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lunes. 29.05.2023
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

La venezolana Globovisión, al borde de la quiebra por multa del gobierno

La medida se anuncia cuando Hugo Chávez está de vuelta en La Habana para seguir su tratamiento contra el cáncer.

Venezolanos protestan por la falta de libertad de expresión.

El gobierno de Hugo Chávez ha sancionado con una multa de más de dos millones de dólares al canal Globovisión, el último de los críticos con el gobierno. Según Pedro Maldonado, presidente de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), la sanción se basa en cómo el canal cubrió la crisis carcelaria del pasado mes de junio, que se estima que dejó más de 30 muertos, aunque no hay información oficial al respecto. El canal, habría hecho apología del delito e incitado al desconocimiento del orden jurídico. “Generó zozobra en la ciudadanía y demostró odio e intolerancia por razones políticas”, añadió el funcionario.

CONATEL también acusa a Globovisión de incorporar a sus vídeos “elementos que no formaban parte del audio original, como los que simulaban ráfagas de ametralladora, y repitió demasiadas veces los testimonios desesperados de los familiares, mientras que no transmitió las declaraciones oficiales con la frecuencia con que éstas se produjeron”.

Lo cierto es que durante la crisis carcelaria, en las prisiones El Rodeo 1 y 2, cerca de Caracas, las autoridades no dejaron ingresar en las prisiones a los medios privados, y hacían declaraciones desde el interior solo a los medios oficiales.

La multa significaría la quiebra económica del canal

La primera reacción de Globovisión fue de su vicepresidenta, María Fernanda Flores, quien dijo que la multa significaría la quiebra económica del canal. Sin embargo, poco después, el presidente, Guillermo Zuloaga, aseguró que si es necesario conseguirá los recursos para pagar: “no es con multas que nos van a cerrar”, dijo, calificando de absurda y grotesca la medida. “Nos están sancionando por enseñarle a los venezolanos la triste realidad que viven los presos en Venezuela”, añadió.

El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, dijo por su parte que la sanción es desproporcionada e irracional y subrayó que CONATEL “no es quién para decir cómo se debe cubrir correctamente una noticia” y que el Estado no puede ni tiene potestad para definir el contenido que el periodista recoge en la calle.

La noticia de la sanción se conoció cuando la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a editores de prensa de todo el continente), celebraba su reunión anual en Lima. Para el presidente de la SIP, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, la sanción es parte de la estrategia gubernamental para cerrar el canal con visos de legalidad: “estamos ante un mecanismo con apariencia legal y jurídica, pero que no tiene nada de legal, se trata de una medida dictatorial”.

La sanción se basa en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que se sancionó en 2004. De acuerdo a la misma, los medios pueden ser objeto hasta de suspensión, por transmitir material que se considere que promueve, haga apología o incite a la guerra o a alterar el orden público o a la comisión de un delito. Conforme a la ley, la transmisión de dicho material puede ser también prohibida. En un informe de Human Rights Watch, de 2008, ya se advertía que “la redacción amplia e imprecisa de las disposiciones sobre incitación, la gravedad de las sanciones y el hecho que la aplicación de la ley esté a cargo de un organismo adscrito al poder ejecutivo, incrementan la vulnerabilidad de los medios radiales y televisivos frente a injerencias arbitrarias y presiones para autocensurarse”.

No es la primera sanción contra Globovisión, que suele ser acusado por el propio Chávez de practicar “terrorismo mediático”. Hace dos años fue multado con otros 2,2 millones de dólares por darle espacio a diversas organizaciones civiles y políticas durante el paro petrolero de 2002. Sus dueños y accionistas, además, se han visto presionados de diferentes maneras, incluyendo las económicas. La más notable fue la intervención del Banco Federal, propiedad de uno de sus accionistas. Otro de los propietarios fue acusado de acaparar coches. En febrero de 2010, el director del canal, Alberto Ravell, fue despedido en un intento de aplacar al gobierno.

De los cuatro canales privados tradicionales, el gobierno cerró en mayo de 2007 Radio Caracas Televisión, el más popular y el que más molestaba con su línea editorial al gobierno, alegando que se vencía su concesión. Los otros dos, Venevisión y Televén, se plegaron a las presiones a cambio de su supervivencia.

La multa a Globovisión recuerda el caso del diario ecuatoriano El Universo, de Guayaquil, condenado judicialmente por difamación, a instancias del presidente Rafael Correa, por una columna en la que se le criticaba por su actuación durante una rebelión policial. En este caso la multa fue de 20 millones de dólares, la mitad a pagar por el periodista autor del texto y la otra mitad a cargo del diario.

La relación de Chávez con la prensa de su país es sumamente conflictiva. Considera que los medios opositores participaron directamente en el breve golpe del año 2002 y que siguen trabajando para su caída. Radios y televisión deben conectar obligatoriamente con la cadena oficial cada vez que el presidente habla, cosa que sucede a menudo y durante horas, provocando pérdidas enormes en publicidad. Además, el gobierno amplió las leyes de desacato, que infringen las normas internacionales sobre derechos humanos.

La venezolana Globovisión, al borde de la quiebra por multa del gobierno
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