@jgonzalezok / El gobierno de Alberto Fernández, que asumió el pasado 10 de enero, envió este martes al Congreso un paquete de medidas que bautizó como Ley de solidaridad social y reactivación productiva, con medidas muy semejantes a las que implementaron durante los anteriores gobiernos kirchneristas (2003-2015). Entre ellas, congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, mayores impuestos a la exportación de granos y un impuesto del 30% a la compra de dólares, con un límite de solo 200 al mes, lo que supone de hecho una importante devaluación.
Pero la medida más significativa es que el gobierno recupera los superpoderes, que permite al gobierno modificar las partidas presupuestarias, rediseñar la organización de la Administración Pública y los organismos descentralizados, unos 70, incluyendo el nombramiento de sus nuevas autoridades. Este último aspecto es un importante botín político para el gobierno, que en otras épocas llenó de militantes estos organismos.
En el texto del proyecto enviado al Congreso se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y se delega en el Poder Ejecutivo las facultades que se explicitan en la ley.
El diputado opositor Mario Negri (UCR), acusó al gobierno de querer desguazar al Congreso: “Nos sorprende semejante delegación de facultades, porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso”. También afirmó que las pretendidas cesiones de algunas facultades a favor del gobierno en muchos casos rayan con la inconstitucionalidad.
De hecho, el artículo 29 de la Constitución argentina establece textualmente: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor a las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Los superpoderes ya permitieron a los anteriores gobiernos de los Kirchner saltarse el presupuesto aprobado cada año por el Congreso y gobernar sin control del legislativo
Otro diputado opositor, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), adelantó que no habilitarían ni delegarían ningún tipo de facultades “que destruyan la Constitución, el Congreso y facultades propias de la Cámara de Diputados”. Añadiendo que el país iba hacia una “democracia delegativa”.
Argentina vivió durante 16 años bajo una normativa de excepción. En enero de 2002, cuando comenzaba el gobierno del presidente provisional Eduardo Duhalde, se sancionó una Ley de Emergencia Económica, que conllevaba superpoderes y que se mantuvo durante los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Inicialmente tenía una vigencia de dos años, pero se fue renovando de forma ininterrumpida, aún cuando las condiciones cambiaron radicalmente con el auge de los precios de las materias primas y el país empezó a crecer a tasas chinas. Pero los superpoderes, permitieron a los gobiernos de los Kirchner saltarse el presupuesto aprobado cada año por el Congreso y gobernar sin control del legislativo.
El economista Roberto Cachanosky afirmó que el primer dato preocupante con las medidas de emergencia en Argentina es que “todo lo que empieza de este modo se transforma en permanente o casi permanente”. Así sucedió con la anterior ley de emergencia económica; con el impuesto a las Ganancias, que fue una medida de emergencia en la década del 30 del siglo pasado y que sigue vigente; o con el aumento del IVA en 1995, que también se planteó como un impuesto de emergencia.
El gobierno de Alberto Fernández espera que su proyecto sea aprobado por el Congreso este mismo jueves. Estas son, en resumen, algunas de las medidas que integran el paquete legislativo:
- Se congelan por hasta 180 días las tarifas de los servicios públicos, hasta definir otro esquema tarifario.
- Se suspende la fórmula de ajuste para jubilaciones y pensiones, así como las relativas a los planes sociales por otros 180 días, hasta que se acuerde un nuevo esquema.
- Se elevan las retenciones (impuestos) a la soja (principal producto de exportación argentina), del 30 al 33%, así como las relativas al trigo y al maíz.
- Se mantiene la restricción para la compra de dólares, hasta un máximo de 200 dólares al mes por persona, pero se le añade un impuesto del 30%.
- Autoriza al gobierno a establecer aumentos salariales por decreto en el sector privado.
- Se establece una moratoria impositiva para las pymes.
- Se autoriza al gobierno al pago de la deuda con reservas del Banco Central
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que todas estas medidas “buscan proteger a los más vulnerables, están orientadas a estabilizar la inflación y buscan que la Argentina se recupere”. Pero hay serias dudas respecto a su financiación, a pesar de que el gobierno asegura que se busca la consistencia fiscal.
