@jgonalezok / Este próximo martes, 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal número 2 dará a conocer en Buenos Aires su sentencia por el llamado caso “Vialidad”, que tiene como principal acusada a la actual vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. La causa tiene que ver con el presunto direccionamiento de los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, amigo de la pareja presidencial. Los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina, al considerarla jefa de una asociación ilícita; también la acusan de defraudación en perjuicio del Estado. La propia vicepresidenta da por segura su condena.
El tribunal estudió la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz (feudo de los Kirchner), entre 2003 y 2015, que fueron a parar a una única empresa, propiedad de Lázaro Báez, amigo y socio del entonces presidente Néstor Kirchner. En su alegato, el fiscal afirmó: “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se haya desarrollado en el país”. Y explicó el modus operandi: Una vez que los fondos públicos llegaron a manos de Báez, “una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero esta vez en una faceta privada, a través de maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”, dijo el fiscal.
Lázaro Báez era un simple empleado bancario, pero fundó una empresa constructora un día antes de que su amigo Néstor Kirchner asumiera la presidencia. A partir de ahí ganaría casi todas las licitaciones de obra pública en la provincia y se convirtió en multimillonario, propietario de 45.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia y centenares de bienes inmuebles. La relación de amigos íntimos entre Néstor y Lázaro la admitió Cristina Kirchner en su indagatoria, señaló el fiscal: “No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias”.
La acusación afirma que se concedieron fondos injustificados a la provincia de Santa Cruz y las autoridades nacionales digitaron las licitaciones para que las ganara casi todas el socio presidencial. El empresario incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron y en todas las obras menos una se vio favorecido por fuertes aumentos respecto a los precios originales mediante redeterminaciones de precios. Aun así, 24 de las 51 obras fueron abandonadas y quedaron sin finalizar. Como no tenía capacidad para realizar todas las obras, recibió prórrogas que, sumadas, llegarían a los 63 años. No obstante esto, el empresario recibió hasta el último centavo de los contratos.
Cristina Kirchner siempre negó ser amiga del empresario y minimizó los negocios conjuntos. Pero la periodista del diario Clarín Lucía Salinas, que sigue el caso de cerca, escribió hace unos días: “Terrenos, casas, ampliación de hoteles, alquiler de inmuebles, alquiler de hoteles, préstamos millonarios, un terreno en condominio, compraventa de propiedades, son algunas de las transacciones que concretaron Cristina Kirchner y Lázaro Báez durante los años en que ella y su marido presidieron la Argentina”. Y añadió que mientras la empresa de Báez se imponía en cuanta licitación se presentaba, pagó, solo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y le compró diez propiedades por 2 millones de dólares. A pesar de los datos abrumadores, el abogado de Cristina dijo en el juicio: “No fueron retornos (sobornos), fueron negocios privados”.
Para el fiscal, una sentencia ejemplar significaría un primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones: “Es corrupción o justicia y ustedes tienen la decisión”, señaló en su alegato final ante los jueces.
Hasta el momento, Cristina Kirchner hizo una defensa política, pero días antes de la sentencia, en su último alegato, intentó por primera vez algo parecido a una defensa jurídica, tratando de desbaratar los argumentos de la acusación. “Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita” dijo, declarándose por encima del Código Penal. Y publicó un documento que tituló “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”. Pero el grueso de su argumentación fue la supuesta persecución política a la que está siendo sometida, afirmando que los jueces intentan disciplinar a próximas generaciones, para que “nunca nadie vuelva a atreverse” a instrumentar las medidas políticas que llevó adelante su gobierno, mencionando en concreto la estatización de los fondos de pensiones y la expropiación de la empresa petrolera YPF.
La vicepresidenta argentina sostiene que la justicia la quiere muerta o condenada, haciendo malabares para conectar el atentado fallido del 1 de septiembre con las investigaciones por corrupción. En diciembre de 2019, cuando fue indagada por los jueces, dijo: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia, y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.
Hace unos días dio un paso más al calificar al tribunal que la juzga como “un pelotón de fusilamiento”. Afirma que el viejo partido militar ha sido sustituido por el partido judicial, pidiendo que los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola sean investigados penalmente por prevaricato.
Se da por hecho que el kirchnerismo en bloque saldrá a repudiar la eventual condena. El dirigente sindical Daniel Catalano, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció fuertes medidas: “Si la tocan a Cristina, paramos el Estado, los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país, basta de lawfare y persecución política”.
Si Cristina Kirchner es condenada, hará campaña el próximo año con el oprobio de haber sido condenada por corrupción. Y en la cola están a la espera otros juicios, igualmente por corrupción, que no han avanzado tanto como el actual. Hay dos, fundamentalmente: el conocido con el nombre de “Hotesur y los Sauces” -por los nombres de sus hoteles patagónicos-, y el llamado “Cuadernos”, en el que la acusación se basa en los diarios que escribió un chofer del ministerio de Planificación, donde relata cómo casi diariamente se hacían recaudaciones de sobornos y se llevaban a la Casa Rosada, al ministerio e incluso al domicilio personal de Cristina Kirchner.
Pero la condena no le impediría volver a presentarse a cualquier cargo político el año próximo, ya que tiene todavía dos instancias de apelación, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Podrá ser nuevamente candidata a presidenta, a gobernadora o a Senadora Nacional. Este último es seguramente el cargo por el que optará, ya que le dará seis años más de fueros, mientras que son escasas las posibilidades de que gane la elección presidencial.
