@jgonzalezok / @gab2301 Después del intento golpista de la extrema derecha en Brasil, el pasado 8 de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró públicamente que había perdido la confianza en parte de los militares. En una muestra clara de su recelo, desistió de tener edecanes militares, que en Brasil se denominan ayudantes de órdenes. Dijo que exigiría de los comandantes del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea el castigo de militares involucrados en los actos, independientemente del rango. Lula se irritó con los fallos de la seguridad para impedir la invasión a los edificios de los tres poderes y dijo estar convencido de que las puertas del palacio presidencial fueran abiertas para los vándalos.
Con las investigaciones aún abiertas, se ha podido constatar hasta ahora la participación en los actos golpistas de al menos 15 militares en activo y en la reserva en diferentes formas. Lula empieza su tercer mandato en tensión con las Fuerzas Armadas, que fueran fuertemente politizadas en los cuatro años del gobierno ultra derechista de Jair Bolsonaro. El ahora ex presidente, un capitán que colgó el uniforme después de problemas disciplinarios, llenó los puestos públicos de militares, empezando por su vicepresidente, un general de la reserva.
“Desbolsonarizar” las fuerzas de seguridad es un reto importante para el nuevo gobierno. Desde los sucesos del día 8, ya fueron separados 45 militares que estaban a cargo de la seguridad de las residencias oficiales de la presidencia (Planalto y Alvorada). Once oficiales del Gabinete de Seguridad Institucional -uno de los mayores focos de bolsonaristas en las dependencias estatales- siguieron el mismo camino. Y la purga seguramente continuará.
No es solo la actuación de los militares en los actos golpistas lo que preocupa al gobierno. También la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal están bajo estricta observación. Esta última fue la más contaminada por el bolsonarismo, y ya se decidió destituir a todos los superintendentes (jefes) en los 27 estados del país. Limpia un poco menor se hizo también en la Policía Federal. Muchos oficiales en ambas fuerzas que habían sido apartados por el anterior gobierno recuperaron sus puestos de comando.
El presidente Lula recibió este viernes (20 de Enero) a los jefes de las tres fuerzas, en una reunión que se prolongó por dos horas. A pesar de que había mucha expectativa sobre el desarrollo de este encuentro y, sobre todo, sobre su contenido, el ministro de Defensa José Múcio aseguró que no se había abordado la cuestión de los sucesos del día 8 en Brasilia y que tampoco se trató las posibles condenas o sanciones para quienes participaron en los mismos, por ser un tema que compete a la Justicia. No obstante, dio dos mensajes: que los militares son conscientes de que se tomarán medidas contra militares que hayan participado de los intentos golpistas, y que un nuevo episodio como el asalto a las sedes de los tres poderes no se volverá a repetir, porque las FF.AA. “se van a anticipar”.
Intentando no dañar aún más las relaciones con el sector militar, Múcio dijo que en su opinión no hubo participación directa de las Fuerzas Armadas como institución en los actos golpistas, añadiendo que “si algún elemento, individualmente, participó, va a responder como ciudadano”. También aseguró que los comandantes están de acuerdo con el castigo a militares que hayan intervenido en los sucesos.
En una reciente entrevista televisiva para la cadena Globo, el presidente Lula había señalado la importancia de despolitizar las Fuerzas Armadas, después de que el gobierno de Bolsonaro contaminó la institución: “El soldado, el sargento y el coronel son del Estado. No es el Ejército de Lula, de Bolsonaro, tienen que defender el Estado brasileño, la Constitución. Quiero conversar con ellos (los comandantes) abiertamente, quiero mantener una relación civilizada”. En la misma entrevista recuerda que convivió dignamente con las tres fuerzas en sus dos períodos como presidente. Pero alertó: “Quien quiera hacer política, que se saque el uniforme y dispute una elección”. Y también rechazó que los militares sean un poder moderador, “como piensan que son”.
Esa difícil relación de los militares con la izquierda empeoró con la llegada al poder de Bolsonaro, que politizó aún más los cuarteles, llenó de militares los ministerios, organismos oficiales y empresas controladas por el Estado, y los embarcó en su cruzada anticomunista
Históricamente, la relación de Lula con los militares fue correcta, aunque siempre con desconfianza. En sus dos primeros mandatos aceptó la regla de ascensos por antigüedad, como es del gusto de los militares; no hizo cambios en los servicios secretos - la Agencia Brasileña de Inteligencia es controlada por los militares-, a pesar de que la mayoría de sus integrantes se habían formado en el temido Servicio Nacional de Informaciones (SNI) de la dictadura; y nombró al frente del Gabinete de Seguridad Institucional, con amplio campo de actuación, a un general en activo.
Pero en el tercer gobierno del PT, con Dilma Rousseff, el antipetismo se acentuó. En primer lugar porque la mandataria había integrado grupos guerrilleros -aunque no participó en acciones armadas-, fue detenida y torturada durante la dictadura. Pero, sobre todo, porque puso en marcha la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante la dictadura. Habían pasado 26 años desde el final del gobierno militar y sus integrantes no habían sufrido ningún tipo de investigación ni castigo, gracias a la autoamnistía que se dieron los militares y que fue aceptada hasta entonces por los distintos gobiernos.
Esa difícil relación de los militares con la izquierda empeoró con la llegada al poder de Bolsonaro, que politizó aún más los cuarteles, llenó de militares los ministerios, organismos oficiales y empresas controladas por el Estado, y los embarcó en su cruzada anticomunista. Aunque sea difícil entenderlo, hay sectores, civiles y militares, que piensan que con Lula se va a imponer el comunismo.
En los días previos a la última elección, los socios de los clubes militares de las tres fuerzas recibieron un comunicado encabezado por este párrafo: “La sociedad brasileña hace tiempo que viene siendo azotada por el proselitismo socialista, que atenta contra los valores respecto a nuestra soberanía, la moral familiar, la libertad, la seguridad pública y el respeto a las creencias religiosas, pilares fundamentales para una saludable convivencia social”.
Lula tiene en el sector militar un problema y como dice el profesor João Roberto Martins Filho, de la Universidad Federal de São Carlos, especialista en el tema, es un hecho que “a los militares no les gusta Lula y nunca les va a gustar”. Otro historiador, el profesor Francisco Teixeira, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ve difícil la tarea de despolitizar las FF.AA. y considera que Lula tiene que actuar con decisión y dejar claro que no se puede sostener la idea de la tutela militar, “que viene desde la proclamación de la República”.
En entrevista con el diario Valor Económico, el profesor Teixeira alerta que el nuevo gobierno tiene que intervenir en la formación de los oficiales brasileños: “No es más posible que las escuelas y academias continúen formando oficiales con esa visión histórica y sociológica de Brasil. La idea de que ellos son los únicos puros, impolutos y patriotas no puede continuar. La idea de que el Ejército creó la nación brasileña es un absurdo”.
