tipos de violencia es tan elevada que una se pregunta ¿cómo reaccionaría la opinión pública del viejo continente si, estos mismos datos de violencia ejercida contra personas, se refirieran a algún otro colectivo? Es fácil aventurar la respuesta. Y, sin embargo, tras el lógico revuelo habido en los días inmediatos a su publicación parece que nuestra sociedad flota en un dulce sueño de conformidad del que no despierta ni con el aumento incesante de mujeres asesinadas tal como ha ocurrido esta misma semana.
Volviendo a la encuesta, es preciso destacar algunas características de la misma. En primer lugar, los grupos en los que se clasifica la violencia. Violencia física y sexual, Violencia psicológica, acecho, acoso sexual, violencia durante la infancia. No todas estas figuras están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico –como ocurre con el acecho- si bien distintas organizaciones feministas europeas las consideran como comportamientos violentos contra la mujer. Tampoco es muy frecuente hablar de la violencia psicológica ni del papel de las nuevas tecnologías en la producción de los hechos violentos. Todos estos aspectos se analizan en la encuesta lo cual supone un avance.
Además, se hace la distinción temporal según el momento en que se sufre la violencia: antes de los 15 años y violencia sufrida a lo largo de los 12 meses anteriores a la toma de datos. La finalidad de esta distinción es obtener información muy relevante para las actuaciones políticas a desarrollar, especialmente la respuesta policial a las víctimas.
Otra característica es las elevadas cifras obtenidas en los países del norte de Europa en comparación con los del sur, siendo los primeros los más desarrollados en políticas de igualdad y conciliación y estando los segundos estableciendo las mismas. Parece ser que estos resultados se deben a la mayor concienciación sobre el problema de violencia contra las mujeres y a una mayor libertad social para expresarse al respecto.
En cuanto a los beneficios que supone la realización de una encuesta como esta hay que distinguir entre aquellos que se producen de forma directa –por el mero hecho de su realización- y los derivados de la información obtenida. Si nos paramos en los primeros vemos que, a priori, con tan solo su publicación, ya se producen mejoras relativas al problema de la violencia contra las mujeres. Entre ellas señalaré tres:
1- realiza la fotografia de la incidencia del problema de violencia contra las mujeres (tipos, países, duración, momento temporal, vínculo afectivo, nuevas tecnologías, edad, etc) a lo largo y ancho de Europa.
2- viene a llenar un vacío muy grande en materia de datos sobre violencia contra las mujeres, datos que son necesarios para diseñar políticas públicas a nivel europeo y elaborar normas. Dentro de este apartado es de destacar que las preguntas realizadas a cada mujer en cada tipo de violencia se reflejan en el informe de la FRA con lo que sirven como medida de sensibilización al acercar a la población el significado real de cada epígrafe, es decir, los actos que se contienen debajo de cada tipo de violencia.
3- sirve también de aviso a la obligación que tienen los estados miembros de tomar las medidas que organizaciones internacionales como el Consejo de Europa y la ONU vienen reclamando.
En cuanto a los beneficios derivados de la información obtenida es importante señalar los siguientes:
- El vínculo que se establece entre el consumo de alcohol por parte de los hombres y la violencia que éstos ejercen contra las mujeres.
- La relevancia de ciertos comportamientos dominantes de los hombres hacia las mujeres y que son catalogados como violencia, entre ellos las restricciones financieras o de relaciones sociales que les imponen.
- La necesidad de vinculación de las distintas autoridades e instituciones competentes en la materia para dar una atención adecuada a las víctimas, especialmente la policía y los servicios sanitarios.
- La posibilidad de analizar hasta qué punto los servicios existentes responden a las necesidades de las víctimas.
- La versatilidad de la violencia contra las mujeres realizada a través de las nuevas tecnologías.
- La amplitud de la violencia sexual y física padecida por las niñas antes de los 15 años.
- Reconocimiento de las consecuencias de haber sufrido violencia -como son la victimización y la evitación de lugares y situaciones- y la necesidad de que sean reconocidas y tratadas a nivel europeo.
Respecto a este último punto destaco que la encuesta revela el gran impacto que la violencia sufrida tiene sobre la vida de las mujeres. Hablamos de impacto emocional (miedo, ira, vergüenza), de enfermedades y disfunciones de orden psicológico (depresión, ansiedad, crisis de pánico, pérdida de autoestima, dificultades en las relaciones) y de las necesidades que han tenido en el momento de sufrir los ataques. Sobre este aspecto los datos revelan que, en el momento posterior a sufrir el ataque, las víctimas desean sobre todo interlocutores que les apoyen y les den cobijo y solución a algunas necesidades de orden práctico.
Y para ello se necesitan personas formadas a lo largo de toda la cadena de intervención, desde la recepción de la llamada hasta el momento de salir de la situación. Esta es una de las cosas más importantes que nos deja la lectura de la encuesta. La necesidad de las víctimas -y obligación de los gobiernos de poner a su disposición- los recursos necesarios para afrontar el problema. Recursos que consisten en medios físicos y económicos pero también en capital humano que pueda prestar el apoyo, es decir, en realizar las labores propias de cada institución implicada pero con la formación necesaria para comprender en toda su amplitud el problema de la violencia ejercida contra las mujeres.
Se necesitan pues, en cada una de las administraciones implicadas, personas formadas y la especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los profesionales (psicólogos, abogados, médicos, enfermeros) implicados; todo ello sin abandonar las campañas de sensibilización a la población, la creación políticas públicas coordinadas, educación en igualdad en las escuelas e institutos, incremento de los recursos específicos para estas situaciones. Todo ello se puede poner en marcha aún sin existir una política europea al respecto, si bien esta última es imprescindible -y la auténtica garantía- para demostrar que los datos recién conocidos han calado en la sociedad. Para demostrar que vamos en serio contra la violencia ejercida sobre las mujeres en Europa.
