La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hace un llamamiento a los poderes públicos y partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo para situar la sanidad pública en la agenda electoral. El colectivo recuerda que en los últimos años el deterioro del sistema ha ido en aumento tras el proceso continuado de recortes, desmantelamiento y privatizaciones.
Los distintos informes anuales elaborados por la FADSP a nivel autonómico, que tiene competencia exclusiva en la sanidad pública, muestran las grandes diferencias regionales. En el último informe, de septiembre de 2018, la puntuación entre el máximo y el mínimo iba de 94 a 53, situándose Cataluña, Valencia y Canarias en los últimos puestos (Canarias es la última en los 2 últimos años). Si nos centramos en los procesos privatizadores, Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, La Rioja y Castilla y León, son las comunidades donde más se han intensificado estos procesos. En el Informe sobre “la privatización sanitaria en las CCAA” elaborado por la FADSP en 2019, las 5 más privatizadas eran por este orden: Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares y País Vasco).
Por ello, la FADSP recuerda que este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las comunidades autónomas, donde el cabio de modelo sanitario ha repercutido negativamente en algunos colectivos como los inmigrantes no regularizados que, pese a la reforma llevada a cabo por el PSOE, sigue persistiendo principalmente en comunidades gobernadas por el PP.
La FADSP plantea varias propuestas para revertir la situación con el objetivo de que se incluyan en los respectivos programas electorales.
1. Derogar el RD Ley 16/2012 garantizando el derecho a la salud de todas las personas, eliminando los copagos.
2. Recuperar las dotaciones de personal e infraestructuras que existía previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento las camas y quirófanos, puntos de atención continuada y consultas cerradas, y garantizando una utilización intensiva de los recursos de la sanidad pública.
3. Paralizar el proceso privatizador de la sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades publicas en todos sus aspectos. Debe de garantizarse por Ley la provisión pública prioritaria de las prestaciones financiadas con fondos públicos y paralizar maniobras privatizadoras como las unidades de gestión clínica.
4. Recuperar los centros privatizados estableciendo programas escalonados de reversión de los mismos al sistema público.
5. Poner en funcionamiento sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA que permitan realizar evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.
6. Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores. La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio público.
7. Asegurar la financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud. Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente un 7% del PIB destinado a la Sanidad Pública y asignar este incremento con criterio finalista.
8. Desarrollar el Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la financiación a la consecución de estos objetivos.
9. Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud.
10. Elaborar Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.
11. Establecer estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando nuestra situación a la de la media del contexto europeo.
12. Reforzar la provisión sanitaria pública, favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.
13. Potenciar la Atención Primaria de Salud con el desarrollo de la estrategia de AP, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.
14. Poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos.
15. Articular centros de referencia supracomunitarios (bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración en el ámbito del SNS.
16. Realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc.) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.
17. Desarrollar mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.
18. Apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional en base a las necesidades reales de los ciudadanos.
19. Asegurar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico (nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).
20. Garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de los mismos.
21. Desarrollar una política de personal que, manteniendo el carácter estatutario de la relación, favorezca la dedicación exclusiva, la formación continuada por el sistema sanitario pública, el desarrollo profesional y la dirección participativa por objetivos.
22. Establecer auditorías sobre los gastos de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y garantizar a transparencia de los gastos sanitarios.
23. Garantizar un medio ambiente saludable controlando la contaminación ambiental y poniendo en marcha planes específicos para su disminución y/o eliminación.
24. Desarrollar la salud laboral, la salud mental, salud pública y sexual y reproductiva que han estado marginadas en los servicios sanitarios públicos
