sábado. 13.07.2024
ataque guatemala finca bella flor
Ataque en la Finca La Bella Flor (Autor:CUC)

La violencia contra sindicalistas y campesinos no cesa en Guatemala. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha denunciado el asesinato de Idar Joel Hernández Godoy, sindicalista de las Bananeras de Izabal, que murió la pasada semana. La Confederación ha pedido que se esclarezcan unos hechos que se encuadran dentro de la pugna que mantienen los grandes productores y los indígenas por el control de las tierras de cultivo en el departamento de Alta Verapaz, en el país centroamericano.

El pasado 27 de mayo, la CSI denunció la muerte de Hernández Godoy, secretario de finanzas del Sindicato de trabajadores de las bananeras de Izabal (Sitrabi). Una muerte más que lleva a la Confederación sindical a insistir en una carta dirigida al presidente del país, Álvaro Colom, en que se esclarezcan las muertes de trabajadores y campesinos en la “represión sindical” desatada en Guatemala.

El pasado 10 de abril, otro sindicalista de la organización de trabajadores del sector bananero, Óscar Humberto González Vázquez, moría también asesinado. Dos muertes que se añaden a la larga lista en que destaca el asesinato de 29 campesinos en la Finca ‘Los Cocos’, en el municipio de La Libertad, los días 14 y 15 de mayo, denunciada por los sindicalistas.

Guardias privados disparan contra campesinos

La lucha por la tierra y la debilidad del Estado de Derecho están provocando una marea de sangre en Guatemala. En el valle del Polochic, al norte de la capital, los campesinos llevan meses denunciando ataques armados por parte de los grandes productores de caña de azúcar y cultivos dedicados a la fabricación del biocombustible etanol. Según la denuncia, una treintena de guardias armados enviados por la familia Widman, propietaria del ingenio azucarero ‘Chabil Utzaj’, abrieron fuego contra los campesinos en Agua Caliente el pasado 21 de mayo. Los campesinos aseguran que los guardias, después de preguntar por dos líderes sindicales, dispararon contra ellos “sin mediar palabra”. “Los campesinos no pudieron protegerse”, afirma la CSI, que señala entre los culpables a los guardias de seguridad Jorge Mario Barrientos y Efraín García.

Grandes empresas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y de la palma han acudido al valle del río Polochic, atraídas por sus fértiles tierras, aseguran en fuentes consultadas. Así, dos únicas empresas se reparten buena parte de tierra. Inversiones Promotoras de Desarrollo (INDESA) y la mencionada ‘Chabil Utzaj’, propiedad de la familia Widman, y cuyas tierras fueron ocupadas por los campesinos.

Los Widman han denunciado la quema por parte de los campesinos de 1.800 hectáreas de cultivos de caña, lo que arrojó pérdidas por valor de 4 millones de dólares. Por su parte, los campesinos culpan a la familia Widman de los ataques armados. Así, el 14 de diciembre de 2009, según el Comité Unidad Campesina (CUC), nueve guardias armados abrieron fuego contra un grupo de campesinos en La Bella Flor, una finca cuyo alquiler ansía la familia para unirla a su imperio azucarero. En el ataque, cinco campesinos resultaron heridos, entre ellos un miembro de la dirección nacional del Comité campesino.

Las comunidades ‘q’equchies’ –un 89 por ciento de la población del valle- han respondido al avance de los grandes cultivadores con ocupaciones de tierra.

Según los campesinos, la familia Widman es también “responsable” del ataque contra un grupo de campesinos en junio del 2008, en el que un sindicalista resultó herido, así como del “secuestro temporal” de dos dirigentes sindicales en julio de 2008.  “Hay una denuncia en contra de estos hechos. Pero el proceso se encuentra congelado en la Fiscalía del Ministerio Público del Municipio de la Tinta -Alta Verapaz-. Y los hechos  continúan en la impunidad”, denuncia el comité campesino.

“Exigimos a las autoridades la inmediata captura de los responsables de atacar al grupo de campesinos y campesinas; la suspensión de los desalojos y el abordaje inmediato de la conflictividad en el Departamento de Alta Verapaz”, reclaman los sindicalistas guatemaltecos, que encuadran estos hechos dentro del acelerado proceso de reconcentración de tierras y expulsión de campesinos que llevan a cabo terratenientes a fin de impulsar los monocultivos destinados a la elaboración de agrocombustibles, en el departamento de Alta Verapaz y otros.

Por su parte, la CSI insiste en pedir a la Administración de Justicia que inicie sin retraso una investigación eficiente y exhaustiva que permita encontrar y juzgar a los autores de los crímenes, dijo Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.” “Es inaceptable que la mayoría de los crímenes y delitos en Guatemala queden impunes”.

Muere otro sindicalista por el control de las tierras en Guatemala