sábado 4/12/21
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Elecciones locales en Colombia, bajo la sombra de la parapolítica

Al menos 41 candidatos han sido asesinados durante la campaña, víctimas de la guerrilla o los paramilitares.

Este domingo, 30 de octubre, los colombianos eligen a sus autoridades locales y regionales, en la primera consulta electoral de la presidencia de Juan Manuel Santos. Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, 41 candidatos fueron asesinados por diversos grupos violentos, según un estudio de la ONG independiente Misión de Observación Electoral (MOE). Esta cifra prácticamente duplica los muertos registrados en las anteriores elecciones regionales, en 2007.

Hoy consideran más fácil y más útil el control a nivel local

La guerrilla, sobre todo las FARC, grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y otros grupos delictivos también compiten en estas elecciones, mediante la compra de candidatos o el asesinato de posibles adversarios. Para las distintas organizaciones violentas, de derecha e izquierda, ligadas o no al narcotráfico o a otras actividades ilícitas, el control de alcaldes, concejales y hasta gobernadores, es un objetivo que les asegura impunidad para sus actividades. Y, en muchos casos, acceso a información de seguridad vital para su supervivencia.

Si en su momento buscaron infiltrarse en los más altos escalones de la política, hoy consideran más fácil y más útil el control a nivel local, una red que sobrevivió a las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años por la justicia.

Uno de los aparentes logros del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en el momento de su mayor apogeo llegó a tener unos 15.000 efectivos. Hoy, las AUC han sido reemplazadas por las Bacrim, Bandas Criminales, según la denominación generalmente adoptada, que cuentan ya con unos 6.000 hombres y cuyo número no hace más que aumentar. Según INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), estas bandas operan en 314 municipios (de un total de 1.103) y están presentes en 29 de los 32 departamentos (estados a provincias) del país.

Multinacionales interesadas en distintos proyectos, fundamentalmente minería, dispuestas a financiar campañas a candidatos que después “faciliten” los trámites necesarios

No es nueva esta situación en Colombia. Hace ya muchos años que tanto narcos como paramilitares se infiltraron en el tejido político colombiano hasta niveles sin comparación con ningún otro país. No olvidemos que hasta Pablo Escobar, el poderoso jefe del cártel de Medellín (muerto en enfrentamiento con la policía en diciembre de 1992), fue elegido en 1982 como diputado suplente. Cuatro años más tarde lo intentaría uno de sus compañeros, Carlos Lehder, hoy en una prisión de EE.UU.

Entre 1984 y 1992, las bandas de ultraderecha acabaron con los candidatos de la Unión Patriótica, el partido de izquierda que surgió de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) y las FARC. Fueron en total unos 4.000 asesinatos. Entre ellos cayeron tres candidatos presidenciales de la izquierda: Jaime Pardo Leal, en 1987 y Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, en 1990. Los dos primeros, de la Unión Patriótica, Pizarro, del M-19.

En las siguientes elecciones, el presidente Ernesto Samper (1994-1998), fue elegido con dinero del narcotráfico. Y después vendría el auge de la llamada “parapolítica”, que salpicó al gobierno de Uribe: 251 alcaldes fueron apoyados por las Autodefensas Unidas de Colombia, en las elecciones del 2003 y casi un tercio de los congresistas elegidos en 2006 fueron investigados por sus presuntos lazos con paramilitares.

En estas elecciones también se ha detectado la existencia de un nuevo actor: multinacionales interesadas en distintos proyectos, fundamentalmente minería (oro y carbón), dispuestas a financiar campañas a candidatos que después “faciliten” los trámites necesarios.

En los comicios del 30 de octubre, partidos como el PIN (Partido de Integración Nacional), AFROVIDES y MIO (Movimiento de Inclusión y Oportunidades), están bajo serias sospechas de lazos con grupos criminales. Pero incluso los partidos tradicionales no lograron depurar sus listas de candidatos. Es más, el Partido de la U (del presidente Juan Manuel Santos) y el Conservador, son los que más candidatos sospechosos presentan.

El gobierno confiaba en que una nueva legislación ayudara a la limpieza del proceso, ya que los partidos son ahora responsables de asegurarse que en sus listas no haya candidatos con antecedentes criminales ni sospechosos que estén bajo investigación. Los partidos que no cumplan pueden ser multados e impedidos de presentar candidatos en las próximas elecciones.

No obstante, un informe de la ONG Corporación Nuevo Arco Iris, encontró 100 candidatos a alcaldes y gobernadores que consideró de alto riesgo, por sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales o narcotraficantes, por la presunta financiación ilegal de sus campañas o por presiones ejercidas contra votantes o grupos de votantes.

El espectro político colombiano hace tiempo que dejó atrás el clásico bipartidismo –liberales y conservadores- y hoy las opciones son mucho más numerosas y con más posibilidades en ciudades como Bogotá, la capital del país. Allí, el dos veces alcalde y ex candidato presidencial Antanas Mockus, vuelve a intentar ocupar el puesto que le dio proyección nacional. Pero tres candidatos le superan en las encuestas: Enrique Peñalosa, del Partido Verde, pero apoyado por el presidente Santos (y por Álvaro Uribe); Gustavo Petro, que integró el izquierdista Polo Democrático y hoy es candidato de Progresistas; y Gina Parody, hoy independiente y que antes apoyó al presidente Uribe. Los tres están en un virtual empate técnico, aunque Bogotá siempre fue una ciudad que deparó sorpresas.

Elecciones locales en Colombia, bajo la sombra de la parapolítica
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