Mientras cuatro soldados (ex integrantes de la unidad de élite conocida como los Kaibiles), eran condenados a más de 6.060 años de cárcel por una de las masacres cometidas durante la guerra civil, crece el temor a una victoria en las urnas del ex general Otto Pérez Molina, favorito en las encuestas.
“Yo quiero saber quién dijo que en Guatemala hubo genocidio”, dijo recientemente el candidato del Partido Patriota. Un periodista del diario digital guatemalteco PLAZAPUBLICA, le contestó que Naciones Unidas. “Quién en Naciones Unidas”, insistió el general. “La Comisión de Esclarecimiento Histórico”, se le informó. Naturalmente el general estaba al tanto de la información, solo que él sostiene que esta comisión no dice la verdad de lo que pasó en el país. Su versión es que lo que la ONU calificó de matanzas y genocidio ocurrieron en las áreas donde operaba el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, que a diferencia de lo que habría hecho el ORPA, Organización del Pueblo en Armas, involucraba en sus acciones a toda la población, incluyendo a mujeres y niños.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos están empezando a temer que la victoria del Pérez Molina en las elecciones del próximo mes de septiembre supongan un retroceso en las causas para investigar y castigar a los responsables de la guerra más larga y sangrienta que tuvo lugar en Centroamérica, en plena Guerra Fría. Entre 1960 y 1996, murieron cerca de 250.000 personas. Según la ONU, el 85 % de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período, corresponden a los militares.
Unos 12.000 documentos militares de esa época fueron recientemente desclasificados, pero se mantiene en secreto los correspondientes a 1982 y 1983, cuando se desarrolló la parte más sangrienta del conflicto. En esa época Pérez Molina tenía el grado de mayor y habría participado en las operaciones del llamado Triángulo Ixil, departamento de Quiché, escenario de numerosas masacres.
Un plan de Operaciones Militares de la época fue entregado por la Secretaría de la Paz, dependiente de la Presidencia de la República, al Ministerio Público. Este documento, que detalla las operaciones necesarias para la destrucción total de la base de apoyo a la guerrilla, así como a los representantes políticos de la insurgencia, le fue entregado a la Audiencia Nacional de España y al juez Santiago Pedraz, que aceptó una demanda promovida por Rigoberta Menchú por genocidio, torturas y terrorismo de Estado contra varios militares guatemaltecos.
Hace unos días, el grupo indígena Waqib´Kej (Coordinación y Convergencia Nacional Maya), presentó una carta a la ONU acusando a Pérez Molina de violaciones a los derechos humanos en el Quiché. Otra causa, promovida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición del dirigente guerrillero Efraín Bámaca, podría también complicarle. En 1992, cuando el general era director de inteligencia, se produjo la desaparición del guerrillero, que habría sido capturado vivo y se sospecha que después fue entregado a la Dirección de Inteligencia. El caso Bámaca adquirió gran renombre internacional gracias a la labor de difusión de su esposa, la abogada norteamericana Jennifer Harbury.
La última encuesta publicada por el diario Prensa Libre le da al general Pérez Molina una intención de voto del 37,6 %, seguido con un 17,2 % por Sandra Torres, divorciada (por conveniencia ) esposa del actual presidente, que hasta ahora ha visto reiteradamente rechazada su candidatura ya que la Constitución prohíbe a familiares del presidente postularse al cargo.
