jueves 19.09.2019
PESE AL DECRETO APROBADO POR EL GOBIERNO

La cobertura sanitaria a inmigrantes sigue sin estar garantizada

Distintos colectivos urgen al Gobierno que apruebe el reglamento del decreto sobre el acceso universal al sistema nacional de salud.

La cobertura sanitaria a inmigrantes sigue sin estar garantizada

Pasados 7 meses de su entrada en vigor, colectivos denuncian que se siguen dando casos de exclusión

Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal han enviado una carta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.  

Dicho decreto, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio. Fue de hecho la primera medida de calado en materia sanitaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el triunfo de la moción de censura que derogó de facto el polémico decreto de exclusión sanitaria de 2012 que aprobó el Gobierno del PP que dejó fuera de la asistencia sanitaria a miles de personas.

Pues bien, pasados siete meses de su entrada en vigor, estos colectivos denuncian que se siguen dando casos de exclusión y exigen a Sanidad que garantice el acceso al sistema nacional de salud, “en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo”

Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”

Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) (una de las medidas incluidas en el acuerdo PSOE-Unidos Podemos) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.  

Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.  

Las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba de que la persona vive en España admitido en derecho

Medidas urgentes  

En la carta a la ministra, los firmantes apuntan lo que, a su juicio, deberían ser los ejes fundamentales de este reglamento.

En primer lugar, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.  

Y en segundo término, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc. 

Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores –padres, madres, abuelos y abuelas– que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.  

“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil. 

La cobertura sanitaria a inmigrantes sigue sin estar garantizada
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