sábado. 24.02.2024
Cristina Fernández de Kirchner

@jgonzalezok | Doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es la pena que pidió este lunes el fiscal Diego Luciani para la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner, en la primera causa que logró avanzar y que muchos consideran como un Nunca Más a la corrupción. La petición del fiscal se produjo en la última de las 9 jornadas que utilizó para presentar las pruebas acumuladas. 

La causa, conocida como Vialidad, tiene otros 13 acusados. Entre ellos el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor y Cristina Kirchner, que era un simple empleado bancario hasta que un día antes de comenzar el gobierno de Néstor Kirchner fundó una empresa, Austral Construcciones. La misma resultaría beneficiada con la adjudicación irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Para él también se piden 12 años de cárcel. Y también pidió que se investigue al hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner por la posible comisión de ilícitos en torno a las obras adjudicadas a Báez. 

Para la fiscalía hubo sobreprecios, demoras injustificadas y trabajos inconclusos. Todo, sin control por parte del Estado. La administración general de Vialidad de la provincia de Santa Cruz nunca designó a los funcionarios que debían controlar. El Tribunal de Cuentas de la provincia fue calificado como “órgano parasitario” por la fiscalía. La Sindicatura General de la Nación, que también tenía funciones de control, estaba encabezada por Alesssandra Minnicelli, esposa del ministro de Planificación, a quien debería controlar.

El presunto perjuicio al Estado fue de casi 1.000 millones de dólares “tirados a la basura”, según la fiscalía. Ahí se contemplan las obras abandonadas, las rutas asfaltadas solo por tramos, los sobreprecios, las modificaciones de obra y la redeterminación de precios

El fiscal, que calificó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita, habló de 12 años (la presidencia de Néstor y los dos gobiernos de Cristina Kirchner) de arbitrariedades, de un apartamiento sistemático de las leyes, “en los que se realizaron acciones corruptas, ilegales”. Señalando que era indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos del Estado”. Y señaló que no encontraba ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos. 

El fiscal calificó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita (…) Y señaló que no encontraba ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos

Entre las pruebas aportadas en el caso figuran chats telefónicos, en los que el entonces subsecretario de Obras Públicas, José López, pedía información a la empresa de Báez “para que la señora vea y tome decisiones”. Otro chat confirma al menos una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, contrariando la posición adoptada siempre por la actual vicepresidenta de que no tenía nada que ver con el empresario. 

“Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, dijo el fiscal, en la acusación que alcanza también a otros altos funcionarios de la época, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López. El objetivo era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente licitación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. La empresa Austral Construcciones fue considerada como una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado: “No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”, señaló el fiscal en su alegato. Las licitaciones espurias contaron con la complicidad de otras empresas, que simulaban competencia con las de Báez. 

El fiscal mostró mensajes de WhatsApp que demuestran que hubo un plan, que denominó Limpiar todo, en noviembre de 2015, días previos a que asumiera el gobierno Mauricio Macri. Se le pagaron 537 millones de pesos a las empresas de Báez, todo lo que se le adeudaba, se ordenó que se abandonen las obras, se cierren las empresas y se despida a los trabajadores. La empresa desapareció cuando culminó el mandato de Cristina. “Esto fue así porque solo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”. 

Además de las penas de prisión, se pidió para los acusados el decomiso sobre sus bienes por el valor de unos 1.000 millones de dólares, que es la cifra que se calcula que sufrió el Estado como perjuicio. En el caso de Báez, compró estancias con una superficie de 415.000 hectáreas (20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). Los Kirchner tuvieron ingresos millonarios por el alquiler ficticio de habitaciones en sus hoteles y por un entramado de negocios conjuntos con el empresario. 

El fiscal Luciani apuntó al presidente Alberto Fernández, hablando de “injerencia indebida” en el curso del juicio. Y le recordó que había renunciado como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner por la corrupción en la obra pública: “Para defender puerilmente a su compañera de fórmula evitó hablar de los hechos probados en el caso”, señaló. 

Inmediatamente conocida la petición del fiscal hubo enfrentamientos frente al domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, con manifestantes a favor y en contra

Criticó a algunos altos funcionarios del gobierno actual, que “se han atrevido a descalificar las investigaciones de graves hechos de corrupción con el único fin de menoscabar el Poder Judicial”, añadiendo que el poder de las mayorías no es absoluto. 

“La historia me absolvió y me absolverá; a ustedes, la historia les condenará”, había dicho Cristina Kirchner el 2 de diciembre de 2019, cuando le tocó declarar en la causa. Consultada sobre si iba a contestar preguntas -el fiscal tenía preparadas 150-, respondió: “¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo, seguro que ya tienen la condena escrita”. Ahora, el fiscal Luciani recordó dichas declaraciones y señaló que ella sabe bien que es el Poder Judicial el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en cumplimiento de garantías constitucionales. “Los gobernantes deben rendir cuenta de sus actos”, subrayó. 

La ex presidente pidió ampliar mañana su declaración indagatoria, aunque el Código Procesal Penal no lo prevé en esta fase, pudiendo hacerlo al final, antes de la sentencia. El presidente del Tribunal ya denegó la petición y Cristina Kirchner reaccionó criticando a los jueces, afirmando que se está ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial y anunciando que hablará a través de las redes sociales.

Inmediatamente conocida la petición del fiscal hubo enfrentamientos frente al domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, con manifestantes a favor y en contra, con algunos detenidos. La vicepresidenta acusó al alcalde de la capital Horacio Rodríguez Larreta de reprimir a los militantes que fueron a apoyarla. 

Para la oposición, las pruebas presentadas por el fiscal son demoledoras y escandalosas. Por el contrario, las reacciones de funcionarios del gobierno y aliados políticos insisten en hablar de persecución política. La idea es que la persiguen por sus convicciones, por defender los derechos del pueblo. Pero la parte débil del argumento es que nunca se han molestado en desmentir con hechos las gravísimas acusaciones, éstas sí apoyadas en pruebas tangibles. 

La coalición oficialista Frente de Todos hizo pública una declaración que dice: “Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra (…) No habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas. Cristina amplió los derechos de los sectores populares y eso es irreversible e la memoria del pueblo”. 

Unos 500 alcaldes de todo el país hablaron del uso del sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y de disciplinamiento social”. Añadiendo que “la persecución judicial sobre la vicepresidenta (…) constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”. 

La Cámpora, organización ligada al hijo de Cristina, lanzó la consigna: “Jueces macristas, no jodan con Cristina”. Y la presidente de Madres de la Plaza de Mayo pidió hacer una “pueblada” (alzamiento popular) para defender a la señora de Kirchner. No se descarta una gran movilización popular que intente emular el 17 de octubre de 1945, cuando nació el peronismo, en que miles de personas confluyeron en la Plaza de Mayo en apoyo al general Perón. 

El juicio no ha terminado, ahora viene el turno de los alegatos de las defensas. La sentencia podría llegar hacia fin de año. En caso de que se confirmaran las peticiones del fiscal, Cristina Kirchner tendrá posibilidad de apelación ante la Corte Suprema. Y apuesta todas las fichas a que, en el peor de los casos, pueda ser candidata el año que viene a algún cargo, desde otra vez presidenta, a gobernadora o parlamentaria, con lo que tendría fueros. Y en febrero próximo cumplirá 70 años, en cuyo caso una eventual pena de cárcel se convertiría en prisión domiciliaria. Eso sí, después de esta causa hay otras relacionadas con la corrupción durante los gobiernos de ella y su marido, entre 2003 y 2015. 

Piden 12 años de cárcel para Cristina Kirchner por corrupción