"Todos nosotros queremos abandonar lo antes posible la energía atómica", afirmó la canciller al término de la cumbre celebrada en Cancillería con los primeros ministros de los 16 estados federados.
La reunión fue convocada para acercar posiciones entre los estados federados acerca de los plazos de desconexión de las plantas, después de que Merkel diera marcha atrás, dos días después de la catástrofe de Fukushima, a su plan para prolongar el periodo de funcionamiento de los reactores.
Merkel, flanqueada por dos de los líderes regionales -el conservador Wolfgang Böhmer, de Sajonia-Anhalt, y el socialdemócrata Erwin Sellering, de Meklemburgo-Antepomerania-, aseguró que no se había entrado aún a discutir un nuevo calendario posible.
Ello dependerá, añadió, de los informes en paralelo que preparan una comisión técnica, encargada de revisar la seguridad nuclear de las plantas alemanas, y una ética, que estudia las alternativas posibles para el rápido desarrollo de las renovables, entre otros aspectos.
Ambos grupos de trabajo fueron creados después de que Merkel anunciara, además de la desconexión inmediata de siete reactores -los más viejos del país-, una moratoria nuclear de tres meses al calendario de cierre para revisar la seguridad de todas las plantas.
Sus respectivos estudios serán presentados la segunda quincena de mayo, tras lo cual el Gobierno abrirá una nueva fase de deliberaciones con los "Länder" y los consorcios energéticos, antes de entrar en el trámite parlamentario.
De acuerdo al calendario sobre el que se trabaja, el Gobierno aprobará el nuevo plan a principios de junio y se someterá a la ratificación de la Cámara Alta (Bundesrat) el 17 de ese mes.
Entre los escollos a salvar está la cuestión de los costes que acarreará el abandono de la energía nuclear, así como los nuevos términos del correspondiente acuerdo con los consorcios.
El gobierno socialdemócrata-verde del antecesor de Merkel, Gerhard Schröder, pactó en 2000 con la industria un plan de abandono gradual de la energía atómica, de manera que el último reactor quedaría apagado en 2022, a más tardar.
La coalición de centroderecha de la canciller revocó ese pacto, hace apenas unos meses, y aprobó prolongar la vida de las centrales entre 8 y 14 años, así como la introducción de una nueva tasa, a aportar por las consorcios, a cambio de esa explotación adicional de los reactores.
Varios consorcios se proponen exigir una indemnización por ese nuevo cambio, por las pérdidas que les acarrearán.
En cualquier caso, se parte de la base de que el nuevo calendario de cierre acabará siendo incluso más rápido que el inicialmente previsto por el Gobierno de Schröder, dada la alarma generada por el accidente de Fukushima.
Merkel no quiso entrar en lo que calificó de "especulaciones", acerca de los costes derivados de la aceleración del apagón.
Este viernes, en declaraciones a la radio pública, el ministro de Economía, el liberal Rainer Brüderle, del Partido Liberal (FDP) y considerado afín a la industria, había estimado que el abandono acelerado de la energía nuclear costará entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año, dependiendo de las características finales del proceso.
El rotativo "Süddeutsche Zeitung", en su edición de hoy, calculaba tales costes en 3.000 millones de euros al año.
