Hemos erradicado otras lacras, podemos erradicar esta
De nuevo estamos ante un 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género. Esta fecha concita en todos, ciudadanos e instituciones, la puesta en marcha de acciones, declaraciones y, de forma inexcusable, reflexiones respecto a la situación en que nos encontramos en relación con el asunto en cuestión.
Sin duda, la opinión generalizada –e incuestionable- es que se han producido grandes avances en regulación legal, medidas de sensibilización, atención jurídica a las víctimas, indicadores, toma de datos, estadísticas, etc. A todo ello hay que sumar la posición puntera de nuestro país respecto a los puntos anteriores ya que, al menos en nuestro ámbito europeo, la ausencia de una política común al respecto de este tema, la ausencia de datos públicos y fiables que partan de indicadores comunes hace imposible conocer y comparar cuál es la situación real en la UE, primero, y comparar los datos entre países, después.
Estando próximas las elecciones europeas parece oportuno hacer un llamamiento a las formaciones políticas para que incluyan en sus programas el diseño de una Política común en el ámbito de la Violencia de Género. Y, conociendo que la puesta en marcha de la misma no será inmediata debido al funcionamiento de las instituciones europeas, que sí se comprometan a ratificar de forma inmediata con el Convenio de Estambul de 2011 que instaba a los países miembros del Consejo de Europa (Organización internacional distinta al organismo de la UE) a la recogida de datos, su intercambio y puesta en común así como al establecimiento de indicadores comunes para luchar contra la lacra de la Violencia de Género. (1)
La UE cuenta con una Agencia para la Igualdad de Género de reciente creación, la EIGE, pero todavía no proporciona datos al respecto en su web (2). Asimismo, la Oficina de igualdad de Género de la Comisión Europea, no se ocupa de este asunto sino de otros referidos al ámbito de la lucha contra la discriminación en el trabajo. En cuanto a las estadísticas de Eurostat no existen las relativas a la violencia contra las mujeres.
En el mismo sentido debe tenerse en cuenta la declaración de la OMS -Organización Mundial de la Salud- que ha manifestado recientemente que la Violencia de Género ha adquirido proporciones epidémicas. Una de las últimas epidemias declaradas por ese organismo fue la del SIDA y en su erradicación contribuyeron de forma importante el establecimiento de indicadores, intercambio de información y conocimiento, diseño de investigaciones a nivel internacional, etc., hasta lograr que hoy día sea una enfermedad crónica. Todo ello en pocos años.
¿Qué ocurre pues para que en el ámbito de la Violencia de Género nada de eso esté pasando? Esta será la pregunta a realizar en fecha tan señalada.
Ciñéndonos a España, utilizaré 3 fuentes fiables de datos relativos a la Violencia de Género, tomando tan solo la cifra de mujeres, niños y familiares fallecidos como consecuencia de la misma.(3)
Cifras terribles en las que no se incluyen la cantidad de denuncias ni procedimientos incoados –que es elevadísima según muestra la Memoria de la Fiscalía- en materia de Violencia de Género que, conviene recordarlo aquí, es solo uno de los ámbitos en los que la violencia contra la mujer puede ser ejercida.
Por tanto, la situación no es satisfactoria ni debe dejarnos indiferentes pensando que ya tenemos legislación aplicable y organismos suficientes que se encarguen de hacerlo. Porque lo cierto es que, aún con todo ello, no avanzamos en la erradicación. Cabe entonces preguntarse ¿qué no hemos hecho todavía?, ¿qué hacemos mal?, ¿cuáles de las acciones van efectivamente dirigidas al público destinatario?, ¿cómo mejorar?, etc.
Antes de entrar a la expresión de propuestas debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la Violencia de Género se produce en todas las sociedades incluidas las de los países más ricos y con derechos sociales más avanzados y, en segundo lugar, el hecho paradójico del gran incremento de este tipo de violencia entre adolescentes.
A mi juicio y con carácter general, falta tener en cuenta que, dentro de los Derechos Humanos regulados por la ONU, están los Derechos Sexuales de las personas y, englobados en éstos está el derecho a vivir la propia sexualidad y afectividad sin violencia de ningún tipo y en completa libertad para decidir. La conculcación de este derecho supone una actuación que podría calificarse como tortura; la población está mayoritariamente contra ésta si bien parece incapaz de reconocerla en otros ámbitos que no sean los relacionados con el poder militar o policial.
Con carácter más concreto, limitado al ámbito educativo y de los servicios sociales, falta establecer medidas formativas e informativas dirigidas a toda la población. Con un doble objetivo: uno, formar e informar a las futuras generaciones actuando así como factores preventivos hacia el futuro en Violencia de Género y, dos, medidas de formación, reparación y curación a las mujeres que sufren maltrato y también de reeducación para los hombres maltratadores.
Dentro de las primeras, en el ámbito educativo, es preciso establecer de una vez por todas la Educación Sexual en todos los ciclos educativos. Esta materia no debe estar constreñida a tratar medios anticonceptivos y ETS sino que debe incluir el trabajo en construcción de actitudes y hábitos de vida en todo el campo en el que se ejercen los derechos sexuales establecidos internacionalmente. Esto es: convivencia entre sexos, educación de la masculinidad y femineidad, relaciones sexuales, roles de género, parentalidad, conciliación, igualdad de derechos, identidad de género, orientación sexual, además de las citadas anticoncepción y ETS.
Trabajar esos aspectos se ha demostrado como instrumento adecuado para disminuir el sexismo, los celos, el abuso emocional, los conflictos, la ira, la impulsividad y la hostilidad.
En el grupo de las segundas estaría, en primer lugar, la atención adecuada a las víctimas, a desarrollar tanto en el ámbito sanitario como en el de Servicios Sociales. Tratamientos psicológicos imprescindibles que ayuden a recomponer la salud mental y física de las víctimas y les permita encarar su futuro con mayores habilidades. Pero también medidas educativas que puedan cambiar su concepción de la sexualidad y de la vida en pareja.
Y, en segundo lugar, las medidas destinadas a los maltratadores, tanto aquellos que han sido declarados como tales por estar inmersos en un procedimiento judicial o policial, como aquellos otros varones que pudieran cuestionar su forma de vivir su masculinidad y desearan mejorar sus actitudes y/o tener más conocimiento al respecto. Estas medidas serían de tipo formativo y, en el caso de los primeros, también de tipo terapéutico. Al respecto hay que mencionar el Programa de Intervención con agresores que lleva a cabo Instituciones Penitenciarias, destinado a población reclusa condenada por delitos de Violencia de Género, cuyos resultados muestran que los varones que han pasado por el mismo han experimentado cambios significativos.
Los beneficios de esta última medida serían tanto a corto como a largo plazo. Si un maltratador no reincide el beneficio ya sería enorme. Pero si, además, hay otros hombres que se cuestionan su comportamiento y hábitos y los modifican no solo tenemos beneficio a corto plazo sino a largo plazo pues son varones que no incurrirán en comportamientos violentos ni ahora ni en el futuro; a ello hay que añadir la amplificación y difusión de otra forma de masculinidad que estos hombres propagarían entre sus congéneres.
Sumado todo ello a la reparación del daño causado a las víctimas y a la educación en derechos sexuales tanto a varones como a mujeres estaríamos en el camino para la erradicación de esta lacra.
Hemos erradicado otras lacras, podemos erradicar esta. Pero debemos hacerlo de forma inclusiva, no culpabilizando a todos los varones sino incluyéndolos en la acción. Porque se trata de derechos humanos, sexuales en este caso, y esos se refieren a todos los humanos, hombres y mujeres.
(1) Convención de Estambul, adoptada el 7 de abril de 2011, puesta a la firma de los países miembros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2011 en su reunión de Estambul. Entrará en vigor cuando hayan ratificado esa firma al menos 10 países. A fecha 18 de noviembre de 2013 ha sido ratificada por 3 países de la UE-25; España no se encuentra entre ellos.
(2) Vease “Gender Equality Index: Main findings” de noviembre de 2013.
(3) las diferencias en las cifras se debe a que los organismos oficiales no incluyen el fallecimiento por VG hasta tanto se prueba jurídicamente la causa.
