“No podemos volver a las épocas del Virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata y no dejaban nada”, advirtió Cristina Fernández
“No podemos volver a las épocas del Virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata y no dejaban nada”, dijo el pasado 1 de febrero la presidente de Argentina, Cristina Fernández, en un mensaje claramente dirigido a Repsol-YPF. Eso y la acusación de actuar en connivencia con otras empresas del ramo para cobrar un sobreprecio en el gasoil destinado a las empresas de transporte (subsidiado por el Estado), han disparado los rumores de planes para una posible estatización de la petrolera hispano-argentina.
Estos rumores parecen haber impulsado al presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, a adelantar un previsto viaje a Argentina. Sin agenda definida todavía, la semana que viene deberá entrevistarse con las máximas autoridades de Argentina. Y según el diario local El Cronista Comercial, para enfrentar la ofensiva del gobierno argentino traerá promesas de nuevas inversiones y promesas de reducir el monto de los dividendos que Repsol retira de YPF.
Sucede que el comienzo del segundo mandato de la presidente viene marcado por lo que oficialmente se ha denominado como “ajuste fino”, para evitar la palabra ajuste. Esto es, disminución de los subsidios (luz, gas, agua y transporte), límite a los aumentos en las negociaciones salariales y drástico ahorro de divisas, disminuyendo al máximo las importaciones.
Diversos sectores del gobierno argentino plantean la confrontación con las petroleras
El superávit de la balanza comercial, que en el 2011 fue de 10.347 millones de dólares, se ve amenazado este año por el creciente déficit energético. El año pasado Argentina importó 9.396 millones de dólares en combustible, un 110 % más que en 2010. Y esto lo achaca el gobierno de Buenos Aires a las petroleras, por su falta de inversiones en la exploración. Repsol-YPF negó las acusaciones, señalando que el año pasado invirtió 3.000 millones en exploración y producción.
Según un documento suscrito por 8 antiguos secretarios de Energía, entre 2003 y 2010, la producción argentina de petróleo descendió un 18 % y las reservas probadas del crudo se redujeron un 11 %. En el caso del gas, la producción bajó un 43 % y las reservas un 8 %.
El poderoso Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dijo recientemente en una reunión partidaria que si el saldo comercial oscilaba este año entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, “el show puede continuar”; por debajo de esa cifra, “vamos a tener problemas”, pero que si era menor a 6.000 millones, “olvídense”.
Es en este contexto en el que diversos sectores del gobierno argentino plantean la confrontación con las petroleras. Primero se les pidió que no remitieran sus utilidades a las casas matrices. La presidente criticó que empresas repartan un porcentaje alto de sus ganancias y no reinvierten en el país.
Los gobernadores de las provincias petroleras, por su parte, se reunieron recientemente con el ministro de Planificación, Julio de Vido. Al final del encuentro hicieron pública una declaración en la que reclamaron a las petroleras mayores inversiones y producción. Señalaron en concreto a YPF, que habría pasado de una producción de 13,5 millones de metros cúbicos en 2006 a menos de 12,5 en 2011, lo que supone un perjuicio para las provincias productoras, que de acuerdo a la ley argentina son las receptoras de las regalías.
En Buenos Aires aparecieron carteles de La Cámpora, la organización juvenil que goza de la protección de la presidente, exigiendo la vuelta al Estado de la compañía
“El subsuelo es de los argentinos y está concesionado”, advirtió Cristina Fernández de Kirchner. Después de la mandataria, el diputado oficialista Carlos Kunkel, añadiría: “o los concesionarios resuelven hacer las inversiones y nos dan a los argentinos, de forma inmediata, los recursos energéticos, o se caerán las concesiones”. Al mismo tiempo, el diario oficialista Página 12, aseguraba, sin que nadie lo haya desmentido hasta ahora, que en el gobierno se estaría debatiendo la privatización de la compañía. Y, sugestivamente, en Buenos Aires aparecieron carteles de La Cámpora, la organización juvenil que goza de la protección de la presidente, exigiendo la vuelta al Estado de la compañía.
Néstor Kirchner ya estatizó el sistema de pensiones, en el 2008. Y ese mismo año se nacionalizó Aerolíneas Argentinas. El peronismo tiene una larga historia en este sentido, excepto durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), solo formalmente peronista, en el que se deshizo de todas las empresas en poder del Estado: la telefónica Entel, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles e YPF. El arquitecto de estas privatizaciones fue su ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, el mismo que parece estar ahora asesorando al ministro Julio De Vido en la posible reestatización de YPF, según informaciones de la prensa argentina.
Repsol tiene el 57% de YPF, mientras que el 25% es de la familia argentina Eskenazi. Hay una participación menor del Estado argentino, que tiene sin embargo la acción de oro, con un representante en el directorio que es el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
