viernes. 01.03.2024
LULAJusticia

Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 | 

El 8 de enero de 2023, solo una semana después de que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva subiera la rampa del Palacio de Planalto, marcando simbólicamente el inicio de su tercer mandato, miles de fanatizados seguidores del presidente saliente Jair Bolsonaro invadieron la Esplanada de los Tres Poderes en Brasilia y depredaron los edificios del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y de la sede del Poder Ejecutivo. Se iniciaba lo que en clave se conoció como la “Fiesta de Selma” –aludiendo a “Selva”, un saludo común de militares brasileños–, que entró en la historia como el primer intento de golpe de Estado desde la vuelta de Brasil a la democracia en 1985. 

El gobierno convocó para este lunes (8) un gran acto en Brasilia para celebrar la democracia y recordar los acontecimientos de un año atrás. “Será un evento para no olvidar lo que pasó y unir el país todavía más en torno a los valores democráticos”, dijo el ministro de Justicia interino, Flavio Capelli. El día 8 de enero pasado los brasileños asistieron en vivo por televisión a horas de vandalismo en las sedes de los poderes en la capital federal. Gabinetes y salones fueron depredados, objetos de valor histórico del patrimonio nacional fueron destruidos y los edificios sufrieron daños importantes. Hasta ahora se gastaron más de 21 millones de reales (unos 4 millones de euros) para recuperar el patrimonio. 

El plan de los golpistas era provocar el caos para que el nuevo gobierno se viera obligado a emitir un decreto de Garantía de Ley y Orden (GLO), sacando tropas a la calle. Con el Ejército responsable por el orden público, los civiles perderían espacio y estaría abierto el camino para el golpe. El ministerio de Defensa llegó a preparar un decreto de este tipo, pero Lula –un político experimentado que asumía por tercera vez la presidencia de la República– percibió la maniobra y la rechazó. En su lugar, se decidió apartar temporalmente al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro de dudoso comportamiento en aquellos momentos, y designar un interventor federal en el área de seguridad. Con poco más de una semana en el cargo, Lula estaba en Araraquara, en el interior del estado de São Paulo, visitando la ciudad que había sufrido daños importantes por una tempestad. Fue para la sede del ayuntamiento y desde allí comandó la estrategia de la reacción del gobierno federal. 

El plan de los golpistas era provocar el caos para que el nuevo gobierno se viera obligado a emitir un decreto de Garantía de Ley y Orden, sacando tropas a la calle

En entrevista este sábado (6) en el diario O Globo, Lula se quejó de no haber tenido las informaciones correctas sobre la situación: “Antes de viajar a São Paulo conversé con el ministro (de Defensa) Múcio, que me dijo que estaba tranquilo, que las personas (acampadas ante los cuarteles militares) iban a salir. Viajé tranquilo, no se me pasaba por la cabeza que iba a ser sorprendido con aquella manifestación”. 

Más de 1.300 personas fueron encarceladas en las horas siguientes. La Suprema Corte de Justicia abrió 1.345 procesos criminales en la “Operación Lesa Patria”. Hasta ahora se concluyeron 30 procesos y se dictaron las primeras sentencias para 232 acusados, con penas máximas de 17 años de cárcel, que corresponden a las personas que participaron directa y activamente en los sucesos del 8 de enero; otras 29 acciones penales deberán concluirse en la primera semana de febrero, cuando terminan las vacaciones judiciales. Los condenados enfrentaron acusaciones de asociación criminal armada, abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño cualificado por la violencia y grave amenaza, con empleo de sustancias inflamables, contra el patrimonio del Estado. 

“No podríamos dejar que aquellos que intentaron romper con la democracia de Brasil siguieran pensando que una eventual impunidad pudiese alentarlos a intentarlo nuevamente”, dice el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que en ese momento ejercía simultáneamente la presidencia rotativa del Tribunal Electoral. El magistrado tuvo un papel decisivo para contener la intentona al actuar con rapidez y de forma incisiva. Junto con Lula, es el objetivo preferente del discurso de odio de los bolsonaristas. Moraes es hoy el juez instructor de los procesos sobre los actos golpistas y promete llegar hasta los que ordenaron y financiaron los actos. En entrevista al diario O Globo, contó que las investigaciones revelaron que los radicales pretendían detenerlo y asesinarlo y tenían un insólito plan para ahorcarlo en la plaza pública. 

Moraes es hoy el juez instructor de los procesos sobre los actos golpistas y promete llegar hasta los que ordenaron y financiaron los actos

El 8 de enero fue la culminación de un proceso, que comienza el 30 de octubre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones, que consagran a Lula como vencedor frente a Bolsonaro, en una reñida contienda en la que la diferencia de votos fue de poco más del 1 %. Inmediatamente de conocidos los resultados, comenzaron acciones coordinadas, como el bloqueo de diversas carreteras y autopistas del país. Desde ese día al 8 de enero se registraron un total de 804 bloqueos, fundamentalmente en el sur y sureste del país, donde hay mayor número de seguidores de Bolsonaro. 

Al mismo tiempo comenzaron los actos convocados frente a diferentes cuarteles, pidiendo la intervención de los militares para anular la elección. De ahí surgió el movimiento para montar campamentos golpistas frente a instalaciones militares. Un informe de inteligencia del propio Ejército del día 19 de noviembre, estimaba que había unas 43.000 personas acampadas. 

Ya el día 12 de diciembre de 2022, cuando el Supremo Tribunal Federal entregó a Lula el diploma que lo habilitaba para asumir el mandato el 1º de enero, hubo gravísimos incidentes, con bolsonaristas invadiendo la sede de la Policía Federal en Brasilia, nuevamente con la pasividad de las autoridades, que todavía respondían a Bolsonaro.

El 24 de diciembre registra una escalada en el conflicto. Se descubre un camión cargado con 60.000 litros de combustible de aviación cerca del aeropuerto de Brasilia, listo para ser explosionado. Y el mismo 8, además de los sucesos en la Explanada de Planalto, diversas refinerías de petróleo fueron bloqueadas. 

A pesar de todos estos antecedentes, la ceremonia de asunción de Lula del 1 de enero se desarrolló con normalidad y estuvo llena de simbolismos para marcar el nuevo tiempo. Lula eligió subir la rampa de Planalto acompañado del cacique Raoni, un joven con parálisis cerebral, un obrero metalúrgico, una recicladora de basura, un joven profesor de 28 años, un artesano y un niño de diez años. También lo acompañó Resistencia, la perrita callejera de la primera dama, adoptada después de permanecer durante un año y medio con militantes que hicieron guardia afuera de la prisión donde estuvo Lula. 

La realidad de un nuevo Brasil, que dejaba atrás los cuatro años en que estuvo en las tinieblas bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, contrastaba con los campamentos golpistas y la campaña en las redes sociales de la ultraderecha, con mensajes antidemocráticos. 

Se descubre un camión cargado con 60.000 litros de combustible de aviación cerca del aeropuerto de Brasilia, listo para ser explosionado

En el seno del nuevo gobierno había distintas visiones sobre qué hacer con los que seguían acampados ante los cuarteles. Había quien sugería desalojarlos inmediatamente, mediante una operación de la Policía Militar, aunque los militares estaban en contra; y los que esperaban que todo se fuera diluyendo. Pero después del 8 de enero no había más espacio para la duda y los campamentos fueron retirados. 

En la víspera de la invasión de las sedes de los tres poderes, las instrucciones de los golpistas, dirigidas fundamentalmente a las 3.000 personas acampadas frente al principal cuartel de Brasilia eran: “El Cuartel General de Brasilia es solo para hospedaje y concentración de invitados que están llegando. Es ahí donde se va a decidir el horario y la fecha para la Fiesta de Selma. La fiesta no es en el Cuartel General”. Poco después el director de la Policía Federal alertaba al ministro de Justicia sobre las caravanas de más de 100 autobuses que estaban llegando a Brasilia, “capaces de promover acciones hostiles y daños contra los edificios de los ministerios, del Congreso Nacional, del Palacio de Planalto y del Supremo Tribunal Federal”. 

Aunque había sido alertado, el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, no solo no tomó ninguna medida, sino que liberó el acceso al centro del poder. A la una de la tarde comenzó la invasión. A la una y veintitrés, el secretario de Seguridad de Brasilia informaba al gobernador que estaba todo tranquilo (…) ningún informe de agresividad”, a lo que el gobernador contestaba: “Maravilloso”. 

Durante más de tres horas –entre las 14.45 y a las 18.00–, cerca de 4.000 personas depredaron los edificios más importantes del poder nacional: las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

Para el presidente Lula, lo sucedido el 8 de enero “fue una cosa inusitada”. Y sostiene que hubo un pacto entre el ex presidente Bolsonaro, el gobernador del Distrito Federal, la policía de Brasilia y la Policía Militar: “Eso (los acontecimientos previos al 8 de enero) no podría haber sucedido si el Estado no hubiera querido que sucediese”. Contactado por O Globo, el gobernador Ibaneis Rocha no quiso responder al presidente y las instituciones policiales rechazaron la acusación del mandatario. 

La intentona falló, entre otras cosas, porque las Fuerzas Armadas, como institución, no reaccionaron como esperaban los golpistas

El ex presidente Bolsonaro es el principal investigado en el intento de golpe, por supuestamente haber instigado a sus seguidores, al no aceptar el resultado de la elección. Una prueba fundamental es el video que publicó el 10 de enero en Facebook– eliminado pocos minutos después–, donde sostenía teorías sin fundamento sobre la seguridad de las urnas electrónicas. Como excusa, dijo que estaba medicado y que quería ver el video, no publicarlo en su perfil de la red social. Otras pruebas incluyen una minuta golpista encontrada en la casa del que fuera su ministro de Justicia, Anderson Torres. El mismo Torres acababa de ser nombrado Secretario de Seguridad de Brasilia, aunque días antes de la invasión de las sedes de los tres poderes viajó de vacaciones a Estados Unidos. 

La intentona falló, entre otras cosas, porque las Fuerzas Armadas, como institución, no reaccionaron como esperaban los golpistas. El comportamiento de los militares provocaba aprensión en el nuevo gobierno Lula. En los cuatro años que ocupó la presidencia, Bolsonaro –un militar retirado de bajo rango– hizo un ostensible uso político de las Fuerzas Armadas y eligió como comandantes militares a oficiales identificados con su proyecto de gobierno de extrema derecha. 

El nuevo gobierno temía también por lo que pudiera hacer la Policía Militar, fuertemente influenciada por Bolsonaro, y que hubiese un efecto dominó en los distintos estados del país. Lo mismo con la Policía Rodoviaria Federal, una especie de Guardia Civil que se ocupa de la seguridad en las rutas y que también fue permeada políticamente por el bolsonarismo. 

El nuevo jefe del Ejército, nombrado por Lula y que asumió la víspera de iniciarse el nuevo gobierno, Julio César Arruda, duró solo 20 días en el cargo. Su empeño en nombrar al teniente coronel Mauro Cid, ayudante de órdenes de Bolsonaro, a cargo de una unidad de élite, le costó el puesto. Cuando el ministro de Defensa, José Múcio, lo convocó para pedirle la dimisión, el general le preguntó: “¿Se acuerda que me nombró hace 15 días?”, a lo que el ministro respondió: “Sí, pero necesitamos recomenzar y establecer un clima de confianza, lo que pasa por colocar otra persona en su lugar”. 

La acción decidida del gobierno para enfrentar el intento de golpe tuvo la ayuda imprescindible de la Justicia. Especialmente del Supremo Tribunal Federal y de uno de sus integrantes, Alexandre de Moraes, que fue quien tomó la decisión de apartar temporalmente de su cargo al gobernador de Brasilia Ibais Rocha, el cierre inmediato de los campamentos golpistas frente a los cuarteles y la aprehensión de todos los autobuses que trasladaron a Brasilia a los manifestantes bolsonaristas. Moraes ha lanzado un mensaje de advertencia para quien intente aprovechar el aniversario de los hechos para reivindicarlos: “Cualquier persona que pretenda conmemorar el día 8 estará cometiendo un crimen, porque estará conmemorando una tentativa de golpe”, dijo a la revista Veja. 

Más luces que sombras en el balance del primer año de Lula

Aunque el gobierno de Lula comenzó el 1º de enero, solo a partir de que se sofocó la intentona golpista del día 8 se puede decir que asumió realmente el poder que le dieron las urnas. Y el primer balance de este año tiene que ver con esa fecha, en la que la democracia prevaleció y el país empezó a recobrar la normalidad institucional, después de cuatro años en los que el ex presidente Bolsonaro jugó permanentemente con la idea de un autogolpe e impuso una agenda de ultraderecha y negacionista. 

El aspecto que sorprendió positivamente el primer año del tercer mandato de Lula es el del desempeño económico, mucho mejor del que anunciaban los pronósticos. Y el principal crédito hay que concedérselo al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que encontró resistencias no solo en la oposición, sino también dentro del propio partido gobernante, el PT, que llegó a criticar las orientaciones políticas de Haddad hablando de un “austericidio”. Con un crecimiento del 3,1 % de su PBI –con notable protagonismo del sector agrícola–, una inflación controlada en torno al 4 %, creación de empleo y una recuperación del salario real, tiene en su haber al menos otros dos éxitos importantes: logró aprobar una reforma tributaria que se discutía en el Congreso desde hacía nada menos que cuatro décadas, que moderniza y simplifica el sistema tributario; y puso en marcha un programa al que se adhirieron casi once millones de personas, que permitió que las familias se desendeudaran después de haber estado presas de intereses altísimos. 

Lula consiguió revertir el daño que hizo Bolsonaro a la imagen de Brasil en el mundo. Y colocó de nuevo al país como uno de los actores internacionales

En política exterior, Lula consiguió revertir el daño que hizo Bolsonaro a la imagen de Brasil en el mundo. Y colocó de nuevo al país como uno de los actores internacionales, ejerciendo un liderazgo en lo que se conoce como el Sur Global. Brasil volvió a ser un país importante en asuntos como el medio ambiente, especialmente el cambio climático. Lula hizo más viajes internacionales en su primer año que su antecesor en los cuatro que ejerció la presidencia. Brasil presidirá este año el G20 y será sede de la Conferencia del Clima COP30 en el 2025. 

En el primer año, Lula cumplió su promesa de comenzar a desarmar el país. En los cuatro años anteriores, una de las principales banderas de Bolsonaro fue la de liberar el porte de armas para el ciudadano común. El resultado fue una explosión de venta de armas de fuego. En 2023, el número de nuevos registros fue un 82 % menor que el año anterior, gracias a las restricciones impuestas por el gobierno: el 75 % de los nuevos pedidos fueron denegados. 

Después de la tragedia que se vivió con Bolsonaro, la salud volvió al centro de las prioridades, con énfasis en la recuperación del programa de vacunas. Volvió, además, la Farmacia Popular, que distribuye medicamentos esenciales gratuitos entre los sectores más necesitados. 

Por otra parte este ha sido un año marcado por la necesidad de negociación política, donde Lula tuvo que ceder en muchos aspectos frente a partidos que piden contrapartidas, pero donde pudo mantener relativo control de temas clave, como salud, justicia y medio ambiente, además de la economía.

A pesar de la normalización, persiste la polarización política. Una reciente encuesta de Datafolha indica que el 30 % de los consultados son petistas convencidos, mientras que el 25 % se declaran bolsonaristas. Los que dicen estar en el centro son un 20 %. La aprobación del gobierno de Lula está en el 36 %, según la última encuesta de Genial/Quaest, mientras que el 29 % desaprueba su gestión. Preguntados específicamente sobre la actuación de Lula, el 54 % dice aprobar el trabajo del presidente, frente a un 43 % negativo. La nota de la gestión es de 5,7, en una escala de 1 a 10. 


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Javier M. González | Corresponsal de RNE en América Latina y en Alemania. Cubrió información de Chile desde la transición hasta la muerte de Pinochet.


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Gabriela Máximo | Periodista brasileña de política Internacional. Cubrió diversos acontecimientos en América Latina y África para Jornal do Brasil y O Globo.

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